Programa Federal de Protección a la Niñez: Nación pide a las provincias sumarse al nuevo esquema de gestión

El Ministerio de Capital Humano informó que se encuentra operativo el Programa Federal de Protección a la Niñez y Adolescencia, una iniciativa orientada a ordenar, fortalecer y profesionalizar las capacidades institucionales, técnicas y operativas de los sistemas provinciales de protección de derechos de niños y adolescentes.

Según se detalló oficialmente, el objetivo del programa es respetar las competencias de cada jurisdicción y, al mismo tiempo, promover intervenciones eficaces basadas en resultados verificables, con un enfoque federal y articulado.

El anuncio del programa se realizó en noviembre de 2025, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), y contó con la participación de representantes de todas las jurisdicciones del país.

Desde el Ministerio se subrayó la importancia de que todas las provincias adhieran a la iniciativa. A la fecha, CABA, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Salta y Neuquén se encuentran en diálogo permanente para avanzar en los acuerdos necesarios y consolidar un sistema de protección más eficaz y articulado.

En particular, y a raíz de hechos de violencia infantil ocurridos en el Hogar Convivencial de la Sociedad de Protección a la Infancia, en la localidad de Balcarce, el organismo nacional señaló que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia aguarda especialmente que la provincia de Buenos Aires manifieste su voluntad de adhesión al programa, ya que hasta el momento no se registró ningún tipo de comunicación oficial.

De acuerdo con el comunicado, la incorporación de la provincia resulta prioritaria para fortalecer los mecanismos de intervención y garantizar respuestas adecuadas frente a situaciones de vulneración de derechos.

El Programa Federal de Protección a la Niñez y Adolescencia establece un esquema de gestión compartida entre Nación y las provincias, en el cual el Gobierno nacional ejerce un rol de rectoría, fija estándares y brinda asistencia técnica, mientras que la ejecución directa y la responsabilidad operativa recaen en las jurisdicciones, conforme lo dispone la Ley N.º 26.061.

Asimismo, se indicó que el financiamiento nacional está condicionado al cumplimiento de objetivos y a la obtención de resultados verificables, reforzando un enfoque de gestión basado en evidencias.

A través de esta iniciativa, las provincias acceden a asistencia técnica para ordenar sus organismos de protección, realizar diagnósticos institucionales, definir planes de acción concretos, mejorar la registración y gestión de la información y optimizar los procesos de intervención.