El planteo del Gobierno tiene que ver con la intención de amedrentar a los ambientalistas para que abandonen el lugar por su cuenta, sin la necesidad de recurrir a la represión, lo que generaría un considerable costo político para la gestión kirchnerista.
En Gualeguaychú, fue rápida la respuesta de los asambleístas que consideraron, entre otros puntos, que la determinación del Ejecutivo "no es justa" y es "extorsiva", y anticiparon que esta misma noche discutirán en una asamblea cuáles serán los próximos pasos a seguir.
Al grito de "causa nacional", en alusión irónica a la frase pronunciada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006 en el corsódromo local, y "Gualeguaychú no va a aflojar", los asambleístas ratificaron la continuidad de las medidas.
Uno de los integrantes de la asamblea Martín Alazard denunció que "está claro que han negociado el corte por el voto del UNASUR, el dragado del río, el tren binacional entre Concordia y Salto y otras cuestiones".
Después del fallo de la Justicia que se conoció anoche, en el que se instaba al Gobierno a cumplir con una sentencia previa para garantizar el libre tránsito en la ruta 136, la presidenta Cristina Fernández convocó al mediodía a una reunión en la Residencia de Olivos para definir la estrategia.
Allí, dialogó con Aníbal Fernández, Alak, y el titular de Gendarmería, Héctor Schenone, para discutir la postura oficial frente a la orden de desalojo y se decidió presentar un escrito ante la Justicia Federal de Concepción del Uruguay como "querellante" en la causa.
Aníbal Fernández señaló que el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, que por la mañana había estado en Olivos con la presidenta Cristina Fernández, presentó las denuncias penal y civil "con nombre y apellido contra aquellos que con su conducta han permitida por acción o por omisión la comisión de delitos", aunque no dio el listado.
Según precisó durante un informe ante la prensa, la denuncia penal es por la violación de los siguientes artículos del Código en la materia: entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito.
La presentación incluye también atentado al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentado al orden constitucional y la vida democrática, sedición, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento.
En tanto, la denuncia civil es porque esas personas "generaron el cierre de centenares de negocios, perdida del trabajo del transporte, del turismo y de exportaciones e importaciones, de obstrucciones que impactaron en los pueblos aledaños, de imposibilidad de movimientos de productos argentinos colocados en el Uruguay y de la compra de productos uruguayos que necesitan los argentinos".
En caso de prosperar la querella podrá pedir la investigación a cada uno de los asambleistas, en el caso que no depongan su actitud.
El jefe de ministros insistió esta noche en que para el Gobierno nacional el conflicto con Uruguay "terminó cuando se dictaminó el fallo" de La Haya en abril pasado y advirtió a los asambleístas que han llevado adelante "actitudes radicalizadas".
