La caída de los presupuestos universitarios, el deterioro de los salarios y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario fueron los principales temas de una reunión entre Sergio Massa y rectores de distintas universidades nacionales, realizada en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Durante el encuentro, las autoridades universitarias plantearon las dificultades que atraviesan las instituciones y analizaron las consecuencias del recorte de fondos para su funcionamiento. También abordaron la situación de los trabajadores docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y la paralización de obras de infraestructura.
El presupuesto universitario y la pérdida salarial
Según los datos expuestos en el marco de la reunión, desde diciembre de 2023 las universidades nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%. En el mismo período, el personal docente y no docente registró una pérdida superior al 30% de su poder adquisitivo.
Otro de los puntos centrales fue la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso con mayoría agravada. La normativa tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del sistema universitario, pero, de acuerdo con lo planteado durante el encuentro, el Gobierno nacional todavía no la implementó.
La discusión también incluyó el atraso en los montos de las becas para estudiantes y la interrupción de obras de infraestructura que se encontraban en marcha.
El conflicto judicial por la ley universitaria
Las universidades nacionales, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), recurrieron a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la normativa.
Según el material difundido sobre el encuentro, el sector obtuvo una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios y los montos de las becas. Sin embargo, el cumplimiento de esas disposiciones continúa siendo objeto de reclamo.
Además, las instituciones consiguieron un pronunciamiento de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Pese a esos avances judiciales, las universidades mantienen el pedido de aplicación inmediata de la ley, en un escenario atravesado por la discusión sobre los recursos destinados al sistema, los ingresos de sus trabajadores y las condiciones de funcionamiento de las casas de estudio.
