El proyecto de Policía Judicial viene a subsanar un mandato constitucional incumplido desde la reforma de 1994 en la provincia.
Desde entonces se presentaron varios proyectos de ley que nunca prosperaron, pero ahora la nueva propuesta cuenta con el aval de organizaciones de derechos humanos y de la Comisión por la Memoria.
La nueva fuerza tendrá un jefe operativo y presencia en todas las departamentales judiciales, dependerá de la Procuración General de la Suprema Corte e intervendrá en delitos complejos donde se requiera el trabajo de especialistas en criminología, forenses, peritos balísticos e investigadores capacitados, entre otros profesionales.
En tanto la Policía de Prevención Municipal será una fuerza de exclusiva competencia local, con un diseño de prevención por proximidad, que se integrará con las patrullas municipales y que estará bajo las órdenes de los jefes distritales, pero la planificación de las tareas serán responsabilidad de los intendentes.
Esa fuerza, que se asemeja a la vigente policía comunal, actuará en espectáculos públicos, prevención del delito, tránsito, conflictos vecinales o comunales y estará compuesta, en mayor medida, por personal municipal que hoy se desempeña como guardia urbana o integra las denominadas patrullas municipales.
