“Hemos desbaratado a la totalidad de una banda que se organizó para robarle al Estado durante la época del cepo cambiario. Formaron 55 empresas fantasmas para fugar del país más de 300 millones de dólares”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y agregó: “Cuando las reglas son más transparentes hay menos oportunidades para la corrupción”.
Participaron de la conferencia de prensa los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo Milman; la subjefa de la Policía Federal, Mabel Franco; el subdirector general de Control Aduanero, Pablo Allievi, y el fiscal federal a cargo de la PROCELAC, Gabriel Pérez Barberá.
A partir de una denuncia que realizaron el titular AFIP, Alberto Abad, y la Aduana, efectivos del Departamento Delitos Federales de la Policía Federal, con la colaboración de personal de AFIP y PROCELAC, llevaron a cabo 23 allanamientos simultáneos en depósitos ubicados en los barrios de Once y Flores, oficinas del microcentro porteño y domicilios del conurbano bonaerense.
El resultado: la detención de diez personas involucradas en maniobras de ingeniería contable que, entre los años 2012 y 2015, superaron los 300 millones de dólares y la incautación de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero.
“La investigación nos permitió detectar maniobras de comercio exterior que evidenciaban significativas diferencias entre las operaciones declaradas y los envíos girados al exterior”, expresó el subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi. Y añadió: “Lo que buscaban era acceder a un dólar con un valor inferior al del mercado”.
Estos procedimientos fueron consecuencia de una exhaustiva pesquisa que dio cuenta del accionar de la banda. Se trataba de una asociación ilícita que simulaba transacciones de comercio exterior para conseguir dólares baratos durante la vigencia del control de cambios, a través de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI); operaciones que no se veían representadas en importaciones.
Así, mediante el pago de sobornos y la formación de al menos 55 empresas fantasmas, constituyeron toda una red destinada al contrabando y a la fuga de divisas en transferencias hacia el exterior, principalmente hacia China.
Por su parte, el fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Gabriel Pérez Barberá, destacó “el gran trabajo conjunto en esta causa contra delitos de cuello blanco”. “Es importante enfatizar el aporte del Juzgado, el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y la Aduana”.
Las DJAI eran finalmente utilizadas por otros importadores que ocultaban la verdadera mercadería que ingresaba al país con el objeto de pagar menos tributos al fisco. Entre el material decomisado, se encuentran 26 computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, dinero en efectivo y documentación de vital interés para la causa.
Intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8 de Gustavo Meirovich, a través de la Secretaría N° 16 de Lorena Di Girónimo.