El procesamiento por "encubrimiento agravado" quedó confirmado para Novo, sus fiscales adjuntos, también suspendidos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.
Los cinco procesados están imputados también de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional, en concurso ideal y todos como coautores.
Con esta resolución, Novo, sus ex adjuntos y ex secretarias -todos ellos en libertad, ya que nunca se les dictó prisión preventiva-, quedaron a un paso de un juicio oral en el que por la carátula que enfrentan podrían llegar a ser condenados a una pena de hasta seis años de prisión.
La causa se originó en 2012 a partir de una denuncia que en la justicia federal presentó el fiscal Luis Angelini, subalterno de Novo y sus adjuntos, de la que también se hizo eco la diputada Elisa Carrió para pedir el Jury de Enjuiciamiento del ex fiscal general de San Isidro.
A raíz de este expediente, en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció a Novo, Caro y Vaiani de sus cargos y desde la Procuración bonaerense se nombró como fiscal general interina en San Isidro a Beatriz Molinelli y a John Broyad como su adjunto.
Según la denuncia original de Angelini, el encubrimiento fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron condenados en España por haber traficado una tonelada de cocaína en su avión.
Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias "Monoteto", fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.
En tanto, a Juan Sebastián Galvis Ramírez lo mataron el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando.
Cuando pidió sus procesamientos, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez argumentó que los imputados instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo de la investigación de los crímenes de los colombianos que llevaban adelante Angelini y su colega Diego Grau.
Según el acusador, los ahora procesados tuvieron el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios".
Y entre las maniobras utilizadas por los imputados precisó la desafectación de funcionarios encargados de las pesquisas, la quita o no asignación de personal y recursos, las exhortaciones informales destinadas a archivar las actuaciones, situaciones de amedrentamiento y violencia psicológica laboral y filtración de información reservada que privó de éxito diversas medidas probatorias.
A estas medidas, el fiscal federal le sumó el impedimento de que Angelini y Grau viajasen a Colombia a producir prueba y la instauración de un sistema de persecución hacia el primero de ellos a través de una ingente cantidad de sumarios administrativos en su contra.