En su demanda al Estado uruguayo ante este tribunal internacional, Argentina denuncia la "violación" del Estatuto del Río Uruguay, recurso compartido por ambos países y que separa Gualeguaychú y Fray Bentos.
Pero Argentina, además de pedir la "apertura de instancia" para que la Corte tome este caso, solicitó una "medida cautelar" para que se paralicen las obras de la papelera Botnia (Finlandia) hasta tanto el Tribunal se pronuncie, algo que puede ocurrir en un
plazo de dos a cuatro años.
En cambio, los 15 jueces que integran el Tribunal tienen un plazo de dos a tres meses para pronunciarse respecto a esta medida cautelar.
La presentación argentina es muy breve, ya que, según las fuentes consultadas, está contenida en 15 hojas.
En la localidad uruguaya de Fray Bentos, ubicada sobre la margen oriental del Río Ururguay vecina a la entrerriana Gualeguaychú, se están construyendo dos plantas pasteras por parte de la española Ence y la finlandesa Botnia.
Si bien Ence aceptó suspender sus obras por un período de tres meses para facilitar la realización de un estudio de impacto ambiental acerca de las posibles consecuencias que podrían producir las plantas sobre el medioambiente en la región, la finlandesa Botnia se negó y continúa con las obras.
La presentación tiene lugar un día antes del acto que el Presidente Néstor Kirchner encabezará en Gualeguaychú, al cual fueron invitados gobernadores, intendentes y miembros del Gabinete nacional y la CGT.
"No tenemos más salida que ir la Corte Internacional de La Haya", dijo el jefe de Gabinete Alberto Fernández al referirse a los caminos para hallar una solución a la controversia con Uruguay por la instalación de las papeleras, durante su visita al Congreso de la Nación.
Se trata de la primera vez que la Argentina recurre a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas que funciona desde 1946.
El Estado argentino tramitó su presentación escrita, en la que plantea que es un problema de naturaleza bilateral y netamente ambiental, a través de su embajador en los Países Bajos, Santos Goñi Marenco.
El estatuto del Río Uruguay (1975) establece un mecanismo de consulta e información previa a cualquier decisión que competa con esta región, algo que de acuerdo a la presentación argentina Uruguay incumplió al permitir la instalación de ambas plantas sobre la margen oriental de este río.
El artículo 60 de ese tratado habilita a la Argentina a recurrir a la Corte Internacional de Justicia. (Télam)