En este sentido, Beraldi agregó: “Una vez más se pone en claro que estamos ante una farsa y no un procedimiento judicial.
Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y a requerir el juicio político del magistrado”.
El abogado consideró además que su exclusión del procedimiento va en contra de lo que aprobó el Senado el último miércoles, cuando autorizó al juez a realizar los allanamientos en los domicilios de la ex mandataria en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública.
Según sostuvo Beraldi, se trata de “una clarísima arbitrariedad e ilegalidad del procedimiento, que contraría expresamente lo que el Congreso de la Nación aprobó”.
“El Senado hizo específicamente mención de que el abogado defensor iba a estar dentro del edificio para controlar, y el juez evitó que la defensa cumpla con su trabajo”, agregó el abogado defensor de Cristina Kirchner.
En declaraciones a la prensa, Beraldi relató que fue él quien abrió la puerta del departamento ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay para que ingresaran los efectivos de la Policía Federal, pero que después -y a raíz de un llamado telefónico al encargado del operativo- le prohibieron entrar por orden del juez.
“Indudablemente aquí no se quiere hacer ninguna inspección. Aquí se quiere hacer una farsa en donde el juez, una vez más, muestra la ilegalidad de su procedimiento”, disparó el abogado encargado de la defensa de la senadora nacional.
Un día antes de la sesión en la que el Senado autorizó por unanimidad los allanamientos, Cristina Kirchner había requerido que se le reclamara al juez la presencia de sus abogados en el departamento cuando se desarrollara el procedimiento.
Sin embargo, los requerimientos de la senadora no fueron incluidos en el dictamen que se aprobó, dado que 47 senadores votaron a favor de mantener el documento original y solo 20 votaron por incluir los pedidos de la ex presidenta.
El argumento esgrimido por Cambiemos y la mayoría del Bloque Justicialista para rechazar la inclusión en el dictamen de las condiciones que solicitó la ex mandataria fue que estaban comprendidos en el punto dos del documento.
En ese inciso, los senadores le recordaron al juez que el procedimiento debía realizar el procedimiento “con la debida diligencia, prudencia y decoro, tutelando los derechos y garantías constitucionales involucradas, en particular el derecho a la intimidad”.
