Para los jueces de la Corte, que reconocen las “dificultades” que afrontan las finanzas provinciales, la situación salarial “desconoce la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y el derecho a la justa retribución de funcionarios y agentes”.
En ese sentido, remarcan que “pese a lo avanzado del año, las negociaciones paritarias del sector de los agentes judiciales no han concluido” y advierten por “los efectos, de la inflación, que, como es de público y notorio, este año ha de ser mayor a la pauta inicial retributiva del 15%”.
En el cuarto considerando de la resolución, los miembros del máximo Tribunal de justicia provincial se hacen eco de la “brecha salarial” respecto de los miembros de la justicia nacional y federal, que sitúan en el orden del 40 por ciento, aunque, remarca, “en el caso de los jueces, supera con holgura ese porcentaje”.
Ese contraste se acentúa, siempre según la Suprema Corte, al comparar los incrementos salariales del año en esos ámbitos, habida cuenta de que “para todos los niveles que acumulados sobrepasan el 15%”, mientras que para el Poder Judicial de la Provincia “ha sido del 3 % a partir de enero y llega sólo al 7 % a partir de marzo, pese a que la inflación correspondiente al primer semestre del año ha de ser del doble de este guarismo”.
A nivel general, la Corte bonaerense objetó “la subsistencia de un sistema que habilita al Poder Ejecutivo a fijar las retribuciones de los miembros de Poder Judicial” que, asegura, “arroja como resultado el deterioro salarial”, y advierte que puede generar, a la postre, “juntamente con la ausencia de autarquía (económica) judicial, un menoscabo al servicio de justicia, que es consustancial al Estado de Derecho”.
Por eso, “reitera la necesidad de que los sueldos de los magistrados, funcionarios y agentes judiciales correspondientes al año en curso ponderen los valores inflacionarios informados en el índice de precios al consumidor del INDEC”.
