Los nombres de los represores exonerados (que estaban registrados como retirados), además de Etchecolatz, son: Carlos García, Horacio Elizardo Luján, Bernabé Jesús Corrales, Fernando Svedas, Miguel Gerónimo Kearney, Raúl Orlando Machuca, Sergio Arturo Verduri, Pedro Antonio Ferriole, Mario Víctor Nicodemo Sita, Luis Vicente Patrault y Santiago Antonini.
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, justificó la decisión al sostener que no podía “dejar a estas personas con estado policial, ya que era una falta de respeto a la democracia y un mal ejemplo para la fuerza”.
De acuerdo a lo informado por el Poder Ejecutivo provincial, el pedido de exoneración había sido planteado por diferentes organismos de Derechos Humanos, tras conocerse el informe de una investigación administrativa que Asuntos Internos inició el año pasado, en donde se verificó que los represores seguían integrando la fuerza.
El secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, valoró la medida pero aclaró: “Que hayan pasado más de 30 años para exonerar a Etchecolatz, uno de los peores símbolos de la dictadura, es la evidencia de lo mucho que falta por hacer”.
Etchecolatz había apelado la medida, que supone la separación definitiva de la fuerza, pero su presentación fue rechazada.
Al recibir el expediente en la que se le informaba acerca de la exoneración, el expolicía firmó como “prisionero de guerra”.
Etchecolatz fue condenado en seis oportunidades como responsable de delitos de lesa humanidad: la primera de ellas fue en 1986.
Fue jefe de Investigaciones de la Bonaerense y mano derecha del por entonces jefe de la fuerza, Ramón Camps, a quien reemplazó en 1977.
Según pudo comprobarse en los juicios en su contra, Etchecolatz fue responsable directo de al menos 21 centros clandestinos de detención y tortura en la provincia de Buenos Aires.
Fue condenado por desapariciones, asesinatos, torturas, secuestros, apropiación de identidad, robo de bebés, entre otros crímenes de lesa humanidad.
Jorge Julio López, una de las víctimas de Etchecolatz, desapareció el 18 de septiembre del 2006, pocos días después de brindar testimonio ante un tribunal de La Plata que juzgada al represor.