La causa fue sorteada esta mañana e ingresó en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de ese departamento judicial, integrado por los jueces Mario Kohan -el ex fiscal que detuvo a Horacio Conzi por el crimen de Marcos Schenone-, Raúl Neu y Ariel Introzzi Truglia.
Voceros judiciales indicaron a Télam que el debate podría comenzar a fines de abril y principio de mayo, con lo que el caso, ocurrido el 17 de febrero, quedaría esclarecido y con sentencia en sólo tres meses.
Los imputados son Néstor Luque y Débora Acuña, ambos de 29 años y concubinos, quienes fueron detenidos el 18 de febrero en su casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá.
El fiscal Diego Callegari, quien encabezó el grupo de fiscales de San Isidro que investigó el hecho, los imputó por homicidio doblemente calificado por "criminis causa" -matar para lograr la impunidad-, y por tratarse la víctima de un miembro de una fuerza de seguridad.
De ser hallada culpable del delito que le imputan la pareja será condenada a prisión perpetua.
Garrido (61) fue asesinado cuando quiso evitar un asalto al local de venta de ropa masculina "Kevingston", situado en Chacabuco 361, a la vuelta de los tribunales de San Isidro.
El subteniente de la policía que hacía 30 años vigilaba la zona comercial de San Isidro fue recibido dentro del local por una pareja de delincuentes que lo mató de dos balazos.
Según la investigación, Garrido fue herido primero de un tiro efectuado por el ladrón varón, mientras que la mujer luego le sacó la pistola reglamentaria y lo remató con el arma.
Por el caso, el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, decidió armar un equipo de fiscales encabezados por Callegari que junto a la policía esclareció el hecho en horas.
Los imputados Luque y Acuña fueron detenidos al día siguiente de la ejecución de Garrido y en su casa de Pablo Podestá se hallaron las dos armas utilizadas para cometer el ataque, entre ellas la del propio policía.
Los pesquisas determinaron que el hombre había salido de prisión el 2 de febrero, es decir 15 días antes del crimen, tras ser excarcelado por un tribunal oral de San Martín en una causa por robo calificado.
Los investigadores dieron con los sindicados autores del homicidio porque cuando la Policía Científica llegó a la escena del crimen halló dos boletos de un colectivo que los autores del crimen habían tomado esa mañana desde Pablo Podestá a San Isidro y una foto de un llavero con el rostro de su hijo de cinco años.
Con el dato de que los delincuentes podrían vivir en Pablo Podestá, personal de la DDI de San Isidro recorrió jardines de infantes de la zona, donde pedían ver fotografías de los alumnos.
En uno de los establecimientos se encontró una foto grupal de un acto de fin de año en la que aparecía el niño y las autoridades dieron a la Policía el nombre y el domicilio del alumno.
Al entrar a la casa, los policías se encontraron con varios bolsos que daban indicios de que la pareja estaba a punto de escapar.
"Las armas están escondidas en el baño", les dijo Luque a los policías apenas los vio y allí secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 32 que, tras los peritajes, se comprobó que eran el arma reglamentaria robada de Garrido y otra usada en el asalto.
La mujer imputada, Acuña, está embarazada y su defensa estudia plantear un pedido para que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, como lo permite una reciente ley.
El crimen de Garrido conmocionó a los comerciantes y vecinos de San Isidro que organizaron una serie de misas, actos y homenajes en honor al policía que fue ascendido al grado de capitán post mortem.
Incluso, los vecinos, a través de un sitio creado en Facebook, están juntando llaves en desuso para realizar un busto de bronce a Garrido que será colocado frente al local comercial donde fue asesinado.
El TOC 5 de San Isidro es el mismo que el 21 de noviembre último condenó a prisión perpetua a un imputado, José Alejandro Avalos (35), por un caso similar.
Se trató del crimen de Luis Barrientos, ocurrido el 28 de enero de 2008 en Vicente López, quien fue el primer policía asesinado de la gestión del ministro de Seguridad Carlos Stornelli y donde la propia policía actuó, por primera vez en su historia, como particular damnificada en la causa
