En cuanto a la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo de una presunta obstrucción a la Justicia, el letrado recalcó que "la señora de Noble tiene derechos constitucionales a los que está ejerciendo en el derecho a la defensa".
"De ninguna manera ese derecho constituye obstruir la acción de la Justicia, solamente está ejerciendo el derecho en una causa penal de defenderse. Entre esos derechos la señora de Noble, con mi asesoramiento, ha ejercido dos manifestaciones", indicó.
Explicó que una de las presentaciones objetó el Banco Nacional de Datos Genéticos como centro para hacer los análisis de ADN porque "la señora de Noble tiene derecho y sostiene su sospecha respecto de la manipulación a la que pudo haber sido sometida la muestra sobre las cuales esta pericia ordenada por la jueza debe confrontarse".
También dijo que la recusación de la jueza que lleva la causa, Sandra Arroyo Salgado, "se basa" en que la magistrada, en septiembre del año pasado, al revisar la situación procesal del anteúltimo juez de la causa, Roberto Marquevich, "calificó el accionar de la señora de Noble como el accionar de quien comete un homicidio".
"Desde el viernes pasado que hemos presentado estos escritos (al juzgado) hasta ahora no hemos tenido repuesta de parte de la jueza, de manera que mal se nos puede acusar de que por culpa de la presentación de estos escritos se ha atrasado o demorado algo", manifestó.
Por último Cavallo recordó que "fui uno de los camaristas que firmó" fallos que disponían "métodos no lesivos" de obtención de muestras para la detección del ADN, tales como "secuestrando los cepillos de dientes" porque, subrayó, "éste es un tema gravísimo que afecta la siquis de la gente que lamentablemente se ve involucrada".
Y juzgó que en el caso de Marcela y Felipe Herrera Noble "no había ninguna necesidad de hacer esto de la manera que se hizo", mediante el allanamiento a la casa pues, sostuvo, "la jueza podría haber ordenado la requisa en su despacho estando los chicos ahí".
