Lesbegueris solicitó informes a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para saber si el establecimiento había presentado la Declaración Jurada Anual que según la resolución 678/99 "obliga a los colegios a informar anualmente" a la autoridad de aplicación: importe de matrícula, valor del arancel con discriminación de conceptos, montos y criterios de recargos por mora, entre otros puntos.
La Secretaría de Comercio Interior en tanto, informó a la Defensoría del Pueblo, el 12 de abril pasado, que el establecimiento en cuestión "no dio cumplimiento con lo normado en la Resolución N 678/99, razón por la cual se inició el proceso de imputación en el marco de la Ley 24.240".
Según el artículo 47 de la citada norma los infractores pueden recibir apercibimientos, multas de entre 500 a 500.000 pesos "hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción", decomiso de mercaderías, clausura del establecimiento, etc.
El comunicado de la Defensoría del Pueblo porteña agrega que "en opinión de la Defensoría del Pueblo, al haber incumplido con su obligación de informar a la administración los valores de los aranceles mensuales, el colegio no puede incrementarlos, por lo que la situación debería retrotraerse a los importes abonados durante el ciclo lectivo 2006". (Télam).-
