Tigre: denuncian agresiones en una dependencia municipal durante el reclamo de madres por la restitución de sus hijos

El Municipio de Tigre salió al cruce de las acusaciones difundidas en redes sociales sobre presuntos secuestros y apropiaciones de bebés por parte del organismo municipal encargado de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. La respuesta llegó en medio de una creciente polémica que tuvo un nuevo capítulo ayer, cuando un grupo de madres se manifestó frente a la sede de la dependencia municipal para reclamar por sus hijos. Durante la protesta hubo pintadas en la fachada y, según denunció la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, tres trabajadores fueron agredidos físicamente.

La funcionaria cuestionó la difusión de estas acusaciones y advirtió sobre el temor que pueden generar en la comunidad. "La realidad es que es muy grave transmitir eso a la población en general, el miedo que le genera a la comunidad de Tigre, desconociendo los procesos legales y la ley que establece cuáles son los procedimientos para poner a resguardo a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad", sostuvo.

Qué respondió Tigre sobre las intervenciones con niños y sus familias

En diálogo con este medio, Olivieri evitó referirse a expedientes particulares, pero detalló cuáles son las situaciones que pueden motivar la intervención del organismo municipal. Entre ellas mencionó casos de maltrato, negligencia y abuso, además de nacimientos de bebés con cocaína en sangre.

"Nuestra tarea es darle prioridad a las infancias y obviamente protegerlas", remarcó.

La secretaria explicó que los equipos municipales evalúan cada situación y pueden disponer medidas de protección, aunque su continuidad y las decisiones posteriores corresponden a la Justicia.

"Se toman determinadas medidas de protección, que obviamente las evalúa el equipo nuestro, pero después también hay un juzgado que tiene un equipo técnico y es el juzgado quien después legaliza esas medidas y es quien determina el futuro de estos niños", señaló.

Según precisó, estas medidas suelen extenderse durante 180 días. Durante ese período, los equipos trabajan con la familia de origen para intentar revertir las circunstancias que motivaron la intervención y posibilitar que los chicos puedan continuar viviendo con sus familiares.

Sin embargo, Olivieri advirtió que no siempre es posible modificar esas situaciones. Cuando eso ocurre, existen otras alternativas, como mantener la guarda con algún integrante de la familia o solicitar judicialmente la declaración de adoptabilidad.

Qué posibilidades tienen las familias de cuestionar las medidas

Otro de los puntos que abordó la funcionaria fue el supuesto desconocimiento de los familiares sobre las razones que motivan las intervenciones.

"La familia no puede expresar el desconocimiento porque son notificadas fehacientemente de la medida que se toma, el por qué y qué trabajo deben realizar para poder revertir la situación", afirmó.

También aclaró que una eventual declaración judicial de adoptabilidad puede ser cuestionada por los familiares ante una instancia superior de la Justicia.

En ese sentido, rechazó que las intervenciones puedan definirse como una apropiación de niños y defendió el objetivo de las medidas adoptadas por el organismo municipal.

"Los niños no se sacan, se les restituyen los derechos a los niños, porque están atravesando alguna situación de vulneración", expresó.

Tres trabajadores municipales denunciaron agresiones

Al referirse a lo ocurrido durante la protesta, Olivieri manifestó su preocupación por la violencia contra los profesionales que intervienen en situaciones de vulnerabilidad y señaló que los trabajadores realizaron las denuncias correspondientes.

La secretaria vinculó estos episodios con un contexto de creciente violencia social y manifestó su preocupación por las consecuencias que pueden tener este tipo de ataques sobre los equipos municipales.

"Del Municipio de Tigre cuidamos a las infancias y también queremos cuidar a quienes cuidan a las infancias, por eso no podemos permitir esto", sostuvo.

Olivieri apuntó contra la utilización política de los reclamos

Por último, la funcionaria se refirió a la difusión de las acusaciones en redes sociales y planteó que, aunque las familias pueden manifestar un descontento genuino frente a decisiones que afectan a sus hijos, también habría sectores que aprovechan esas situaciones con fines políticos.

"Imaginate una familia con la que se toma esta determinación, hay un descontento específico, pero sí es real que hay alguien que lo está aprovechando políticamente y contribuye a que eso continúe", manifestó.

Olivieri indicó además que se realizaron denuncias contra personas que difundieron información falsa sobre presuntos secuestros de niños y cuestionó a quienes tienen responsabilidades públicas y participan en redes sociales de publicaciones que contienen esas acusaciones.