De acuerdo a la denuncia, el imputado, que en ese momento cursaba el último año del secundario, llamó junto a un compañero de curso al 911 y al colegio "Nuestra Señora del Milagro", donde estudiaban, para advertir que había un supuesto artefacto explosivo.
La Justicia pudo determinar que ambas comunicaciones telefónicas se hicieron en la mañana del 17 de julio de 2015 desde un celular y desde una de las líneas de la misma institución educativa.
El edificio ubicado sobre Mariano Acosta al 195, en el barrio porteño de Vélez Sarsfield, debió ser evacuado, "tanto el plantel docente y no docente como de los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario", es decir un total de 560 personas de entre 3 y 93 años.
Al lugar llegaron además efectivos de la Brigada de Detección de Explosivos de la Superintendencia Federal de Bomberos, quienes debieron inspeccionar los tres niveles del establecimiento hasta descartar la presencia de material explosivo.
La directora del colegio decidió expulsar a los dos alumnos y a partir de ahí se inició un proceso judicial que estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres en primera instancia y luego de su colega Bertuzzi.
Durante las audiencias, la abogada del acusado propuso que su defendido realice tareas en el comedor comunitario de la Basílica San José de Flores, a razón de seis horas mensuales durante un año.
En tanto, la auxiliar fiscal Liliana Ormachea, pidió que también haga un curso coordinado por la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con el Departamento de Bomberos de la P.F.A., el servicio de emergencias 911 y el SAME, informó el Ministerio Público Fiscal.
"Entiendo que lo peticionado por el imputado y su defensa resulta procedente. Se tiene en cuenta para ello la buena impresión causada por el imputado durante la audiencia, su edad, su situación familiar, y la carencia de antecedente penales, todo lo cual torna viable la concesión del beneficio solicitado", resolvió Bertuzzi.
El joven deberá entonces cumplir con tareas no remuneradas durante un año y asistir al curso orientado a concientizar "acerca de la gravedad de hechos" como el investigado.
