En el escrito, las legisladoras massistas señalaron que es “intolerable” e “inconcebible” que los usuarios deban pagar una suma adicional respecto de las boletas que ya cancelaron.
Señalaron que es incomprensible que “un usuario que siempre pagó lo que de buena fe entendió corresponder acorde con las boletas que le enviaba la propia prestadora del servicio, tenga que aceptar poco tiempo después que, en realidad, era un moroso porque sus pagos, que no eran sino efectuados de una sola vez y por los importes referidos en las boletas recibidas, no tenían valor cancelatorio”.
“Adiós, adiós seguridad jurídica, adiós Constitución, adiós principio de inviolabilidad de la propiedad, adiós principio cancelatorio del pago, adiós respeto de los ciudadanos, adiós buena fe y principios que las leyes consagran para defender a usuarios y consumidores frente a actos como el que provocan esta actual repulsa general”, ironizaron.
Para las diputadas, la medida incurre en una “ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, dado que efectúa una actualización improcedente retroactiva”.
En ese sentido, argumentaron que “los pagos efectuados por los usuarios produjeron efectos cancelatrorios definitivos, que lo liberaron de su obligación”.
“La fijación del tipo de cambio responde a resultados no ya ajenos a los consumidores, sino en gran medida atribuibles al Gobierno”, concluyeron.
