Entre los principales ex funcionarios procesados se encuentran el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y su ex subsecretario, Abel Fatala, quienes fueron acusados de haber posibilitado la adjudicación de fondos públicos a la fundación que tenía como apoderados a los Schoklender.
Martínez de Giorgi sostuvo que Bonafini -a quien durante todo el fallo trata como Pastor, por su apellido de soltera- "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación (los hermanos Schoklender) que ella misma había instituido, y que, en tal sentido, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución".
Sobre los hermanos Schoklender aseguró que, "en connivencia con funcionarios públicos nacionales, se valieron del 'prestigio' de la fundación en materia Derechos Humanos para conseguir los fondos públicos y gestionarlos de manera indebida sin despertar sospechas".
