Asimismo, ocurre en el contexto de un antiguo diferendo por la soberanía de un área marítima aledaña a ese paso fronterizo, que, a raíz de una presentación peruana, se ventila en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
El comunicado de la cancillería afirma que “el día 23 de febrero, personal técnico peruano desplazado a la zona pudo constatar la presencia de efectivos chilenos en un área de territorio peruano, entre el Hito Nro. 1 y la orilla del mar, realizando labores de señalización del curso del deslizamiento que alcanzó territorio del Perú”.
“En esas circunstancias, y tratándose de un ingreso no autorizado de personal militar extranjero, el gobierno del Perú ha entregado una nota de protesta al gobierno de Chile el día 24 de febrero”, añade.
El texto subraya que en dicha nota de protesta “se deja claramente señalado que las labores realizadas por efectivos chilenos no prejuzgan ni afectan la soberanía y jurisdicción del Perú ni el límite establecido en virtud del Tratado de 1929 y los trabajos de la Comisión Mixta de límites en 1929 y 1930”.
La cancillería aclaró que se “ha verificado en el terreno que, a la fecha, no existe presencia de personal chileno en el área”, y ratificó “su disposición para cooperar con Chile en las tareas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de la población potencialmente afectada por la presencia de minas en la zona fronteriza”.
Advirtió, sin embargo, que ello debe suceder “en el marco del pleno respeto de la soberanía de cada país y la intangibilidad del límite establecido por el Tratado de 1929”.
El antecedente inmediato de este episodio ocurrió el lunes 20, cuando el desborde del río Seco, en la quebrada de Escritos, provocó el desplazamiento de minas que estaban enterradas en la zona chilena Arica-Parinacota, a sólo 800 metros del complejo fronterizo Chacalluta, lo que obligó a las autoridades de Chile a cerrar el paso que comunica a Arica con Tacna.
Según el diario estatal chileno La Nación, se calcula que hay unas 145 minas en Arica-Parinacota.
La Convención de Ottawa estimó que hay en Chile unas 189.000 minas antipersonales en seis áreas fronterizas, que fueron colocadas en la década de los 70, y en diciembre pasado prorrogó hasta 2020 el plazo que dio a ese país para completar la eliminación de esas armas.
Aun cuando se mantuvo operativo el complejo Santa Rosa, en el lado peruano, el tránsito de pasajeros quedó interrumpido y cientos de ellos quedaron varados a ambos lados del paso fronterizo.
El canciller peruano, Rafael Roncagliolo, afirmó hoy que su gobierno “ha dado claras y reiteradas muestras de su buena voluntad para atender de manera cooperativa” con las autoridades chilenas “los efectos de este fenómeno natural, con el objetivo principal de salvaguardar la seguridad de la población sin distingo de nacionalidades”.
En ese sentido, destacó que “el Ministerio de Defensa del Perú dispuso la puesta en marcha de un puente aéreo que permitió movilizar a ciudadanos peruanos y chilenos entre las ciudades de Tacna y Arica”.
Mientras tanto, los gobiernos de Perú y Chile están a la espera del comienzo de la etapa oral del proceso en la Corte de La Haya.
Los presidentes Ollanta Humala y Sebastián Piñera, así como los cancilleres Roncagliolo y Alfredo Moreno, han manifestado reiteradamente en los últimos meses la decisión de acatar lo que disponga el tribunal.
Incluso, Roncagliolo y Moreno se reunieron en septiembre pasado en Valparaíso con el objeto de “profundizar en todo lo que tienen Chile y Perú en común hacia el futuro”, según informó entonces el canciller chileno.
Hoy mismo, mientras la cancillería peruana divulgaba el comunicado denunciando la incursión chilena, delegados de ambos países, junto a colombianos y mexicanos, participaban en Lima de una reunión técnica de la Alianza del Pacífico que resolvió suprimir la necesidad de visas para viajes de negocios entre los países miembros. (Télam)
