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02/10/2008 - 0:00 | Información General /

Resumen de Noticias Nacionales

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Resumen con las principales noticias nacionales publicadas en los matutinos de hoy, jueves 2 de Octubre de 2008.


INFORME DEL JEFE DE GABINETE: UN FINAL CON POLÉMICA Y MUCHAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
Patético final tuvo el primer informe al Congreso del jefe de Gabinete, Sergio Massa, aquel chico que a los 11 años abrió los ojos al alumbrar de la democracia en 1983, como él mismo recordó. Ayer se notó su juventud en tan alto cargo político.
Descubrió en el recinto de Diputados --una de cuyas bancas no quiso ocupar hace tres años para seguir al frente de la ANSeS-- cuán fácil se encienden los ánimos. Responsabilidad directa del jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, cuyo innecesario discurso sacudió las fibras de la bancada radical y en particular de su presidente, Oscar Aguad.
Extraña manera de celebrar lo que minutos después se iba a celebrar con el descubrimiento del busto de Raúl Alfonsín en la Casa Rosada, donde Aguad y Rossi volverían a encontrarse.
"Lo único que federalizó Alfonsín fue la hiperinflación y los saqueos en Rosario", había dicho Rossi como si los extraños saqueos no hubieran sido el preámbulo de la entrada anticipada al gobierno de Carlos Menem. "Lo único que federalizó Menem fue la pobreza y la desocupación", prosiguió como si no se tratara de un gobierno de naturaleza peronista. "Lo único que federalizó De la Rúa fue el caos y la muerte", siguió como si los radicales no hubieran hecho autocrítica alguna, que en Diputados es muy frecuente, en especial por el propio Aguad.
La estrategia defensiva del alto funcionario que hasta la intervención de Rossi no había contestado nada sustancial parecía concluir que era mejor patear el tablero que perder la partida. Eso fue lo que hizo Rossi, quien hasta ayer al menos vino manteniendo un perfil alejado de los estilos que suele practicar Néstor Kirchner cuando está enojado.
Saltaron de sus butacas los radicales y los cruces de gritos derrumbaron toda ilusión acerca de la nueva metodología de los informes. "Olvidó al gobierno que federalizó la Triple A", vociferó Aguad, un directo a la quijada de Rossi.
Los opositores que se quedaron --macristas, cívicos, socialistas, los siístas de Eduardo Macaluse, los saaístas puntanos y bloques unipersonales-- aguardaron la respuesta final en el último turno que le correspondía a Massa. Pero lo que buscaban --una contestación concreta a cada planteo-- nunca llegó. Massa se perdió en un mar de generalidades y hasta incurrió en un dislate político al pretender que los diputados fueran al INDEC en lugar de que Guillermo Moreno fuera a Diputados como había reclamado la diputada prooficialista Vilma Ibarra (bloque Encuentro).
La noche anterior, en un asado compartido por los diputados kirchneristas y Massa en la sede del PJ, se había acordado defender al inexperto funcionario. Aplausos innecesarios en los primeros párrafos de la intervención de Massa dieron señal de esa intención.
Massa arrancó bien aunque excediéndose de la media hora acordada para dar una visión general de los asuntos en cuestión divididas en los tres títulos que pretendieron resumir el informe (inflación, delitos informáticos y política financiera y comercial). El presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, no le cortó su intervención como luego sí haría con sus colegas legisladores.
Casi cinco horas de la tenida dejaron como conclusión que el jefe de Gabinete debe contestar pregunta por pregunta. También que diputados como Rossi no deben desmoronar lo que ayudaron a construir. Noble fue pedir perdón públicamente después, pero el epitafio de la sesión ya estaba escrito.
CLARÍN, PÁGINA 7 / LA NACIÓN, PÁGINA 7 / ÁMBITO FINANCIERO, PÁGINA 13 y 18 / CRÍTICA, PÁGINA 5 / PÁGINA 12, PÁGINA 11 /

MASSA DEFENDIÓ AL INDEC Y PROPUSO QUE LA OPOSICIÓN VEA CÓMO TRABAJA
Quiero aclarar que el INDEC no depende de la Secretaría de Comercio Interior". Con esta frase, Sergio Massa defendió al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y lo separó del polémico Guillermo Moreno, titular de esa secretaría, en su primer informe ante la Cámara de Diputados, donde la mayoría de las preguntas de los legisladores giraron en torno a la inflación y las mediciones oficiales. Al asumir, Massa había puesto en duda la confiabilidad del organismo.
"El Gobierno tiene la misma vocación y la misma voluntad que tienen algunos legisladores de que la sociedad tenga la máxima sensación de transparencia en los índices oficiales", aseguró el Jefe de Gabinete al exponer en el recinto de la Cámara Baja.
Para confirmar esta voluntad, anunció allí, ante los diputados que reclamaban respuestas sobre las mediciones de la inflación, que en los próximos días las autoridades y los técnicos del INDEC se reunirán con representantes de la CGT, la CTA, la UIA, las asociaciones que nuclean a los bancos (ABA, Adeba y Abappra), la Cámara de Comercio y la CAME.
Poco después, en una charla con la prensa, confirmó que antes de que esos encuentros se produzcan, el Gobierno difundirá la metodología de elaboración del actual IPC, que desde que se estrenó, en abril, no había sido dada a conocer.
"Es un buen momento para hacerlo", consideró el Jefe de Gabinete, aunque no aclaró el porqué. Pero precisó que "la idea es realizar entre dos y tres reuniones por semana con estas entidades empresariales y sociales, y que cada uno saque sus propias conclusiones".
A raíz de un pedido que hizo en la sesión la diputada Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social), Massa se comprometió a que las autoridades y los técnicos del INDEC se reúnan también con los legisladores, en el ámbito de las distintas comisiones legislativas. "Me parece que no se debe hacer de estas cuestiones un circo, sino un debate profundo sobre un tema importante y serio", aseguró.
Sin embargo, esto no calmó los ánimos de algunos legisladores que reclamaron que el Gobierno modifique su política de medición de la inflación. "Hay tres cosas que deben ser públicas: las fuentes, la norma y la metodología, y eso hoy no se respeta. En cambio, se difunden los lugares y los productos que se relevan, lo que da lugar a que el secretario Guillermo Moreno presione a los comerciantes", dijo el diputado Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad/ARI.
CLARÍN, PÁGINA 6 / LA NACIÓN, PÁGINA 7 / ÁMBITO FINANCIERO, PÁGINAS 12 y 13 / CRÍTICA, PÁGINA 5 / PÁGINA 12, PÁGINAS 10 y 11 / BAE, PÁGINA 10 / EL CRONISTA, PÁGINA 10 /

MOVILIDAD JUBILATORIA: EL SENADO VOTÓ LA LEY
Esta vez al oficialismo en el Senado le sobraron votos y logró hacer aprobar, ayer, la polémica ley de movilidad jubilatoria: desde ahora habrá aumento automático en los haberes dos veces por año (marzo y septiembre), de acuerdo con una compleja fórmula diseñada en la ANSeS que fue calificada de "trampa legal" por los opositores.
La ley tuvo amplia mayoría en la votación general (45 a 22), en la que el oficialismo sumó a los representantes del ARI fueguino -María Rosa Díaz y José Martínez- y a la radical K correntina Dora Sánchez. Pero el centro de los cuestionamientos fue el artículo 6 -que remite a la fórmula de cálculo-, en el que se achicó el margen y el resultado fue 39 a 28: allí el PJ perdió los votos del ARI, de los santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre, la chaqueña Elena Corregido y Sánchez.
Hubo cinco senadores ausentes, cuatro de los cuales estaban en contra (Carlos Menem, Sonia Escudero, Chiche Duhalde, Pablo Verani y el oficialista Guillermo Jenefes). Su aporte, sin embargo, no hubiera revertido el resultado.
Así, el oficialismo convirtió en victoria parlamentaria lo que la semana pasada había sido una derrota, cuando la oposición se negó a habilitar la sesión con los dos tercios. Aquel episodio, que irritó al oficialismo, tuvo ayer su correlato: a las 17.30 el radical Gerardo Morales pidió un cuarto intermedio para concurrir junto a su bancada al homenaje a Raúl Alfonsín en la Casa Rosada, pero el jefe kirchnerista Miguel Pichetto se negó. Como siguió la sesión, los radicales no pudieron ir a saludar al ex presidente. Tampoco Julio Cobos, quien había adelantado su presencia en la Rosada pero decidió quedarse en el recinto.
La sesión fue tranquila aunque con palabras duras de uno y otro lado, y con el ruido de fondo de las bombas de estruendo de la movilización opositora en las puertas del Congreso. En un momento cundió la alarma entre los empleados de seguridad. Pero nada sucedió.
El kirchnerista tucumano Julio Miranda había anunciado que el proyecto "garantiza la movilidad con responsabilidad" -porque los aumentos tienen el límite de la recaudación tributaria- y al final de la tarde el correntino Fabián Ríos reconoció que "no sé si algún día podemos volver a tener el 82% móvil... no le quiero mentir a nadie. Empezando por mi mamá, a nadie."
Pichetto, a su vez, aseguró que el aumento en marzo será cercano al 12%. Por una razón práctica. "Si fuera menos -señaló-, no pasaríamos el test electoral, la gente nos va a liquidar en las urnas". Será, dijo, "la prueba de la realidad".
"¡Será la prueba del ácido!", dictaminó Adolfo Rodríguez Saá, uno de los que votó en contra. Entre los opositores, María Eugenia Estenssoro -quien pasó toda la sesión con un cartelito sobre su banca donde se leía la compleja fórmula- aseveró que "esto no es movilidad, no es justicia social" porque los aumentos serán siempre menores al índice de salarios. Rubén Giustiniani (PS) definió la ley como "tramposa, mezquina y anticonstitucional". Y Morales alertó que habrá muchas demandas porque la polémica fórmula se aplicará también para definir el haber inicial de quienes quieran jubilarse, tirando para abajo el promedio de los diez últimos años de trabajo. "Se está resolviendo de la peor manera un tema que irá a parar a la Justicia", dijo.
Entre los oficialistas se mencionó varias veces el descuento del 13 por ciento a las jubilaciones que decretó el gobierno de la Alianza en 2001 ("en el manejo de la política previsional argentina algunos no llegaron al asco", dijo el kirchnerista Nicolás Fernández).
En tanto, fuera del recinto y mientras seguía el debate, el titular de la ANSeS, Amado Boudou, pronosticó ante las cámaras de TV que el aumento de haberes de 2009 (de marzo y septiembre) sumará como mínimo un 11%. Un rato antes, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, había redoblado la apuesta: "Si no da 18% de suba, que me pidan la renuncia", dijo en la otra Cámara.


DIPUTADOS Y SENADORES OPOSITORES ANUNCIAN QUE PRESENTARÁN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Un grupo de diputados y senadores de la oposición anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ley de movilidad. En una conferencia de prensa en la que acompañaron a dirigentes de jubilados, el diputado de la CTA Claudio Lozano, la del SI María América González y el senador socialista Rubén Giustiniani volvieron a cuestionar la fórmula por la que optó el gobierno nacional para ajustar los haberes jubilatorios.
“Esta ley no garantiza la movilidad, sino que garantiza los cepos necesarios sobre el aumento de los haberes para que la Anses tenga excedente y sirva para ser caja de las necesidades del Tesoro, para pagar la deuda externa”, denunció Lozano, quien advirtió que “en el Presupuesto 2009, casi 8 de cada 10 pesos del superávit los provee la Anses”. Afuera, hubo choques entre manifestantes y policías.
La conferencia de prensa la convocó el Foro de Previsión, que integran diversas organizaciones de jubilado, junto con los defensores del Pueblo nacional y porteño. Lozano anunció que “vamos a avanzar con una acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial, si la ley se aprueba de este manera”, cosa que finalmente ocurrió más tarde en el Senado. “Esto no es una ley de movilidad, porque no recompone el nivel de los haberes, porque la fórmula de actualización establece una ruptura entre la evolución salarial y la de los haberes, al subordinarlo a la recaudación”, explicó el economista de la CTA. Y agregó que “de manera casi clandestina, la ley modifica el haber inicial, en donde no se actualiza por los últimos diez años de salario, sino por la fórmula. Abre la posibilidad de que los haberes se retrasen aún más”.
La querella la promoverán, en realidad, las organizaciones de jubilados que se consideran afectados por la medida. Sus diez representantes no pudieron estar en la conferencia, porque se les impidió la entrada al Senado. Esa decisión llevó a que hicieran una sentada en la puerta de la Cámara alta y protagonizaran luego a algunas escaramuzas menores.

HUBO GOLPES Y EMPUJONES EN LA PUERTA DEL CONGRESO
Diferentes agrupaciones de izquierda, gremiales y cientos de jubilados se reunieron ayer pasado el mediodía para repudiar la votación de la movilidad jubilatoria frente a las puertas del Congreso. Allí hubo críticas, insultos y hasta un breve pero violento enfrentamiento con la Policía.
A partir de las 13, militantes del MST, PST y Polo Obrero, entre otros, se unieron junto a otros de la Central de Trabajadores Argentinos y la Asociación de Trabajadores del Estado para repudiar juntos mediante discursos que hicieron sobre un camión que utilizaron como escenario.
Junto con ellos, cientos de jubilados que habían pedido entrar a las 9 de la mañana al recinto, se agolparon frente a las puertas del Congreso y sumaron sus críticas. A las 15.30, el ambiente se empezó a tensar cuando aumentó la presencia policial debido a la cantidad de manifestantes que llegaban por avenida Rivadavia y bajaban por Entre Ríos desde avenida Belgrano.
Fue a las 16 cuando un grupo de militantes de izquierda intentó ingresar al recinto sin permiso, el momento en el que se generaron los enfrentamientos. Los policías que se encontraban vigilando las puertas laterales se replegaron y sacaron a los militantes. Mientras uno de los muchos oradores que tuvo la tarde hablaba, la multitud advirtió lo que pasaba y comenzaron las corridas, insultos y golpes.
La Policía se apostó junto a la puerta, mientras hombres de seguridad de traje se unían para bloquear la entrada. Escupitajos, insultos, pedazos de madera y basura llovieron sobre las fuerzas de seguridad que se mantuvieron en el lugar durante cinco minutos.
La cantidad de gente se desbordó y los bastonazos comenzaron a dar sobre los que habían quedado más expuestos. Allí, una mujer recibió golpes de bastón y otra se desvaneció a causa del amontonamiento de gente. Nina Peloso, esposa del piquetero rebelde Raúl Castells, fue una de las mujeres que corrió hacia las barreras que habían sido colocadas temprano para evitar la violencia y que habían quedado tiradas en el piso. "Yo quedé acorralada, pensé que me pegaban", dijo la ex diputada por Izquierda Unida, Vilma Ripoll minutos después, quien también acompañó toda la manifestación y calificó de "vergonzosa" la ley jubilatoria.
Las corridas terminaron, pero el clima se mantuvo tenso hasta que la manifestación terminó pasadas las 18. Sólo los militantes del Polo Obrero, liderados por Néstor Pitrola, se quedaron para realizar luego su propio acto sobre Rivadavia.

ALFONSÍN: "LA POLÍTICA NO ES SÓLO CONFLICTO, TAMBIÉN ES CONSTRUCCIÓN"
A diecinueve años del final de su gobierno y a 25 años de la recuperación democrática, el grito de "¡Alfonsín, Alfonsín!", expresión de la pasión política de los años ochenta que el viejo líder radical supo encarnar como pocos, volvió a retumbar ayer en la Casa Rosada durante el emotivo homenaje que le realizó el gobierno de Cristina Kirchner con el emplazamiento de su busto en la galería que recuerda a los ex presidentes.
Alfonsín, de 81 años, llegó unos minutos antes de las seis de la tarde a la Casa de Gobierno y, pese a su salud delicada, caminó con dificultad con su bastón hasta el ascensor que lo llevó al primer piso, al despacho del jefe de Gabinete, Sergio Massa. Allí lo recibieron Cristina y Néstor Kirchner y los ministros del Gabinete. Todos quisieron sacarse una foto de recuerdo con el ex presidente.
El Salón de los Bustos estaba atiborrado cuando Cristina y Alfonsín se ubicaron en sus sillones, con una guardia de Granaderos y la Bandera detrás. Tras cantarse el Himno, Cristina y el ex vicepresidente de Alfonsín, Víctor Martínez, descorrieron el lienzo sujeto con una cinta celeste y blanca y el busto de mármol del ex presidente, obra del escultor Orio Dal Porto, quedó por primera vez a la vista de todos.
Alfonsín, cuya figura se ubica ya por encima de las disputas políticas, leyó su discurso con voz pausada durante veinte minutos. Cristina lo miró todo el tiempo y asentía como quien escucha al viejo sabio de la tribu.
Alfonsín arrancó los primeros aplausos cuando sostuvo que no interpretaba un homenaje a su persona, que no hubiera aceptado, sino "a la democracia que logramos todos los argentinos".
Afirmó que los líderes políticos deben "plantear ideas y proyectos" evitando "el personalismo", pidió a los jóvenes que "sigan a ideas, no a hombres". Alfonsín dijo que en la galería había aún más presidentes de facto que elegidos por el pueblo. "Esto es lo que notablemente ha cambiado a partir de 1983; no hubo ni habrá aquí más presidentes de facto", y otra vez llegaron los aplausos.
Sobre la democracia, advirtió que "tenemos libertad pero nos falta la igualdad" y abogó por superar "la dramática fractura social". Sostuvo que "los argentinos hemos vivido demasiado tiempo discutiendo para atrás"; instó a dejar "el canibalismo político" y subrayó: "La política implica diferencias, adversarios, esto es cierto. Pero la política no es sólo conflicto, también es construcción".
Cristina definió a Alfonsín como "el símbolo del retorno de la democracia", aseguró que a quienes lo merecen, "los homenajes hay que dárselos en vida" y destacó la pasión con que el ex presidente "abrazó la causa de sus ideas".
Con tono afable, Cristina confesó que el 30 de octubre de 1983 "se me caían las lágrimas no porque usted había ganado sino porque habíamos perdido nosotros". Pero reconoció que el 10 de diciembre, cuando Alfonsín asumió, "les habló desde el Cabildo a todos los argentinos, y a mí también".
Recogiendo un tema sensible para Alfonsín, quien varias veces cuestionó la "falta de diálogo" del gobierno de Kirchner, Cristina destacó "la vocación de unión nacional" de Alfonsín que "nos obliga a todos a un gran esfuerzo en la construcción del diálogo". Hubo más de 500 invitados de Alfonsín y del Gobierno. El Salón de los Bustos quedó chico y mucha gente debió seguir el acto desde galerías y patios interiores.
El vice Julio Cobos finalmente no fue. Pero estuvo presente casi todo el Gabinete, varios gobernadores, los jueces de la Corte Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, legisladores y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En la variada conjunción se vio a Antonio Cafiero, el ex obispo Justo Laguna, Aníbal Ibarra, el fiscal del Juicio a las Juntas Julio Strassera y los ex camaristas León Arslanian y Guillermo Ledesma; el titular de la CGT, Hugo Moyano, y los radicales Federico Storani, Marcelo Stubrin, Jesús Rodríguez, Adalberto Rodríguez Giavarini y Florentina Gómez Miranda. Estuvieron también los seis hijos de Alfonsín y 22 de sus nietos. Antes de subirse al auto, Alfonsín se abrazó con su ex vocero y amigo, el periodista José Ignacio López. Luego dejó atrás la Casa Rosada.

AHORA EN EL CAMPO NO DESCARTAN HACER CORTES DE RUTA DURANTE EL PARO
La historia se repite. Todavía no comenzó el nuevo paro del campo --se extenderá entre mañana y el miércoles--, pero el fantasma de los cortes de rutas ya surgió en el horizonte. La posibilidad de que se produzcan cortes, aunque desalentada por la Comisión de Enlace, no es negada por dirigentes del sector. Decenas de piquetes de productores se están reorganizando rápidamente para controlar los caminos. Y grupos de camioneros avisaron que también interrumpirán el tránsito en caso de sufrir inconvenientes.
Cuando ayer le preguntaron a Eduardo Buzzi, el líder de la Federación Agraria, sobre este asunto, respondió que no se propiciaban los cortes de ruta como mecanismo para expresar el malestar del sector frente a la indiferencia oficial ante sus reclamos. Pero aclaró: "Lo que no está en nuestras manos es la reacción de la gente cuando haya una provocación."
El agro ya alista su principal fuerza de choque para los seis días de paro. La medida consiste en no vender granos ni hacienda hasta la medianoche del próximo miércoles, pero para asegurar su cumplimiento muchos piquetes de productores se instalarán en cruces clave para controlar el paso de camiones. Anoche ya estaban prestos varios en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. "Habrá más piquetes de los que esperábamos", confió Omar Barchetta, el secretario gremial de la FAA.
¿Y habrá provocación? Los ruralistas creen que el matrimonio Kirchner evitará hablar del asunto hasta el jueves 9, cuando la presidenta Cristina Kirchner participe del lanzamiento de un Programa para el Desarrollo Rural. Ese acto se haría en el conurbano, en el partido de Moreno, un lugar amigable para el oficialismo. Recién ahí el Gobierno aceptaría anunciar las medidas para socorrer a los productores afectados por la severa sequía.
El silencio de la pareja presidencial no implica que el kirchnerismo no haya iniciado ayer una campaña para desacreditar a los dirigentes rurales y para posicionar la protesta como una "pulseada política". Si hasta hablaron el dirigente Luis D'Elia y el diputado Carlos Kunkel, dos de los que en el conflicto anterior denostaron con más fuerza a los agropecuarios.
"Con esta medida no hacen más que lanzar el partido de las oligarquías rurales y a sus candidatos, los integrantes de la Mesa de Enlace, como protagonistas de las elecciones del año que viene", apuntó D'Elia. "Ahora parece que tenemos la culpa de que no llueva", disparó Kunkel.
Buzzi evitó este tipo de cruces. "Vamos a protestar, pero no jorobando a la sociedad que transita por las rutas, salvo que haya un escenario de provocación", dijo.
En igual sintonía, aseguró que este nuevo paro "no va a tener impacto en los consumidores, porque hay carnes para un mes". Su par de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, señaló que la protesta "no está pensada para que aumenten los precios en el mercado interno". La tensión se respira y el recuerdo fresco de los cuatro meses previos de conflicto no colabora. Tanto que Pablo Trapani, gerente de la Federación Cordobesa de Transporte de Cargas, avisó que también ellos podrían ser de la partida.
"Aquí una chispa enciende el fuego. Ya perdimos el año. Nos tuvieron 120 días sin trabajar y a ello se sumó la sequía", dijo Trapani, advirtiendo que también cruzarán sus vehículos sobre el asfalto en caso de que los detengan los piquetes chacareros. El miércoles, final previsto de la protesta, podría ser el día de mayores complicaciones. Habrá marchas en varias zonas y un acto central, que los ruralistas imaginan masivo, en San Pedro, a muy pocos metros de la estratégica autopista Buenos Aires-Rosario.

EL GOBIERNO CRITICÓ CON DUREZA AL AGRO
Como en los peores días del conflicto por las retenciones móviles, el Gobierno y diferentes referentes del kirchnerismo salieron ayer a cuestionar con dureza a los dirigentes ruralistas por la decisión de la mesa de enlace de retomar la protesta con un paro de seis días que comenzará a regir mañana.
Desde la Casa Rosada, el ministro del Interior, Aníbal Fernández dijo que el paro del campo "tiene un fuerte corte político".
En declaraciones al canal C5N Fernández expresó que "el secretario de Agricultura (Carlos Cheppi) hizo propuestas comunes a las agrupaciones y muchas veces fueron citados y no vinieron".
De todos modos, Fernández se mostró optimista y aseguró que todavía espera que la mesa de enlace "reflexione" sobre el paro que comenzará a regir mañana y durará seis días.
En tanto, uno de los máximos exponentes del kirchnerismo, el diputado Carlos Kunkel sostuvo que "ahora parece que tenemos la culpa de que no llueva, que le pidan a [el cardenal Jorge] Bergoglio que rece más fuerte y haga llover", afirmó el legislador a Radio Continental. Con esas palabras, el diputado asoció a los dos sectores de la sociedad que osaron enfrentar abiertamente a la administración Kirchner.
Dejando de lado momentáneamente la fuerte disputa que mantiene con Cheppi por las restricciones a las exportaciones de carne, el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, también se pronunció contra el campo. "Este sector [por el agro] no está dispuesto al diálogo, sino al enfrentamiento con agresividad y un desconocimiento técnico de la realidad", dijo.
A la vez, Echegaray, que acusó a los integrantes de la Comisión de Enlace de entorpecer las negociaciones con la nueva protesta añadió: "Están pegando un portazo al diálogo. Desde la Oncca nos reunimos sistemáticamente todos los meses con el sector", se quejó el funcionario.
"Lamentablemente en esas reuniones, los únicos cuatro asientos vacíos fueron los de la mesa de enlace", insistió Echegaray en declaraciones a FM La Isla. La nueva protesta agraria también hizo reaparecer al piquetero oficialista Luis D Elía, que repitió un discurso conocido: "Con esta medida no hacen más que lanzar el partido de las oligarquías rurales y a sus candidatos, los integrantes de la mesa de enlace, para las elecciones del año que viene", dijo.
Por su parte, el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, dijo que "hay cuestiones netamente sectoriales, pero otras que las superan y se transforman en cuestionamientos al modelo económico", sostuvo el funcionario.

GOBERNADORES CUESTIONAN PARO RURAL Y PIDEN DIÁLOGO
La decisión de los ruralistas de activar mañana un paro de seis días contra el gobierno nacional disparó cuestionamientos de varios gobernadores alineados con la Casa Rosada e, incluso, de mandatarios que respaldaron a los dirigentes del campo en pleno conflicto por las retenciones móviles.
Aunque con matices, la consigna general apuntó a que la Mesa de Enlace levante las medidas de fuerza -no habrá comercialización de productos, aunque sin cortes de ruta- y que, en cambio, apueste a profundizar el diálogo con el gobierno nacional, con la participación de las provincias.
Ese lote incluyó, por caso, al cordobés Juan Schiaretti y al sanjuanino José Luis Gioja, con críticas además del chaqueño Jorge Capitanich. Otros -como el bonaerense Daniel Scioli- optaron ayer por un estratégico silencio.
La postal es seguida con atención por los caciques de las entidades agrarias, que ya toman nota de que no gozan del fuerte espaldarazo que en su momento le brindaron algunos ejecutivos provinciales clave, aun a costa de enervar al extremo a la Casa Rosada. El cambio de humor surge de un cóctel que combina la necesidad de no profundizar enfrentamientos con Nación con la incomodidad desatada por las aspiraciones políticas de varios de esos líderes ruralistas.
En la tarde del martes, otra instantánea dibujada en Balcarce 50 había disparado señales de apoyo a Cristina de Kirchner y una indirecta mirada crítica hacia los dirigentes del agro. Fue en el marco del encuentro que mantuvieron con la Presidente el gobernador Celso Jaque (Mendoza), Gioja y la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Luna, precisamente para rubricar un convenio de financiamiento de microemprendimientos por $ 550 millones para pequeños y medianos productores cuyanos.

LA AFIP PRESENTÓ DENUNCIA CONTRA PRODUCTORES
La Administración Federal de Ingresos Públicos presentó denuncias por evasión impositiva del sector agropecuario que rondan los 300 millones de pesos entre 2006 y lo que va de este año. Recientemente se conoció una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico (Sala B), que advirtió sobre la presunta existencia de una asociación ilícita por irregularidades en el cobro de devoluciones en el pago de IVA. Las firmas que se encuentran bajo investigación del fisco son Cargill, Alfred Toepfer, Productos Sudamericanos, Oleaginosa Oeste y Louis Dreyfus, entre otras.
Durante lo que va del año, la cantidad de denuncias presentadas asciende a 170 y los reclamos superan los 140 millones de pesos. Según fuentes judiciales, existió una incidencia manifiesta de las organizaciones delictivas dedicadas a brindar la logística necesaria para la “concreción de importantes defraudaciones fiscales”. En dichas actuaciones, tanto el tribunal como la propia AFIP llevaron adelante medidas probatorias tendientes al avance cualitativo de la investigación.
En el caso de la provincia de Chaco, el juzgado federal de Resistencia libró una importante cantidad de allanamientos con el objetivo de detectar a los integrantes de una asociación criminal que reclutaba personas de bajos recursos y las hacía aparecer como vendedores de cereal, blanqueando así la actividad de los verdaderos productores primarios y alcanzando la evasión una suma cercana a los 10 millones de pesos.
En Córdoba, por otro lado, el fisco detectó el accionar de una presunta organización delictiva con ramificaciones en el noroeste del país que habría reclutado a más de 600 personas en situación de indigencia para inscribirlos como productores de cereal ante la DGI y realizar en su nombre operaciones de venta de granos. La operatoria consistía en la creación de falsos contribuyentes que aparecen facturando el cereal comercializado “en negro” por los productores agropecuarios que se ocultan a través de estas personas.
En lo que respecta a La Pampa, alrededor de quince contribuyentes con domicilio en la provincia deberán explicar al juez federal de Santa Rosa “los motivos por los cuales declaraban en sus presentaciones ante el Fisco haber realizado operaciones de compra de cereales a personas de escasos recursos económicos, a la actividad”, señalaron fuentes judiciales de esa provincia. En los diferentes tribunales también se está investigando la provisión de documentación apócrifa para evadir impuestos o solicitar reintegros por exportación a contribuyentes ubicados en diferentes localidades del país.
Por otro lado, hace algunas semanas el Congreso sancionó la ley que creó la comisión bicameral que investigará la mala liquidación de retenciones por parte de las cerealeras exportadoras. Varias empresas comercializadoras de granos adelantaron el año pasado las declaraciones juradas para la exportación con la intención de saltear el aumento de las retenciones que se aplicó en diciembre de 2007.
Los exportadores liquidaron retenciones con un precio más bajo mientras que a los productores les cobraron retenciones con aumento incluido. Esta maniobra fue denunciada por varios legisladores, en base a una investigación realizada por el diputado con mandato cumplido Mario Cafiero. Luego la Oncca profundizó su denuncia ante la AFIP.

ASEGURAN QUE NO FALTARÁ CARNE, PERO ES PORQUE SE VENDE MENOS POR LAS SUBAS
El paro rural a partir de mañana no debería provocar faltante de carne en los comercios ni tampoco aumento en los precios, coinciden carniceros y productores. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, aseguró ayer en ese sentido que el paro "no está pensado" para que aumenten los precios en el mercado interno, al asegurar que "hay stocks de carne en los frigoríficos más que suficientes para cubrir seis días de abastecimiento a la población".
Ese stock de mercadería prácticamente "asegurada" para los consumidores tiene que ver básicamente con las escasas ventas que hoy tienen las carnicerías, dicen los comerciantes.
"Faltantes no va a haber porque las plantas están bien abastecidas, pero sobre todo porque se está vendiendo muy poco", señaló Alberto Williams, titular de la Asociación de Carniceros de la Capital Federal. Según el directivo, la merma de las ventas en los mostradores en el último mes rondó aproximadamente el 15%, de la mano de una suba generalizada de los precios que terminan impactando en el menor consumo de los cortes vacunos y "también de pollo", aclaró Williams.
Según datos de CICCRA, una de las cámaras del sector, el último período relevado --previo a este bajón en las ventas-- ya se registraba una baja del consumo. En el período enero-julio de este año el mercado interno absorbió 1,53 millón de toneladas de carne vacuna. "En términos absolutos, el mercado interno absorbió 5.570 toneladas menos respecto del mismo lapso del año anterior. El consumo interno por habitante descendió 1,3% y se ubicó en 66,2 kilogramos por año", detalló el informe.

PRORROGARÍAN EL ACUERDO POR LOS LÁCTEOS
Pese a que una de sus promesas al asumir, dos meses atrás, fue normalizar el mercado de la leche, el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, tendría decidido prorrogar en octubre un acuerdo muy cuestionado por los productores, y que nació del puño y letra de su par de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
El plan, vigente desde junio, determina un precio de referencia para la leche que los tambos venden a las industrias lácteas de 0,94 peso por litro, a cambio de que ese sector no eleve los precios al consumidor de 16 productos masivos, entre ellos el sachet. Pero como ese valor no cubre los costos de producción en muchos casos, el Estado paga a los productores un aporte de 10 centavos por litro. Este mecanismo, rechazado por las entidades rurales pero avalado por la industria, venció a fin de septiembre. Cheppi había prometido consensuar un nuevo esquema, pero el tiempo transcurrió y no hubo reuniones con el sector. De allí que ahora piense en una nueva prórroga, como la que ya dictó con el acuerdo vencido en agosto.
El problema es que ahora también las industrias se resisten a la fórmula ideada por Moreno, ya que por la fuerte caída de los precios internacionales de los lácteos no estarían en condiciones de pagar los 94 centavos pactados y ofrecen sólo 87 centavos por litro. La cifra contrasta mucho con la que reclaman los tamberos, de no menos de 1,20 peso por litro.

EL GOBIERNO PREPARA ANUNCIOS PARA EL AGRO
El gobierno de Cristina Kirchner prepara anuncios para aliviar la situación del sector agropecuario, entre los cuales sobresalen el envío de más fondos para las provincias afectadas por la sequía, compensaciones para el sector lácteo y una rebaja en las alícuotas de las retenciones para el maíz y el trigo.
"Habrá más recursos para la sequía y la leche. La semana próxima habrá novedades", aseguró ayer un alto funcionario.
"No se saben los montos, pero habrá plata para las provincias afectadas por el fenómeno climático y mayores compensaciones para los lácteos", agregó otro hombre cercano al jefe de Gabinete, Sergio Massa.
En medio del paro agropecuario, que causó malestar en la Casa Rosada, también se supo que el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, analiza la reducción de alícuotas a las retenciones de maíz y trigo para los excedentes de determinados niveles de producción.
"Eso estaba definido hasta que se anunció el paro. Ahora, no se sabe si se anunciará. Se sigue trabajando", dijo un funcionario de Economía. Con esa rebaja de retenciones se apuntaría a incentivar la producción de trigo y maíz y a desalentar la de soja, que no se vería beneficiada.
En tanto, el discurso oficial apunta a desacreditar al sector agropecuario, al que los hombres de la presidenta Cristina Kirchner culpan de buscar un rédito político con el nuevo paro agropecuario. "Defienden a los patrones de los que trabajan en el campo, no a los verdaderos trabajadores", señaló una fuente oficial. En principio, no habrá señales de la Casa Rosada hasta que haya señales de distensión por parte del campo.

CASO ANTONINI: UN ESPÍA DE CHÁVEZ FUE EL QUE DIJO QUE LA PLATA ERA PARA LA CAMPAÑA K
Hasta ayer no estaba muy en claro. Pero según el testimonio de Carlos Kauffmann, uno de los arrepentidos en el juicio de la valija de los 800.000 dólares que está teniendo lugar aquí, el jefe de los servicios secreto venezolanos, general Henry Rangel Silva, fue quien reveló en primera instancia que la plata era para la campaña electoral de Cristina Kirchner.
Interrogado por el fiscal Tom Mulvihill, Kauffmann dijo que Rangel Silva lo dijo durante una conversación que mantuvo con su ex socio y amigo Franklin Duran en Caracas muy poco después del decomiso del dinero en Buenos Aires en la que se mostró muy enojado porque la plata había sido enviada en un vuelo privado y no en una valija diplomática.

JUEZ FIRMÓ OTRAS CITACIONES POR EL CASO ANTONINI
Después del testimonio de María Luján Telpuk, la ex oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el juez Daniel Petrone decidió convocar nuevamente a otros dos protagonistas de la madrugada del 4 de agosto, cuando aterrizó un jet privado con funcionarios argentinos, venezolanos y al menos una valija con 800 mil dólares.
Ayer, Petrone firmó la citación a declarar como testigos al agente de la Aduana Jorge Lamastra y al copiloto que viajó esa noche, Daniel Pucciarelli. El primero hablará el 15 de octubre bajo juramento de verdad, el segundo tiene turno para el 22.
Será la tercera vez que este funcionario de la Aduana deba presentarse en el juzgado. En dos ocasiones dio su testimonio, la tercera fue un careo con Telpuk, la agente que la semana pasada reconoció que pudo haber más valijas que quedaron fuera de su alcance la noche del hallazgo de la valija. Sobre este punto quieren volver a escuchar a Lamastra. La ex PSA dijo que sólo vio a cuatro pasajeros de los ocho que llegaron aquella noche desde Caracas. En primer lugar, recordaba a Antonini y a Daniel Uzcátegui, el joven hijo del vicepresidente de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. También vio salir a Claudio Uberti y a su secretaria, Victoria Bereziuk. Del resto sólo alcanzó a ver pasar a través de las ventanas de un pasillo a dos personas más. Así, la Justicia quiere conocer qué puede saber Lamastra sobre el recorrido de los pasajeros restantes y, sobre todo, de las demás las valijas que pueden haber saltado los controles esa noche.

MASSA: "QUE VENGA ANTONINI Y VAYA PRESO QUIEN TENGA QUE IR PRESO"
Las consecuencias del escándalo de la valija y los problemas en el INDEC fueron los asuntos que más incomodaron al jefe de Gabinete Sergio Massa en su informe de ayer en la Cámara de Diputados. No obstante, se mostró seguro, por momentos desafiante, en otros conciliador, al tiempo que se preocupó por defender el accionar del Gobierno.
Sobre el escándalo de la valija, Massa insistió con el pedido para que el valijero venezolano Guido Antonini Wilson venga a declarar al país. Este oscuro personaje está declarando como testigo protegido en un juicio en Miami que volvió a poner en agenda aquí el caso de la valija.
Además, Massa aseguró que si Claudio Uberti, ex director del organismo que supervisa las concesiones viales (OCCOVI) tiene responsabilidades en algún hecho delictivo irá "preso".
Uberti fue el operador oficial con Venezuela, al punto de ejercer una suerte de diplomacia paralela a la Cancillería. Y en ese carácter terminó involucrado con el valijero de los 800 mil dólares. Al no poder explicar lo inexplicable -es decir qué hacía el pintoresco Antonini Wilson en un avión fletado por la administración nacional- el Gobierno lo separó de su cargo.
"Que venga Antonini Wilson, que declare y que vaya preso quien tenga que ir preso", afirmó Massa ayer en Diputados al responder las preguntas. Y ante las quejas de los diputados porque no daba precisiones sobre la investigación administrativas para deslindar responsabilidades por este escándalo, Massa señaló que el Gobierno no busca "darle protección ni impunidad a nadie".
De Uberti remarcó que "fue separado de su cargo porque cometió un error", al tiempo que dijo estar "seguro" que la Justicia "va a ir a fondo en este episodio, que arrancó como un delito aduanero", apuntó.
Sin embargo, eludió algunas preguntas concretas sobre este espinoso asunto. Por caso: "¿Qué hacía Uberti en Venezuela? ¿Por qué viajó a ese país 33 veces? ¿Presentó informes sobre sus viajes? ¿Con quién se reunía, qué cosas negoció?", le preguntaron varios diputados, entre otros, Patricia Bullrich, Adrián Pérez y Eduardo Macaluse.
Al finalizar la sesión, Massa improvisó una conferencia de prensa. Allí aseguró que el Gobierno realizó un sumario administrativo sobre el caso Antonini, pero como hay un juicio en curso no fue dado a conocer.

CASO ANTONINI: EL FISCAL DENUNCIARÁ CASOS DE CORRUPCIÓN EN VENEZUELA
La jueza federal de Miami a cargo del caso de la valija autorizó ayer la presentación, por parte de la fiscalía, de pruebas sobre dos casos de corrupción presuntamente cometidos en Venezuela por dos de los ex socios de Guido Antonini Wilson.
Se trata de supuestos pagos de coimas por parte de Franklin Durán -el único acusado en este juicio- y su amigo Carlos Kauffmann -que ya se declaró culpable y espera su sentencia- en favor de ejecutivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la petrolera estatal venezolana. A partir de esta decisión adoptada ayer por la jueza Joan Lenard, el fiscal Thomas Mulvihill podrá presentarle esa información al jurado.
Sin embargo, la jueza aprobó sólo dos de los 14 casos presentados por Mulvihill, que los define como "malos actos" de Durán. Según fuentes de la fiscalía, esos episodios implicaron negocios por unos 100 millones de dólares.
La admisión de estas nuevas pruebas se produjo tras un acalorado debate entre el fiscal Mulvihill y el abogado de Durán, Ed Shohat. Fue el paso previo a la declaración de Kauffmann, en su primera intervención en esta parte del proceso. De los dos casos que la jueza admitió, el primero se relaciona con voluminosas ventas de materias primas que habrían realizado Durán y Kauffmann, juntos, a PDVSA entre 2003 y 2008. El otro episodio que se ventilará ante el jurado es sobre una operación de venta de uniformes policiales a un tercer país que no se precisó.
Durán está acusado de conspirar y actuar dentro de EE.UU. como agente del gobierno venezolano, sin autorización oficial, para ocultar el origen y el destino del maletín con US$ 800.000 que le decomisaron en Aeroparque a Antonini. Kauffmann afronta los mismos cargos que Durán, pero aspira a una condena eventualmente más leve luego del acuerdo con la fiscalía federal.

PULSEADA ENTRE DE VIDO Y CAMERON POR EL CONTROL DE UN ENTE DE ELECTRICIDAD
En un nuevo capítulo de la disputa interna planteada por el control de la Cammesa -la compañía administradora del mercado eléctrico-; el Ministerio de Planificación de Julio De Vido logró quedarse con el manejo pleno del organismo que antes estaba bajo la órbita directa del secretario de Energía, Daniel Cameron.
Si bien en la práctica la Cammesa ha estado desde principios de año a cargo de un hombre de confianza de De Vido, recién ayer quedó formalmente oficializado el cambio de autoridades. Por medio de la resolución 25 que apareció en el Boletín Oficial, la cartera de Planificación decidió delegar "el ejercicio de presidente de la Cammesa" en el subsecretario de Energía Eléctrica, Luis Beuret, quien había llegado a ese puesto de la mano del ministro De Vido.
Desde que fue creada en 1992, la presidencia de la entidad -que maneja el Despacho Nacional de Cargas y concentra todas las operaciones de compra y venta de electricidad en la Argentina- estuvo siempre a cargo del titular de Energía.
Esta situación se mantuvo sin cambios hasta fines del año pasado. Tras ser ratificado como ministro de la administración de Cristina Kirchner, De Vido comenzó a recortar el margen de acción de Cameron en las cuestiones vinculadas con el sector eléctrico.
Con el decreto 172/2007, Planificación desplazó a Energía y se quedó con la presidencia de la Cammesa. Además, De Vido hizo a un lado al secretario Cameron y colocó al frente de las negociaciones con las privatizadas del sector eléctrico al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y al subsecretario de Gestión, Roberto Baratta.
Pese a que la resolución que nombra a Beuret como presidente de la Cammesa data de mediados de enero, su publicación en el Boletín Oficial recién se concretó ayer con el fin de regularizar la situación administrativa y ratificar todas las medidas tomadas en los últimos nueve meses.
Por otro lado, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) puso en marcha los mecanismos para definir las "Revisiones Tarifarias Integrales" (RTI) de Edenor, Edesur y Edelap que deben entrar en vigencia a partir de febrero de 2009. Por medio de la resolución 467, el órgano regulador estableció como fecha límite el 12 de diciembre para que las distribuidoras eléctricas de la región metropolitana presenten sus pedidos de incrementos tarifarios para los próximos cinco años.
Junto con los cuadros tarifarios, las empresas tendrán que elevar los costos de operación y mantenimiento y los planes de inversiones para mejorar y ampliar la prestación del servicio.
Tras analizar los planteos de las privatizadas, el ENRE deberá definir qué puntos acepta y cuáles no para luego convocar a audiencias públicas donde se debatirán las adecuaciones contractuales que regirán hasta el año 2014.

SE PRESENTÓ PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN BONAERENSE
El oficialismo finalmente presentó en el Senado de la provincia de Buenos Aires el polémico proyecto de reforma constitucional, como anticipó Crítica de la Argentina. Si la Legislatura aprueba la modificación a la carta magna, se convocará a un plebiscito que confirme la medida y que se hará el mismo día de las elecciones de nuevos diputados nacionales, en octubre de 2009.
La presentación del proyecto abre la puerta para que el gobernador Daniel Scioli lidere la campaña del “Sí” a la reforma y recorra la provincia sin dejar su puesto como mandatario. El plan se completa con el propio presidente Néstor Kirchner como postulante a diputado nacional. Sería la vuelta del binomio electoral que ganó las elecciones presidenciales del 2003.
El proyecto de reforma consttiucional lleva la firma de los senadores del Frente para la Victoria-PJ Federico Scarabino (vicepresidente del Senado), Osvaldo Goicoechea (presidente del bloque oficialista), Adelma Arguissaín y José Molina.
La excusa oficial es que se trata de “otorgarles mayor autonomía a los municipios”. “Se creará la figura del viceintendente, los gobiernos municipales podrán generar impuestos, redactar su propia carta orgánica y convocar a elecciones en caso de acefalía, entre otras atribuciones”, explican desde la Cámara alta.
Sin embargo, las versiones, atribuidas al sciolismo por parte de algunos y al kirchnerismo de parte de otros, indican que se trata de buscar una variante para sumar una nueva cabeza de lista con alta imagen positiva y posibilidades de generar un arrastre electoral en 2009. La idea sería entonces aprovechar la imagen del gobernador, la más alta del oficialismo después de la crisis con el campo, para que encabece la campaña del año próximo. Y el matrimonio Kirchner necesita garantizar una victoria amplia en el principal distrito electoral del país.

LA CGT ESPERA UNA LEY PARA CAMBIAR LA TABLITA
La CGT espera que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, cumpla la semana próxima con el compromiso de anunciar un proyecto de ley "que convierta en más graduales los porcentajes de deducciones" a los trabajadores abarcados por la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Los gremios quieren evitar que haya "descuentos devastadores que licuen los salarios", dijo un vocero sindical.
Según dos fuentes calificadas de la CGT, el anuncio de Massa fue hecho la semana que pasó a una delegación sindical que presidió Moyano y que lo visitó en la Casa Rosada. Y anteayer, la "mesa chica" de la central obrera advirtió que "mantendrá la ofensiva sobre el tema, sin esperar una modificación más equitativa en el cálculo del tributo" y que, según desea el Gobierno, se vería reflejada en la ley de presupuesto para 2009.
Hace un mes la presidenta Cristina Kirchner les comunicó personalmente a los secretarios general y adjunto de la CGT, Moyano y Juan Belén, respectivamente, un aumento del mínimo no imponible de ganancias, que los sindicalistas consideraron "exiguo". El camionero expresó su queja pública de que el Gobierno no hubiera eliminado la tablita ideada por el ex ministro José Luis Machinea.
"A pesar de las promesas oficiales, no eliminaron la tablita de deducciones y tampoco creemos en lo que dicen hasta que se concrete", dijo una de las fuentes de la CGT. La misma mezcla de firmeza y escepticismo se notó en el encuentro que anteayer protagonizaron los principales dirigentes de la CGT, encabezados por Moyano en la Federación de Empleados de Comercio.
Con vistas al próximo Comité Central Confederal de la CGT del martes 14, los dirigentes se propusieron endurecer aún más sus posturas respecto de que los monotributistas abonen un valor equivalente a la escala salarial, como haría cualquier trabajador formal, y no los 37 pesos que desembolsan ahora aunque ganen 5000 pesos, para disfrutar de la misma obra social sindical, se quejan en la CGT. En el mismo sentido, reclamarán que se efectivice el aumento del tope de obras sociales de 4800 a 7800 pesos, con la firma del decreto respectivo por parte de la presidenta Kirchner.
Los sindicalistas sondearán entre funcionarios y empresarios su deseo de que se negocie un pago adicional de 500 pesos para los trabajadores antes de que termine el año.

INFLACIÓN DE SEPTIEMBRE: 1,6%, SEGÚN MEDICIÓN DE ECOLATINA-TOMADATO
La inflación de septiembre, según el relevamiento de las consultoras Ecolatina y Tomadato, fue del 1,6%. "Es algo menor que el 2% promedio de los tres meses anteriores", señaló el economista Rodrigo Alvarez.
En la medición, Indumentaria fue lo que más subió, con un 7,4%. Lo siguen educación, vivienda, y alimentos y bebidas, todos con un 1,6%. "Alimentos, sin embargo, muestra alguna desaceleración respecto al nivel anterior", agregó Alvarez, analista de Ecolatina. La medición del IPC, que calculan para Capital y Gran Buenos Aires, acumula un 27,2% respecto a septiembre del 2007.

POR SÉPTIMO MES, VOLVIÓ A CAER LA DEMANDA LABORAL
Aunque para el Gobierno la economía sigue mostrando un fuerte ritmo de crecimiento, esa expansión, cuanto menos en Capital y el Gran Buenos Aires, dejó de reflejarse en la demanda de empleo.
Por lo menos así surge de un estudio de la Universidad Di Tella que muestra que la demanda laboral cayó el mes pasado un 7,9% con respecto a agosto y un impactante 28,54% con respecto a septiembre del año pasado. Más aún, la demanda de trabajadores ya llegó a su nivel más bajo desde abril de 2003 y es similar a la de mayo de 2001.
Desde que empezó el año, el índice que elabora la universidad en base a los avisos publicados registró retrocesos en siete meses y acumula una caída del 26,34%. La caída en los pedidos de empleados en Capital y el Gran Buenos Aires se dio en todas las categorías de empleo, aunque el rubro más afectado fue el de profesionales.

SIGUE LA DESCONFIANZA: PASÓ A 1.000 PUNTOS EL RIESGO PAÍS
La tasa de riesgo país, la medición sobre la capacidad de pago que alcanzó popularidad en la segunda mitad de la década del 90 y -en los hechos- funcionó como una alerta de la crisis que sobrevendría en 2001, superó la simbólica barrera de los 1000 puntos al cabo de una jornada en la que se agravó la tendencia bajista de los bonos de la deuda argentina.
Ayer finalizó en 1005 puntos (52 arriba), en lo que significó un nuevo máximo desde que la Argentina comenzó a regularizar su situación deudora al cerrar, en 2005, la reestructuración del grueso de los pasivos que había dejado de honrar cuatro años antes. La escalada de este indicador se ve facilitada por la crisis financiera internacional, ya que el índice EMBI+ de la Argentina (más conocido como riesgo país) refleja el nivel de sobretasa que debería validar el Gobierno si acudiera al mercado internacional de capitales para tomar fondos.
El número surge de comparar el precio que le pedirían a la Argentina respecto del que paga un título emitido por el Tesoro de Estados Unidos (considerado a estos fines el pagador más fiable del mundo) con vencimiento a un plazo similar.
Por esa razón, ahora que los bonos norteamericanos no dejan de subir (porque son elegidos como inversión refugio frente al temor que genera la crisis) hasta ofrecer rendimientos irrisorios (un título a dos años rinde 1,82% y uno por vencer en 10 años, 3,74% anual), y los de la Argentina no dejan de caer, ese diferencial se agranda.
Pero ayer algunos bonos argentinos, que ya cotizan como "papeles basura", llegaron a caer hasta 6,3%, como el Par en dólares emitido bajo la ley de Nueva York, ayudando a agravar esta situación. Y también fue generalizado el derrape entre los bonos en pesos (promediaron bajas del 3%), luego de que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, defendió ante el Congreso las cuestionadas mediciones de precios.
Sin embargo, aun si se dejara de lado la medición del banco JP Morgan (se la considera poco representativa porque sólo contempla los títulos en dólares y emitidos bajo legislación internacional, condiciones que hoy sólo cumplen el Par y Discount en divisas surgidos del último canje), la conclusión no cambiaría: la capacidad de pago de la Argentina vuelve a estar en tela de juicio pese a los ingentes esfuerzos que el Gobierno realizó últimamente para modificar la opinión de los mercados.

SALE EL DECRETO CON EL AUMENTO DEL 35% EN LAS ASIGNACIONES
Pese al anuncio público efectuado el 16 de septiembre desde la Casa Rosada, todavía no se concretó a través del correspondiente decreto presidencial el aumento del 35 por ciento de las asignaciones familiares --y del 50 por ciento en el caso de monto único--, por lo que las empresas no lo están incluyendo en la liquidación de los sueldos de setiembre.
Anoche, fuentes de la Jefatura de Gabinete aseguraron que el decreto saldrá mañana viernes en el Boletín Oficial, siempre con el 1° de setiembre como fecha de inicio de su vigencia, y que el pago del aumento correspondiente a setiembre se hará junto con el de octubre en los primeros días de noviembre.
El aumento de las asignaciones familiares integraba el paquete de reivindicaciones que venía planteando la CGT, junto con la del aumento de los mínimos del salario y la jubilación, la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Gananacias sobre los sueldos --que ya habían sido atendidas en las semanas anteriores-- y la presentación de la ley de movilidad jubilatoria, finalmente aprobada ayer en el Senado.
La decisión de concretar el aumento de las asignaciones familiares fue anunciada el 16 de setiembre --desde la Casa Rosada y tras una reunión de la que participó la presidenta Cristina Kirchner-- por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, acompañado por el titular de la ANSeS, Amado Boudou, y por el propio secretario general de la CGT, Hugo Moyano.
Por esa decisión, los salarios de hasta 4.800 pesos, por tramos, tendrán aumentos de asignación mensual por hijo, por hijo discapacitado, prenatal y por cónyuge del 35 por ciento. En el caso de las que se otorgan por única vez --matrimonio, nacimiento y adopción-- el porcentaje de aumento será en cambio del 50 por ciento. Un rato antes del anuncio público, y en una reunión de la que además de los nombrados participó el jefe de Gabinete, Sergio Massa, la Presidenta había fallado a favor del pedido de Moyano de que el porcentaje de aumento fuera del 35 por ciento, contra el 25% que planteaban en ese despacho Tomada y Boudou.

MÁS AUTOMOTRICES SE SUMAN A LA SUSPENSIÓN DE PERSONAL
Las suspensiones parciales de producción en las automotrices General Motors y Peugeot-Citroën (PSA) generaron un estado de alerta en el Sindicado de Mecánicos (SMATA), al que están están afiliados los operarios de todas las automotrices, con excepción de PSA.
"Podría haber algunas otras automotrices en una situación similar. Ya nos han pedido reuniones para conversar sobre este tema", dijo a Clarín Ricardo Pignanelli, secretario gremial de SMATA, en referencia a las suspensiones. El gremialista no quiso especificar a qué compañías se refería. En las otras siete automotrices que están en operaciones, consultadas por Clarín, negaron que estén planeando suspender en forma total o parcial la producción.
Desde ayer, Peugeot-Citroën comenzó a aplicar una suspensión de una hora por turno en la producción de su planta de El Palomar. Y General Motors suspenderá su producción por completo durante la última semana de este mes. En los dos casos, la causa esgrimida es la menor demanda de unidades desde Brasil. "También aflojó el mercado interno", agregó un vocero de Peugeot-Citroen.
A pesar de ese panorama, la Asociación de Concesionarios (ACARA) informó que los patentamientos de septiembre sumaron casi 54.000 vehículos (6% más que en agosto) y acumulan en los primeros nueve meses 501.000 unidades. Pero tanto concesionarias como automotrices están aplicando bonificaciones sobre el precio de lista, en un promedio de 5%. "Renault nos acaba de informar que hará una bonificación del 5% y nos reclamó a nosotros un 5% adicional", comentó ayer Rubén Beato, directivo de ACARA.
Las concesionarias están en un período de conciliación obligatoria con el SMATA. Ayer se reunieron las partes en el Ministerio de Trabajo. No hubo acuerdo, pero Beato se mostró optimista. "El acuerdo está cerca", dijo.

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