En este sentido, la Defensoría envió pedidos de informes a las empresas y a Equifax S.A -la firma tras el Veraz- para que den detalles del acuerdo, el proceso por el cual se informa a los usuarios con deudas y bajo qué normativa se llegó a esta situación, teniendo en cuenta que el procedimiento no se encuentra regulado en el contrato de concesión del servicio.
Esto se suma al pedido de informes que había mando el organismo al ENRE, para conocer en detalle sobre por qué se habilitó este acuerdo, además de pedirle que amplíe la resolución con la que le prohibió a Edenor y Edesur a denunciar en el Veraz a los usuarios que tengan reclamos iniciados ante el Ente pendientes de resolución y hayan efectuado pagos a cuenta, para que las prestatarias directamente eliminen de este sistema a todos los deudores.
“Debemos garantizar que los usuarios tengan acceso a este derecho básico. En un contexto de crisis, con un servicio cada vez más caro y con deficiencias, utilizar el Veraz para perseguirlos y generales complicaciones para financiarse es una falta de sentido común que debe corregirse”, finalizó Lorenzino.