El legislador por el Frente para la Victoria detalló que en la presentación se acompañó "la prueba documental con los antecedentes del detenido que fue beneficiado con la libertad monitoreada y las constancias con los antecedentes que obran en la causa".
Lorenzino consideró que "hay motivos suficientes para que se abra una investigación que evalúe la conducta que asumió" el juez de San Martín Nicolás Schiavo y aseguró que, a su entender, la actitud que adoptó "constituye una irregularidad grave que merece su destitución".
Schiavo, a cargo del Juzgado de Garantías 5 del Departamento Judicial San Martín fue cuestionado por una decisión que adoptó en febrero de 2007 cuando estaba interinamente a cargo del Juzgado 3 de ese departamento judicial y le otorgó a Angel Fernández el beneficio de una pulsera electrónica para cumplir con un arresto domiciliario monitoreado.
Por aquel entonces, Fernández tenía una causa por tenencia ilegal de arma de guerra y había sido beneficiado con la prisión domiciliaria.
Fernández es uno de los detenidos por el cuádruple crimen del matrimonio Mansilla y sus dos hijos menores encontrados asesinados en el partido bonaerense de Campana.
A partir de la presentación del legislador, la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento será la encargada de instruir la causa contra el magistrado.
El organismo, creado el año pasado por una modificación a la Ley 13661 que establece el procedimiento del Jury de Enjuiciamiento, es el encargado de recibir las denuncias por faltas o delitos cometidos por magistrados y funcionarios judiciales en el ejercicio de su función.
El secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Ulises Gimenez explicó a Télam que una vez recibida la denuncia "se procede al sorteo de los cinco abogados de matrícula y cinco legisladores que conformarán el Jurado" y que preside el titular de la Suprema Corte de Justicia.
En la primera reunión, el Jurado evaluará que se hayan cumplido con los requisitos formales que requiere la denuncia y si estima que la falta que cometió el magistrado se encuadra en las que determina la ley, ordena a la secretaría permanente que instruya el sumario.
Giménez detalló que a partir de ese momento, un cuerpo de instructores de la secretaría tiene "90 días para realizar el sumario" y luego da traslado a la Procuración de la Corte, al denunciante y a una comisión bicameral, también creada por la ley, para que manifiesten su voluntad de acusador en el procedimiento.
Una vez cumplido con esos requisitos, el Jurado de Enjuiciamiento estará en condiciones de iniciar las audiencias para determinar si sanciona o absuelve al magistrado cuestionado por sus decisiones en el ejercicio de su función. (Télam).
