Fuentes judiciales informaron a Télam que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro lo condenó por unanimidad a seis años de prisión y de inhabilitación como coautor del delito de “lesiones graves agravadas por integrar una fuerza de seguridad”.
Además, los jueces Verónica Di Tommaso, Marcelo García Helguera y Maximiliano Savarino condenaron al policía Gustavo Leonel Castillo (36) a la pena de cinco años y seis meses por el mismo delito, ya que también atacó al empleado de una distribuidora de harinas, identificado como José Máximo Ojeda (58).
Según las fuentes, ambos continuarán en libertad hasta que el fallo quede firme debido a que llegaron a la instancia del debate en esa condición.
Durante los alegatos, el fiscal Raúl Casal había solicitado al TOC 3 que sean condenados a seis años y medio, mientras que la abogada María del Carmen Verdú, representante de la víctima y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi), requirió 10 años de encierro.
“Hay que destacar haber obtenido estas condenas en la coyuntura actual dado que el gobierno nacional y provincial están abroquelados en defender a las fuerzas de seguridad”, dijo a Télam la letrada.
El hecho ocurrió el 13 de octubre del año pasado en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, donde la víctima trabajaba como repartidor de harinas.
En esa ocasión, Ojeda salía de la empresa para la que trabajaba a bordo de una camioneta pero la salida estaba obstaculizada por el móvil del COT conducido por Sosa, el cual tenía como compañero al policía Castillo.
El hombre le pidió al ex sargento Sosa si podía correr el vehículo pero ante la negativa hizo un gesto de queja y pasó con la camioneta por el costado, lo que motivó la reacción del empleado municipal.
“Sosa le pidió el registro para hacerle una multa y Ojeda se negó, ahí es cuando le empezó a pegar violentamente y Castillo en vez de apaciguar le dio un culatazo en la cabeza que le provocó un corte muy profundo”, relató Verdú, quien añadió que la víctima sufrió fractura de tibia y peroné.
La abogada recordó que un joven que pasó por el lugar grabó con su teléfono celular parte de la secuencia del hecho, cuyas imágenes fueron fundamentales para que Ojeda recupere la libertad y comiencen a ser investigados los ahora condenados.
“Sosa fue sargento en Tigre hasta que en mayo de 2016 lo pasaron a retiro, casi inmediatamente entró al COT hasta que en octubre hizo esto”, indicó.
El 6 de febrero de 1999 “El Frente” Vital se había escondido en un asentamiento de San Fernando tras un asalto a una ferretería pero el ex policía lo encontró y lo mató de cuatro balazos.
Sosa fue detenido en agosto del 2000 y la causa fue elevada a juicio por “homicidio simple” pero el debate nunca se realizó porque una semana antes que comience se pactó un juicio abreviado (tres años por “exceso en la legítima defensa”.
Sin embargo, el TOC 1 consideró que quiso defenderse y lo absolvieron, por lo que la familia apeló a Casación que declaró todo nulo y ordenó un nuevo juicio oral.
Las fuentes agregaron que el debate se realizó en mayo de 2005 y el TOC 3 de San Isidro, compuesto por otros jueces, lo absolvió.
Vital comenzó a ser venerado en las villas como un santo popular ya que se había ganado fama en la zona por distribuir sus botines, como un Robin Hood local, y su vida fue recordada en el libro “Cuando me muera quiero que me toquen cumbia”, del periodista Cristian Alarcón.
En tanto, Sosa continuó ejerciendo sus funciones como policía y a fines de 2006 estuvo involucrado en otro caso denunciado como de “gatillo fácil” de dos jóvenes, llamados Jonathan Lorenzo (19) y Jorge Martínez (24).
Verdú dijo que ambos recibieron tres balazos en la espalda y en la nuca durante una persecución en el partido bonaerense de Vicente López pero ni siquiera llegó a juicio ya que fue sobreseído en la etapa de instrucción.
“Es bastante absurdo que lo condenen por una pierna rota habiendo tres cadáveres pero hace dieciocho años que lo perseguimos y por lo menos hoy Sosa va a pensar por primera vez que puede estar en la cárcel si la sentencia queda firme”, concluyó la abogada de Correpi.
