"Se trata de una organización dedicada a captar personas de bajos recursos económicos e intelectuales, bajo promesa de entregarles una suma de dinero, sometían a estas personas a lesiones y fracturas expuestas fingiendo posteriormente accidentes de tránsito para demandar a las compañías de seguros", explicó Paggi.
La investigación del accionar de esta banda se inició luego que un juzgado civil de San Isidro sospechara de una demanda interpuesta por el letrado patrocinante de una mujer que decía haber sido víctima de un accidente de tránsito, exigiendo un resarcimiento económico a una compañía de seguros internacional.
De inmediato se dio intervención a la unidad Fiscal de Instrucción de Delitos Económicos del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de Virginia Tosso, quien dio intervención a la DDI San Isidro, cuyo titular es Marcelo Peña.
Este jefe policial dijo en conferencia de prensa junto a Paggi en el ministerio de Seguridad bonaerense que en el marco de esta pesquisa "se analizan doscientos expedientes" sobre lesiones en accidentes que presentan características sospechosas.
Peña que un miembro de la organización se dedicaba a reclutar personas de bajos recursos económicos e intelectuales bajo promesa de pagarle unos 3.000 pesos y la entregaba a quienes se encargaban de provocarle serias lesiones.
A la víctima "la llevaban a un recinto, la agarraban entre dos o tres personas y tras darle una inyección para que sufriera menos dolor, le efectuaban golpes en la pierna con un hierro hasta fracturársela".
"A partir de ahí llevaban a la víctima a un lugar y con un remisero, ya preparado, armaban la escena, el teatro, y los vecinos lo único que veían eran el griterío y las frenadas", explicó Peña.
Una vez simulado el accidente, con complicidad del automovilista que, previo pago, facilitaba el seguro, se iniciaba la demanda.
"La organización contaba con peritos que asesoraban a las víctimas", acotó Peña y quien reveló que en las demandas exigían un mínimo de 700.000 pesos por supuestas lesiones en accidente.
Esta madrugada se concretaron cinco allanamientos en domicilios de Moreno, San Miguel, Ituzaingó, Morón y en un edificio de Capital Federal, donde detuvieron al abogado, a Herrera y a Meza.
