En el marco del plan de privatización de empresas públicas contemplado en la Ley Bases, el Gobierno nacional anunció este jueves que comenzará el proceso para transferir al sector privado el 90% del capital accionario de AySA, la compañía estatal que provee el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien explicó que el traspaso se hará bajo un "esquema mixto", que contempla por un lado una licitación pública nacional e internacional para elegir al nuevo operador, y por otro, una oferta pública inicial para que inversores privados puedan comprar acciones.
"La privatización incluirá a los trabajadores como accionistas a través del Programa de Propiedad Participada, que representa el 10% del capital social de la empresa", detalló Adorni.
Entre los argumentos oficiales, el vocero señaló que desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes estatales por más de 13.400 millones de dólares, al tiempo que denunció un fuerte deterioro de la infraestructura, una dotación de personal sobredimensionada (que creció un 90%) y un aumento de la morosidad al 16%, cuando el promedio solía ser del 4%.
La empresa aparece en la lista de firmas “privatizables” dentro de la Ley Bases, junto a otras como Enarsa, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos e Intercargo. En la Casa Rosada aseguran que “faltaba muy poco” para terminar el pliego de licitación de AySA.
Pese a los cuestionamientos, el Gobierno utiliza como carta a favor un informe interno de la propia empresa que destaca que, tras el aumento tarifario de 2024, AySA logró superávit. Ese dato se presenta ante inversores como garantía de que la firma puede ser una “buena inversión de negocios”.
AySA fue creada en 2006, tras la rescisión del contrato con Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez, que había asumido la operación en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem.
La salida de la concesión privada respondió a incumplimientos contractuales y desvíos en metas de calidad, como la presencia de nitratos en el agua y la falta de presión en zonas clave, lo que motivó la intervención del Estado.
"La privatización de la empresa permitirá modernizar el precio y la calidad del servicio", insistió Adorni, en una retórica que remite a los argumentos de las privatizaciones de los años '90.
