Diputados bonaerenses de Unión por la Patria rechazan la privatización de AySA

El bloque de diputados de Unión por la Patria de la Provincia de Buenos Aires expresó su rechazo al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que la medida podría afectar las tarifas, la expansión de las redes de agua y cloacas y el acceso al servicio en los sectores más vulnerables.

En un documento difundido por el espacio, los legisladores plantearon que AySA no constituye solamente un activo empresario, sino que administra un servicio considerado estratégico para el desarrollo y el saneamiento del área más poblada del país.

Uno de los principales cuestionamientos está vinculado con el impacto económico de una eventual transferencia al sector privado. El bloque sostiene que el Estado se desprendería de un activo construido mediante inversión pública y que la renta futura quedaría en manos de un operador privado.

Los diputados también utilizaron como antecedente la concesión de Aguas Argentinas durante la década de 1990. Según señalaron, durante ese período las tarifas aumentaron más de un 80% en términos reales, mientras que se aplicaron cargos fijos y se produjo una dolarización encubierta. También afirmaron que miles de familias quedaron fuera del sistema por dificultades para afrontar los costos y que se cobraron obras que finalmente no fueron ejecutadas.

El documento cuestiona además la evolución reciente del servicio y sostiene que ya se produjeron aumentos superiores al 300%, junto con una reducción de personal y la paralización de obras. Para Unión por la Patria, la privatización implicaría profundizar ese esquema.

El impacto sobre el agua y las cloacas

El bloque bonaerense también puso el foco en las consecuencias sociales y ambientales de la falta de infraestructura sanitaria. Según planteó, los sectores que no cuentan con redes de agua potable y cloacas quedan expuestos a problemas vinculados con la contaminación de napas y cursos de agua.

Los legisladores sostienen que la expansión de los servicios durante la anterior etapa de gestión privada se concentró en sectores de mayor poder adquisitivo de Ciudad de Buenos Aires y Zona Norte, mientras que las áreas más vulnerables del conurbano quedaron relegadas por no resultar rentables. En ese sentido, afirmaron que se incumplió el 60% de las inversiones comprometidas en saneamiento ambiental.

En contraposición, el bloque destacó la etapa de gestión pública iniciada en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y sostuvo que desde entonces se incorporaron más de 11 millones de personas al servicio de agua y 8 millones a cloacas, con prioridad en el segundo y tercer cordón del conurbano.

El argumento de la soberanía

Otro de los ejes planteados por los diputados es el carácter estratégico del agua. El bloque sostiene que se trata de un derecho humano y de un recurso vinculado con la soberanía nacional, por lo que cuestiona que la gestión integral del servicio quede sometida a una lógica de rentabilidad privada.

En ese marco, señalaron que AySA tiene bajo su responsabilidad la potabilización, distribución y tratamiento de efluentes del área más poblada del país, y advirtieron que modificar el esquema de gestión también tendría implicancias sobre la planificación territorial y ambiental.

El documento menciona además los casos de Francia y Alemania, a los que presenta como ejemplos de países que avanzaron con procesos de privatización del servicio de agua y posteriormente revirtieron esas políticas.

Frente al proceso impulsado por el Gobierno nacional, Unión por la Patria reclamó que se detenga la privatización de AySA y que se reactiven las obras y programas de expansión que, según el bloque, se encuentran paralizados.