Ese lugar debía funcionar como un centro de transferencia de TBA, pero terminó siendo una descuidada playa de estacionamiento de colectivos de línea, con obras que "se realizaban sin permiso en la vía pública y con usurpación del espacio público, generando un peligro potencial para los ciudadanos que circulan por sus aceras, moradores y transeúntes".
"Más allá del incumplimiento contractual por parte de la empresa, se deberá intimar a los responsables de dicha firma (TBA) para que remitan toda la documentación que refleje bajo qué instrumento y a qué empresas cedieron el uso y usufructo del predio", expresa el dictamen.
El lugar estaba previsto para funcionar como el futuro "Centro de Trasbordo Liniers", y TBA debía "realizar todas las acciones tendientes a preservarlo de aquellos actos que puedan menoscabar su valor económico sin autorización de uso y a poner toda la diligencia que fuese necesaria para la guarda, custodia y mantenimiento del inmueble".
Sin embargo, el deterioro del lugar se hizo ostensible ante la presunta pasividad de los funcionarios del ONABE, que "no fiscalizaron el estado durante la vigencia del contrato con una empresa privada que no poseía permiso para utilizarlo".
Como consecuencia de ello, el fiscal detectó un "estado calamitoso… con falta de higiene generalizada y la existencia de varias obras en ejecución sin permiso estatal", ya que fue destinado a un uso distinto del previsto: "era utilizado como playa de estacionamiento para numerosos colectivos de línea, lo cual no estaba permitido".
Delgado pidió a la jueza federal María Servini de Cubría, entre otras, la indagatoria de Alberto Miguel Van Isseldyck, subgerente de Delegaciones del ONABE.
