En Luján, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente de Luján, Leonardo Boto, junto a otros jefes comunales de la Provincia de Buenos Aires, firmaron una demanda judicial contra el Gobierno Nacional. La acción busca esclarecer el destino de los fondos destinados a la infraestructura vial, ante el abandono de las rutas nacionales y las graves consecuencias para el desarrollo productivo y la seguridad vial de la región.
La firma de la demanda se produjo en una conferencia de prensa frente a la Basílica de Luján. En ese marco, Katopodis declaró: “Hoy firmamos una presentación judicial para que el Gobierno Nacional explique qué hizo con los $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles, fondos que solo podían destinarse a las rutas, y los $1 billón recaudados con el Impuesto PAIS para obras de infraestructura”.
El ministro subrayó que cada vez que los ciudadanos cargan combustible, un porcentaje de ese pago está destinado por ley al mantenimiento de las rutas, situación que, según él, no se ha cumplido. “Las rutas están en un estado total de abandono”, afirmó.
Además, criticó duramente al presidente Javier Milei, señalando que “es el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución”.
Katopodis destacó que, por decisión del gobernador Axel Kicillof, la provincia continuará trabajando para mejorar las rutas que atraviesan sus municipios. “Lo que pasa por nuestras rutas es una parte crucial de lo que produce el país”, expresó.
La presentación judicial fue acompañada por intendentes de diversas ciudades de la provincia que atraviesan rutas nacionales con obras paralizadas. Entre los firmantes se encuentran los jefes comunales de Escobar, Ariel Sujarchuk; Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; Ramallo, Mauro Poletti; San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi; Mercedes, Mariana San Martín (intendente interina); Carmen de Areco, Iván Villagrán; y Cañuelas, Marisa Fassi, entre otros.
Los fondos recaudados por la Administración Nacional a través de impuestos como el Impuesto a los Combustibles y el Impuesto PAIS deberían destinarse, por ley, al mantenimiento de las rutas. Sin embargo, a pesar de esta obligación, el Gobierno no transfirió los $200 mil millones recaudados por el Impuesto a los Combustibles a Vialidad Nacional. Además, los fondos recaudados mediante el Impuesto PAIS, que debían ser utilizados en obras de infraestructura, fueron desviados.
La Ley 23.966 establece que el 28,58% de lo recaudado debe ir al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, de los cuales la mitad debe ser destinado específicamente a las rutas nacionales. Sin embargo, la falta de ejecución de estos fondos es evidente, con obras esenciales, como la Autopista Presidente Perón y la Ruta 7 entre Carmen de Areco y Chacabuco, detenidas.
El impacto es especialmente grave para la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con más de 4.000 kilómetros de rutas nacionales. En 2024, la inversión de Vialidad Nacional en la provincia cayó un 85,9% en comparación con el año anterior, lo que la convierte en la provincia más perjudicada por los recortes.
A pesar de estos recortes, el Gobierno Nacional no ha reactivado más de 2.300 obras públicas en todo el país desde diciembre de 2023, afectando profundamente el desarrollo de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes.
Katopodis y los intendentes firmantes exigen que la justicia ordene la reactivación urgente de las obras viales, ya que lo que está en juego es la seguridad vial y el desarrollo productivo de las regiones afectadas.
