Precisó que ese cuerpo quedará provisoriamente conformado por un representante del Ministerio de Trabajo de la Nación y otro de la cartera laboral bonaerense.
En su resolución, Kreplak dispuso entonces "suspender en el ejercicio de sus funciones estatutarias a la totalidad de las autoridades integrantes de los órganos de gobierno, administración y fiscalización del SOEME cuyo mandato se encuentre vigente, hasta tanto se disponga el cese de la intervención judicial".
"Dicho cuerpo atenderá a la administración de la asociación sindical, de modo diligente y transparente. Deberá, asimismo, colaborar eficientemente con la investigación en estas actuaciones y en todas aquellas en las que sea requerida por la autoridad competente. Finalmente, deberá avanzar hacia la normalización definitiva del funcionamiento de la entidad sindical, procurando hacerlo en el menor plazo posible", indicó.
El magistrado reveló en su fallo que, tras la detención de Balcedo en Uruguay el pasado 4 de enero, hizo una presentación en el Juzgado Mirta Susana Mariño, "invocando el carácter de Secretaria General del SOEME": sostuvo que el 22 de diciembre anterior se había aprobado la "licencia" de Balcedo en el cargo a nivel nacional, no así el que simultáneamente ostentaba como secretario general de la Delegación Provincia de Buenos Aires.
Al ordenar la intervención, Kreplak señaló que "el respeto estricto al principio de libertad sindical, según el cual el Estado reconoce a los trabajadores el derecho a organizarse libremente en defensa de sus intereses, encuentra un correlato necesario en la intervención excepcional de los poderes públicos cuando la actividad de los representantes sindicales alcanza niveles de infracción normativas de la máxima gravedad".
Apuntó además que, a partir de la pluralidad de jurisdicciones comprendidas por la actividad del SOEME, "resulta necesario involucrar autoridades de distintas jurisdicciones", principalmente en Buenos Aires, "toda vez que si bien SOEME resulta una asociación sindical con representatividad nacional, su ámbito de actuación de mayor relevancia interna y externa resulta el de la provincia mencionada" y además es allí "en cuya administración directa se habrían cometido los delitos" investigados.
En la resolución, Kreplak remarcó que no sólo Balcedo es "el principal sospechoso de haber conducido esas maniobras delictivas al menos hasta el 22 de diciembre último", sino que "buena parte de las restantes autoridades de la nómina actualmente vigente revestían cargos de relevancia en el período anterior, en el cual se inscribieron los hechos probados".
"Con el grado de provisoriedad propio de la actual etapa procesal, pero de conformidad con elementos probatorios contundentes, se advierte que al menos desde el año 2012 y hasta una fecha que habrá de determinarse durante la continuidad de la presente investigación, el SOEME fue víctima de graves maniobras defraudatorias", apuntó.
Kreplak incluyó además en su fallo la desgrabación de extractos de escuchas telefónicas en la que empleados administrativos del SOEME revelan maniobras para borrar pruebas en el sindicato en los días inmediatos previos y posteriores a la detención de Balcedo.
"Ello, sumado a la aparente continuidad de las autoridades de la Delegación Provincia de Buenos Aires –directamente perjudicada en el caso-, tornan necesario adoptar una medida cautelar con el propósito de lograr la colaboración efectiva en la investigación judicial de la que el SOEME habría sido víctima o, cuanto menos, evitar su entorpecimiento", apuntó el juez.
El magistrado también remarcó que la medida apunta a "hacer cesar los delitos que eventualmente pudieran continuar cometiéndose" y reveló que dialogó con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense sobre las auditorías puestas en marcha "a efectos de investigar la posible responsabilidad de funcionarios o empleados de esa Dirección en razón de diversas presentaciones recibidas por parte de agentes que niegan haberse afiliado a la entidad sindical, pese a lo cual vienen sufriendo descuentos como si lo hubiesen hecho".
El juez federal de La Plata ya pidió a la Justicia uruguaya la extradición de Balcedo y de su esposa, Paola Fiege, para que sean juzgados en la Argentina y reclamó además al vecino país la repatriación de todos los bienes confiscados al sindicalista, luego de que fuera detenido en su chacra de Playa Verde, en el departamento de Maldonado, entre ellos autos de alta gama, propiedades, terrenos y 7,5 millones de dólares en efectivo hallados en cajas de seguridad.
En la causa se investiga la puesta en circulación en el mercado formal de una importante cantidad de bienes que habrían sido adquiridos con capital obtenido por "diversos hechos ilícitos", a través de maniobras en las que también habría intervenido la mano derecha de Balcedo y prosecretario del SOEME, Mauricio Yebra, también detenido.
Yebra fue la persona que hizo retiros por 53 millones de pesos de la cuenta del Banco Columbia del SOEME entre el 2012 y el 2013, a raíz del poder que le había otorgado Balcedo para operar en su supuesto vaciamiento.
"Luego, a partir de la carencia absoluta de documentación respaldatoria de la licitud de las erogaciones que eventualmente debían haber sido cubiertas conforme a los fines propios de la entidad, se perdía el rastro de los fondos. En cambio, se registraba su uso en asientos contables globales de imposible determinación. Finalmente se observa, tiempo después, el ingreso de dinero sin justificación suficiente en el patrimonio del imputado", indicó Kreplak.
