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Amenazas de bomba: hay 1.505 casos verificados en la provincia

En lo que va del año hubo 1.505 casos de amenazas de bomba a escuelas bonaerenses verificados, lo cual es “una cifra excepcional” frente a los que se registraron el año pasado, afirmó el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, en tanto ya hubo siete adultos imputados y casi 100 menores identificados.
Entre los municipios con más casos, el procurador señaló al de Morón y que, en 2016, los hechos de intimidación pública -figura legal para hablar de las amenazas de bomba- eran una parte marginal de los 480 casos de denuncias contra la administración pública que se registraron a lo largo del año.

“Tenemos siete casos de imputados mayores, 46 menores imputables (mayores de 16 y menores de 18), 52 inimputables y un mayor con problemas psiquiátricos, también inimputable”, dijo al Diario Popular Conte Grand.

El procurador no descartó intenciones políticas ya que también las amenazas pudieron haber sido causadas por “otras circunstancias”, pero afirmó que “hay claramente un aprovechamiento ulterior”.

“Tenemos al momento siete imputados mayores, pero no tenemos verificado que sean personas con vinculación política ni administrativa al nivel de sistema docente. Estamos trabajando en ello”.

La investigación “avanza además en la instigación o la coparticipación de adultos en el delito, en la medida que identificamos que se les otorgaban a los menores los elementos necesarios para cometerlo”, acotó.

“En principio, muchos de los menores inimputables, según lo que nos dicen nuestros fiscales, son chicos que habrían actuado para evitar un examen o por hacer una broma, pero no estoy seguro que esto haya sido así en todos los casos”, dijo.

También informó que está determinada “la existencia de siete teléfonos que concurren respecto de una red de teléfonos que han provocado estas amenazas. Pero no es una cantidad significativa respecto del total de los 1.505 casos”.

Respecto del gasto que se destina en los operativos de búsqueda de explosivos, aclaró que existe “un costo directo de entre 30 y 50 mil pesos, a lo que habría que sumar el costo para el poder judicial. También hay gastos improductivos que implican la afectación de recursos que pueden llevar a unos 100.000 pesos”.

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