San Isidro: un concejal deberá pagar $12 millones tras una denuncia por abuso sexual
Un concejal de San Isidro acordó el pago de 12 millones de pesos a una ex compañera de trabajo que lo denunció por abuso sexual, en un caso que incluye un video de una cámara de seguridad y que continúa bajo investigación en el fuero penal.
Un concejal de San Isidro deberá abonar 12 millones de pesos a una ex compañera de trabajo que lo denunció por abuso sexual, en un hecho que quedó registrado por una cámara de seguridad cuando ambos desempeñaban tareas en el área de Tránsito municipal. En paralelo, la causa penal continúa en trámite.
El episodio se habría producido en noviembre de 2023, cuando el acusado, identificado como Alberto Montes, trabajaba como inspector de tránsito y había sido electo concejal por La Libertad Avanza.
De acuerdo con la denuncia, una cámara de seguridad registró el momento en el que el hombre le da una palmada en los glúteos a una trabajadora de la Dirección de Tránsito de San Isidro, quien se encontraba de espaldas realizando sus tareas.
Tras la situación, la mujer reaccionó de inmediato alejándose del lugar y propinándole un golpe en el rostro al acusado, hecho que derivó en una denuncia judicial que avanzó tanto en el fuero civil como en el penal.
En declaraciones posteriores al episodio, el concejal sostuvo que “lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia”, frase que generó cuestionamientos en distintos sectores políticos y sociales.
Por otro lado, se informó que las partes alcanzaron un acuerdo civil mediante el cual el concejal se comprometió a abonar una compensación de 12 millones de pesos a la denunciante. El esquema de pago contempla una cuota inicial de tres millones de pesos, dos cuotas de dos millones y el resto en pagos de un millón cada uno.
A pesar del entendimiento económico, la investigación penal continúa su curso. La causa está caratulada como “abuso sexual” y tramita en el Juzgado Correccional N° 5.
En ese expediente, la defensa del concejal solicitó el sobreseimiento, pero el pedido fue rechazado por la Justicia. La resolución fue apelada, por lo que el caso pasó a una instancia superior para su revisión.