La decisión se tomó en una causa abierta contra quienes debían custodiar al detenido, muerto el 20 de diciembre de 2007 por envenenamiento con cianuro, en un hecho aún no esclarecido y bajo investigación en la justicia federal de San Isidro.
Con esta decisión la sala II del tribunal de apelaciones de San Martín dejo en condiciones de ser enviados a juicio oral a los dos ex altos jefes de Prefectura y a sus subordinados Roberto Cherey, Víctor Sosa, Rodrigo Olazábal, Luis María Morel y José Luis López.
Fernández quedó con procesamiento firme por abuso de autoridad mientras que Iglesias será enviado a juicio por este delito más "malversación de caudales públicos y falsedad ideológica".
Febres estaba detenido en esa dependencia y era sometido a juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura, un proceso que se desarrollaba en los tribunales federales de Retiro.
La muerte ocurrió la víspera del día programado para que diera sus últimas palabras ante el tribunal oral federal 5 que lo juzgaba, de manera previa al veredicto.
El represor apareció muerto en su lugar de alojamiento y pericias posteriores establecieron que había ingerido cianuro De acuerdo a lo comprobado en la investigación paralela abierta a raíz de lo ocurrido, los camaristas dieron por comprobado que Febres "tenía una amplia libertad ambulatoria en su lugar de detención, poseyendo las llaves de su camarote, que abría y cerraba a discreción, cuando las circunstancias lo requerían, ya fuera para recibir un periódico o las visitas que concurrían a verlo", consignó el fallo.
Los jueces se basaron en "plurales y concordantes testimonios" en la causa, que incluyeron el mozo de un bar que llevaba al detenido pedidos hechos bajo el sistema "delivery".
"Hacía uso sin restricción alguna de los teléfonos de línea instalados en su camarote, de un aparato de telefonía celular y de una computadora con conexión a internet", enumeró el fallo.
Además se dio por probado, por ejemplo, que un prefecto hacía las veces de chofer de la familia de Febres cuando iba a visitarlo a Prefectura Delta o necesitaba realizar trámites bancarios.
Los jueces esgrimieron que "no cabe duda que estas circunstancias han colisionado con el régimen que primariamente debía cumplirse sobre el particular en ámbitos de la Prefectura Naval Argentina".
El fallo fue firmado por los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga.
En la causa principal, la juez federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado aguarda el resultado de una pericia hecha a una computadora que usaba Febres en la cárcel, para determinar con quien se comunicó via internet antes de su muerte.
