La diputada provincial Ayelén Rasquetti, del Frente Renovador, apuntó contra las principales petroleras tras el revuelo que generó su proyecto de ley para obligarlas a informar los aumentos de combustibles con 72 horas de anticipación. La legisladora denunció presiones del sector y acusó a las empresas de resistirse a la transparencia.
“El lobby petrolero se movió rápido por La Plata”, afirmó Rasquetti, luego de que su iniciativa fuera aprobada por mayoría en la comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense. La próxima semana el texto será debatido en la comisión de Legislación y se espera que llegue al recinto en unos 15 días.
El proyecto —que enfrenta el rechazo de YPF, cámaras y federaciones del sector— busca garantizar que tanto las petroleras como los estacioneros informen los incrementos de precios antes de aplicarlos, para que los consumidores no se vean sorprendidos por los aumentos repentinos.
“Resulta preocupante que algunas compañías petroleras pretendan frenar esta iniciativa mediante presiones y lobby en la Cámara de Diputados y que se nieguen a brindar información básica sobre los aumentos de precios. Su resistencia a la transparencia muestra un claro intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios”, expresó Rasquetti.
La legisladora continuó con un mensaje directo al sector: “Me pregunto qué otras cosas se ocultan detrás de estos aumentos que tanto miedo les da informar sobre ellos. No entiendo por qué les cuesta tanto informar los aumentos”.
Desde el massismo recordaron que hasta mediados de este año existía una ley nacional que obligaba a las empresas abastecedoras y expendedoras de combustibles a comunicar los incrementos, pero fue derogada por el Gobierno libertario en junio. “Dejaron a los consumidores a merced de empresarios que entre gallos y medianoche deciden cambiar las tarifas de los combustibles”, sostuvo la diputada.
El texto prevé multas económicas severas para quienes incumplan la obligación: en el caso de las petroleras, la sanción iría desde el equivalente al valor de 5.000 a 150.000 litros de nafta súper, y podría incluir la suspensión temporal de la habilitación comercial si hay reincidencia. Las estaciones de servicio que no cumplan serían multadas con el equivalente a 100 a 500 litros de nafta súper.
En los fundamentos, el bloque del Frente Renovador sostiene que la Provincia de Buenos Aires tiene plena competencia para dictar normas en defensa de los consumidores y promover la transparencia en la comercialización de bienes estratégicos como los combustibles.
