La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reclamó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que suspenda los embargos aplicados sobre empresas y PyMEs en crisis, al advertir que las medidas podrían profundizar la situación financiera de muchas firmas y afectar su continuidad.
El planteo fue realizado mediante una carta enviada al titular de ARCA, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo. Allí, la entidad empresaria sostuvo que la interrupción del flujo comercial puede “agravar su situación hasta un punto irreversible” e incluso “empujar a las más pequeñas a la marginalidad”.
La CAC cuestionó especialmente los embargos sobre sumas que las empresas deben cobrar de sus clientes. Según explicó la entidad, ARCA notifica a esos clientes para que retengan los pagos y los depositen directamente a favor del organismo hasta cubrir el monto reclamado.
En la nota firmada por el presidente de la Cámara, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado, la entidad reconoció que las medidas se encuentran dentro de las facultades legales del organismo recaudador, aunque consideró que resultan “totalmente inoportunas” en el contexto económico actual.
La cámara empresaria advirtió que muchas compañías, en especial las MiPyMEs, enfrentan una combinación de caída de ventas, reducción de márgenes de rentabilidad, aumento de costos, altas tasas de interés y dificultades para acceder al crédito.
En ese marco, Grinman señaló que la situación es consecuencia de “desarreglos macroeconómicos de larga data” que todavía no pudieron corregirse completamente, aunque destacó el “ordenamiento” impulsado por la actual administración nacional.
La CAC también pidió al Gobierno nacional que acompañe a las empresas en dificultades hasta que mejore el escenario económico general y solicitó que ARCA instruya a sus áreas legales para evitar nuevas medidas precautorias contra firmas con problemas financieros.
Además, reclamó una flexibilización en las condiciones de acceso a los planes de facilidades de pago, al considerar que una política de mayor alivio permitiría preservar empresas, sostener actividad económica y facilitar, en el tiempo, la recuperación de la deuda fiscal por parte del Estado.
