Un importante operativo de rescate de animales tuvo lugar en el barrio porteño de Constitución, donde la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) recuperó a 39 perros que vivían en condiciones críticas. El allanamiento se realizó en un predio abandonado en la calle Pavón al 1800, tras numerosas denuncias de los vecinos sobre el riesgo medioambiental y de salud pública que representaba el lugar.
Investigación y denuncias vecinales
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal llevó adelante una investigación preliminar, luego de que se confirmara la presencia de 9 personas viviendo en condiciones muy precarias dentro del predio. Entre los ocupantes había dos menores de edad, quienes fueron asistidos y reubicados por los organismos correspondientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
Además, se descubrió que el lugar no solo albergaba a estas personas, sino también a 39 perros, muchos de ellos de raza, en un estado de abandono total, junto con una gran cantidad de residuos acumulados y conexiones clandestinas de electricidad. Estos factores representaban un grave riesgo tanto para el ambiente como para la seguridad de los ocupantes y los vecinos.
El operativo de rescate
El fiscal Carlos Rolero Santurián, en conjunto con la Jueza Rocío López Di Muro, autorizó el allanamiento del predio. Una vez dentro, las autoridades encontraron a los animales en condiciones sanitarias alarmantes, con parásitos y otros problemas de salud. Uno de los perros, una hembra, tenía 7 crías recién nacidas. Todos los animales fueron trasladados a diversas ONGs y hogares de tránsito para recibir atención veterinaria adecuada.
Por su parte, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias clausuró de forma preventiva el inmueble debido a las deficiencias estructurales que presentaba, lo que implicaba un riesgo de derrumbe.
Corte de conexiones eléctricas ilegales
Durante el operativo, la empresa Edesur desactivó varias conexiones eléctricas clandestinas que presentaban un alto riesgo de electrocución e incendios. Estas instalaciones ilegales incrementaban el peligro en el área, no solo para los ocupantes del predio, sino también para los vecinos colindantes.
Finalmente, la fiscalía ordenó la clausura judicial del lugar, además del inmediato saneamiento del predio y la remoción de los elementos contaminantes que afectaban tanto la seguridad como la salud pública.
