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10.07.2017 - 18:48

Bonadio procesó a De Vido por irregularidades en subsidios al gasoil para empresas de colectivos

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y le trabó un embargo por 1.000 millones de pesos, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los subsidios al gasoil entregados a empresas de transporte de colectivos entre 2007 y 2012.
Bonadio procesó a De Vido por irregularidades en subsidios al gasoil para empresas de colectivos
En la misma resolución fueron procesados los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los exintegrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes también se le fijaron embargos sobre sus bienes de hasta 900 millones de pesos.

Para todos ellos se estableció la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse ante el Juzgado el primer día hábil de cada mes y concurrir a los Tribunales de Comodoro Py para notificarse de la medida y el embargo dentro de las próximas 72 horas.

Bonadio consideró probado que “entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”.

Por ello, ocasionaron un “perjuicio” a las arcas del Estado Nacional por “aproximadamente de 609.326.186 de pesos, indicó Bonadio en su fallo, en el que los acusó de poner en funcionamiento y sostener en el tiempo, un sistema “destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad”.

El nuevo procesamiento contra De Vido se produce luego de que del juez federal Luis Rodríguez pusiera un freno al pedido del fiscal Carlos Stornelli para pedir su desafuero en la Cámara de Diputados y su detención por un fraude contra el Estado de al menos 264 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio.

Bonadio advirtió ahora que el sistema investigado consistía en que “se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes”.

“La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014”, concluyó el juez, que advirtió además que “en el 82 por ciento de los casos las auditorías de la CNRT detectaron que las empresas recorrían un kilometraje inferior al que se estaba declarando hasta ese momento para el cálculo del subsidio”.

Hasta tanto las empresas se sometieran al control de la tarjeta SUBE y un GPS en casa unidad, los subsidios se entregaban de dos formas: en dinero y en cupos de gasoil a precio diferencial al de la puesta a venta en el mercado.

“Jaime, con la anuencia del Ministro de Planificación Federal, se encargó de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal, que fue luego mantenido por los siguientes Secretarios”, sostuvo Bonadio.

La falsedad en los kilómetros declarados se produjo gracias a que, en una resolución de 2003, la Secretaría de Transporte fijó que los subsidios se entregaran a través de declaraciones juradas, sin ningún tipo de control.

Bonadio determinó que las auditorías arrojaron la falsedad de datos así como el direccionamiento en el otorgamiento de subsidios a determinadas empresas y que, pese a ello, los exfuncionarios no realizaron la denuncia correspondiente.

“De ese modo, se terminaban entregando sumas de dinero y cupos de gasoil a precio diferencial superiores a los que correspondían”, sostuvo.

Y agregó que De Vido, “abusando del cargo que ocupaba, permitió que la defraudación pudiera concretarse y prolongarse en el tiempo”.

“En efecto, las entregas ilegales de subsidios eran dispuestas por la Secretaría de Transporte de la Nación, que entre los años 2003 y 2012 dependía del Ministerio de Planificación Federal; y los kilometrajes eran convalidados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado que también actuaba en la órbita del mismo Ministerio”, añadió en su fallo.

Los subsidios tildados de irregulares fueron otorgados a las líneas 17, 22, 29, 39, 41, 42, 47, 59, 61, 62, 64, 67, 79, 86, 92, 95, 100, 102, 104, 105, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 129, 133, 134, 140, 141, 150, 160, 163, 165, 193.

Incluso, el juez remarcó que en el caso de la empresa “Transporte Interprovincial Rosarina S.A.”, durante el período comprendido entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 “se le otorgaron cupos de gasoil a precio diferencial sin que prestara servicio alguno”.

En ese sentido, la semana pasada el juez dispuso citar a 251 empresarios de las distintas líneas a raíz de haber recibido estos subsidios: fueron 403.193.117 pesos entregados en dinero y unos 205.376.919 en litros de gasoil a precio diferencial.

“Esto corrobora que no se trataba de hechos aislados, sino que existía un sistema de corrupción”, concluyó el juez.

Además de este nuevo expediente, De Vido está procesado en otras tres causas: por la tragedia ferroviaria de Once, que va camino a juicio oral; por la compra irregular de material ferroviario en desuso a España y Portugal y por irregularidades en contratos de trenes.

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