Según consta en la presentación de la Fiscalía, realizada el pasado viernes y difundida hoy por el sitio oficial del Ministerio Público, las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida.
La Fiscalía federal, por lo demás, argumentó sobre la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos.
“Los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”, indicó Rapoport en su pronunciamiento.
La demanda había sido presentada en 2007 en los tribunales de Tierra del Fuego, que es la jurisdicción a la que pertenecería Malvinas, a partir de la denuncia de Pablo Vassel, entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes, en base a testimonios de ex combatientes conscriptos sobre hechos delictivos como homicidios, abandono de personas seguido de muerte, torturas, vejámenes, coacción, amenazas y lesiones graves.
