El juicio por el Caso Cuadernos atraviesa una etapa de alta tensión. En la última audiencia, la defensa de Julio de Vido, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, presentó un pedido formal para que se extraigan testimonios y se investigue la supuesta extorsión que habría sufrido Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía Cristina Fernández de Kirchner.
Según la denuncia, Silva habría sido presionado por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli durante la etapa de instrucción. El testigo relató ante el tribunal que, bajo amenazas sobre la seguridad de su familia, fue obligado a declarar sobre presuntos movimientos de bolsos en el edificio de la calle Juncal y Uruguay, afirmando que su declaración escrita no reflejaba la verdad y nunca le fue permitida la relectura. Ante este planteo, el Tribunal Oral decidió diferir la decisión para el final del debate, una vez ponderada la totalidad de la prueba.
La jornada también estuvo marcada por la declaración de la mujer de Oscar Centeno, quien brindó un testimonio que dejó varias aristas abiertas. Según trascendió, el relato se vio condicionado por el consumo mediático de la causa, lo que llevó a que fuera confrontada con sus propias declaraciones de 2017 al confundir la autoridad ante la que había comparecido inicialmente.
No obstante, un punto de su testimonio resonó con fuerza: ubicó a Jorge Bacigalupo, el sargento retirado que tuvo bajo custodia los cuadernos, como presunto testaferro de Centeno. La testigo aseguró que el exchofer habría adquirido vehículos con fondos de origen irregular, poniendo parte de ellos a nombre de terceros, entre ellos Bacigalupo, confirmando así un vínculo estrecho entre ambos.
La justicia deberá ahora determinar la veracidad de estos testimonios, en un proceso donde la validez de la instrucción original y la actuación de los funcionarios judiciales parecen estar, nuevamente, en el centro de la escena.
