Ambos están acusados por los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2016, de los que fue víctima el trabajador de la industria de la harina José Ojeda, por entonces de 57 años.
El obrero pidió a los policías que corrieran el móvil 183 del Comando que obstaculizaba la salida de vehículos de la distribuidora de harina en la que trabajaba, lo que derivó en que Ojeda resultara golpeado por los uniformados y sufriera, entre otras lesiones, fractura de tibia y peroné derechos.
Ojeda y otros dos empleados fueron detenidos y se inició una causa por "atentado y resistencia a la autoridad", pero una filmación casera captada por un vecino demostró que, en rigor, habían sido ellos las víctimas de la agresión policial.
Los agentes fueron imputados por "lesiones graves, calificadas por su condición de miembros de una fuerza de seguridad", pero ayer, sobre el cierre del horario de atención al público, el defensor particular de Sosa renunció a su cargo.
El policía quedó entonces asistido por un defensor oficial, quien pidió la postergación del inicio del debate para interiorizarse de la causa, lo que fue concedido por el tribunal.
La CORREPI, que asiste al damnificado Ojeda, denunció que la postergación responde a una "maniobra que busca la impunidad de los represores".
La organización recordó, además, que el imputado Sosa estuvo imputado por sendos casos de supuesto "gatillo fácil" en 1999 y 2006, pero resultó "absuelto por esta justicia que rara vez condena a los servidores públicos de sus gobiernos".
