La iniciativa va en sintonía con la ley nacional, cuyo autor fue Sergio Massa, y busca convertir a la víctima “en parte”, para lo cual propicia una modificación al Código Procesal Penal, al Código de Ejecución Penal y a la Ley de Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
La finalidad de la propuesta es que la víctima tenga derecho a intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal, garantizarle el trayecto seguro y gratuito para hacer la denuncia y que cuente con medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés.
Gutiérrez destacó que “tenemos obligación de aprobar la nueva ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires cuanto antes y en el nuevo Presupuesto, que se votará a fin de año, debe ser una prioridad asignar los fondos que hagan real la defensa de las víctimas”.
“Según el nuevo esquema legal, se establecen tres niveles de protección para quien haya sido víctima de un delito: la asistencia gratuita en todos los casos, la creación del cuerpo de abogados defensores de la víctima y la instalación progresiva de centros de atención multidisciplinarios”, detalló el legislador.
Consideró que "en el sistema actual la víctima posee muy pocos derechos y no puede ser parte, es decir, su opinión no es tenida en cuenta, ni tiene la capacidad de pedir la revisión de la puesta en libertad de los imputados" y resaltó que como novedad el proyecto "proporciona al Fiscal 'Medidas de Rápida Intervención', para ello contará con partidas de fondos que le permitirá, por ejemplo, hacer estudios a las víctimas en caso de violación, asistir con medicamentos o disponer el hospedaje urgente en caso de maltrato y violencia”.
La iniciativa elimina todo trámite burocrático, comenzando por la denuncia la cual podrá ser recibida en el domicilio de la víctima y todos los procesos urgentes, como pericias y revisaciones, podrán hacerse en el centro de atención de las víctimas.
La gobernadora María Eugenia Vidal envío el año pasado dos proyectos de ley a la Legislatura bonaerense para otorgar mayor respaldo judicial a quienes sufren hechos delictivos.
Una de las iniciativas, que aún no avanzó en la Cámara, propicia la modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires para “potenciar el rol de la víctima dentro del proceso penal, cumpliendo así con aquellos estándares y exigencias constitucionales e internacionales, brindándoles a las víctimas del delito diversas herramientas procedimentales que le permitan un rol con mayor protagonismo, coadyuvando con el Estado en el control del proceso”.
Ese proyecto profundiza los derechos y atribuciones de la víctima a lo largo del proceso penal y habilita a la víctima a intervenir en la etapa de ejecución y le da la posibilidad de expresar su opinión respecto de las resoluciones de sobreseimiento, de aplicación del instituto de juicio abreviado y del cómputo de la pena.
También se la incluye para que pueda participar de la discusión final del debate, asignándole el primer lugar en el orden de exposición; se les garantiza a quienes sufren el accionar delictivo un trato “digno y respetuoso”, a la vez que se avala que los damnificados puedan lograr información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación.
A la vez, busca que las molestias que sufran quienes padezcan actos delincuenciales sean “mínimos” y que se resguarde la intimidad de las personas y sus datos no se hagan públicos en el proceso, salvaguardando la seguridad de las víctimas y testigos, quienes pueden servir para alcanzar la verdad sobre diversos hechos delictivos.
Otra de las cuestiones que busca modificar es darle la chance a los damnificados de reclamar por demoras en las causas o ineficiencia por parte de los jueces y funcionarios judiciales en el transcurso de la investigación.
A la vez, Vidal busco modificar la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad con el propósito de brindarles a las víctimas “diversas herramientas procedimentales que permitan un rol con mayor protagonismo, coadyuvando con el Estado específicamente en la etapa de ejecución de la pena”.
Allí se cambia el artículo 3 de la Ley de Ejecución Penal y se determina que las resoluciones se adoptarán oralmente, previa audiencia pública y contradictoria, con la participación del imputado, su defensa, el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado.
