Sin embargo reclamó modificaciones como la tipificación de los delitos que serán castigados y la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para confeccionar "una ley justa y técnicamente lo más cercano a la perfección posible".
En sintonía con el resto de los expositores, Funes de Rioja pidió volver a tomar el texto original del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y no el aprobado por la Cámara de Diputados y mencionó la eximición de responsabilidad en los casos de que exista un programa de integridad en las empresas como un factor que debe ser tenido en cuenta.
Alejandro Díaz, representante de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, subrayó que valoran que "exista una discusión sobre prácticas corruptas que busque reducir a su máxima expresión estos hechos" pero señaló que "muchos de los objetivos que estaban planificados no se están cumpliendo" como el incentivo a las inversiones.
Díaz mencionó la necesidad de que se castigue la responsabilidad subjetiva y no objetiva (si el delito lo cometió el empleado de una empresa o la empresa en sí) y la "desproporcionalidad de multas que no está vinculada el beneficio obtenido (mediante el ilícito) sino a la ganancia de la empresa", algo que calificó como una cuestión que "desincentiva y genera inequidad".
Juan Manuel Vaquer, prosecretario de esa entidad, recalcó que “el hecho de no establecer un régimen de responsabilidad subjetiva, sino hacerlo de manera objetiva como está redactado en la norma, no promueve y no incentiva las buenas prácticas porque trata a todos de la misma manera”.
El secretario de la Cámara Argentina de la Construcción, Julio César Crivelli, expresó que la normativa “es imprescindible para Argentina si queremos que Argentina se integre al mundo” y sostuvo que "todo el sector empresario tiene entusiasmo por la ley".
Sin embargo, coincidió con sus colegas al remarcar que "los sistemas objetivos en el derecho penal moderno no existen más; no se puede castigar a alguien objetivamente" y señalar que debe haber "coordinación con la ley penal tributaria y la ley aduanera" por lo que debe "trabajarse" la propuesta más profundamente.
María Elena Casasnovas de Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), consideró que el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo "cumplía con los objetivos de combate a la corrupción" pero con las modificaciones hechas en la Cámara de Diputados ha incorporado "deficiencias".
"El artículo primero, por ejemplo, ha quedado desarticulado del resto del texto. Hay que tipificar los delitos porque sino estaríamos hablando de una reforma amplia del Código Procesal Penal", enfatizó, y cuestionó las multas en base a los ingresos.
El presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Javier Goñi, dijo que celebran "el espíritu de esta norma” porque “está en línea con todas las empresas que forman parte de nuestra institución” pero insistió con la necesidad de modificar los puntos que podrían generar "competencia desleal o desinversión".
Hernán Lacasa, también de IDEA, advirtió en el mismo sentido que se debe "resolver si se quiere castigar a las empresas siempre o sólo cuando se portan mal" ya que "si lo que se pretende es hacer un cambio sustancial, y que las empresas colaboren, es indispensable volver al criterio de responsabilidad subjetiva; volver a la versión que figuraba en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”.
