En esta reunión se fijó un salario de 10.000 pesos, lo que no contempla de forma adecuada los datos del Indec respecto al costo de la canasta básica de alimentos, ni los indicadores sobre la línea de la pobreza, ni la inflación, sostuvo Lorenzino.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo precisó que en el encuentro, que reúne a la Nación, las provincias, los sindicatos y el sector empresario, el gobierno hizo poco para que se llegue a una cifra como la que reclamamos, y exigió que la administración nacional garantice condiciones de existencia digna a todos los trabajadores y sus familias para que puedan desarrollar de manera adecuada sus proyectos de vida.
Durante el Consejo, la negociación apuntó a mejorar los 8.860 pesos en que se encontraba el salario mínimo, vital y móvil. Mientras los gremios pidieron elevar la cifra a 14.600 pesos, la negativa de los empresarios a este aumento y la intervención del gobierno nacional hizo que sólo suba un 24%, lo que lo llevará a 10.000 pesos para junio de 2018.
Ante este escenario, Lorenzino consideró que el Estado debe intensificar los esfuerzos para que sus políticas sociales tengan una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de que así se pueda lograr por lo menos los niveles básicos de los derechos sociales.
Finalmente, el Defensor del Pueblo exigió también que se garantice la revisión periódica del monto del salario mínimo, vital y móvil, ya que de lo contrario estamos ante la generación de falta de acceso a bienes y servicios indispensables para el desarrollo de sus vidas.