El presidente Javier Milei anunció este viernes que vetará la Ley de Financiamiento Universitario sancionada anoche por el Senado. La confirmación llegó tras respaldar los dichos del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó varios aspectos de la ley. “Veto total”, escribió Milei en sus redes sociales, dando por hecho que rechazará la normativa.
Álvarez, en una entrevista con Radio Mitre, se refirió a la ley aprobada y expresó: “Ya lo dijo el Presidente: cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal será vetada”. Además, aclaró que la ley tiene dos partes: una sobre gastos de funcionamiento, que calificó como “abstracta”, ya que “estos gastos ya están equilibrados, con un aumento del 270% en las universidades, como solicitó el CIN”.
Alejandro Álvarez también mencionó que la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibe un aporte especial del Estado para mantener sus hospitales, refuerzo que “se está pagando sin demoras”. Según explicó, los fondos destinados a la UBA son esenciales para el funcionamiento de los servicios básicos, como el pago de luz y otros servicios.
Artículos Problemáticos:
El subsecretario señaló que el artículo más preocupante de la ley es el que aborda la actualización de los salarios del personal universitario. “Este artículo es un claro ejemplo de populismo legislativo”, afirmó. Además, precisó que el proyecto presenta problemas técnicos, como la falta de una fuente de financiamiento, violando la Ley de Administración Financiera.
“Haciendo números, si consideramos que la actualización salarial se aplicaría desde diciembre, estaríamos hablando de un costo de 1.2 billones de pesos, algo completamente inviable”, explicó Álvarez. A su vez, destacó que la medida interfiere con las paritarias abiertas que el gobierno viene manteniendo con los sindicatos, donde se han ido ajustando los salarios de manera gradual.
Votación en el Senado:
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en el Senado con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Entre los apoyos más destacados estuvieron los de legisladores del PRO como Guadalupe Tagliaferri, el jefe de la bancada Luis Juez y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que la pampeana Victoria Huala se abstuvo de votar. En tanto, los senadores Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli votaron en contra.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley prevé una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, con un impacto presupuestario estimado en $738.595 millones, equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI).
El proyecto establece que los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades serán actualizados en 2024 según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023. Posteriormente, estos montos serán ajustados bimestralmente, descontando los aumentos ya otorgados en el año.
