El radicalismo, luego de dos días de debate, decidió que votará en contra del proyecto para traspasar las jubilaciones al sistema estatal. "Vamos a votar negativamente y totalmente negativo; el oficialismo no va a contar con nosostros", dijo el titular del radicalismo, Gerardo Morales, luego de reunirse con los titulares de los senadores de la UCR, Ernesto Sanz, y de los diputados, Oscar Aguad.
Lo que se discute es el proyecto de ley que envió la presidenta Cristina Kirchner a Diputados para que haya, a partir del 1° de enero, un único sistema de jubilaciones, el de reparto. Si esta medida se convierte en ley, ingresarán 94.000 millones de pesos a la ANSeS que se acumularon en los últimos 14 años en el sistema privado. Y 13.000 millones de pesos irán al Estado cada año por el aporte de quienes estaban en las AFJP.
En un principio la cúpula radical había manifestado su coincidencia con que exista un sistema de reparto (lo dijo en una carta enviada al jefe de Gabinete, Sergio Massa, el martes, el mismo día en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo el anuncio). Pero ahora, cambió el humor a los dirigentes de la UCR.
Dicen que las discusiones con Massa están rotas y que el jefe de Gabinete aún no les concedió una audicencia. Fuentes de Gobierno, en cambio, dijeron: "Están hablando de manera permanente".
"Este proyecto es malo, precario, un mamarracho. Están tomando un atajo para quedarse con toda la plata", disparó Morales. El senador además especificó que "no se puede pretender reformular estructuralmente el sistema jubilatorio con un proyecto que sólo tiene 18 artículos". El legislador radical, además, acusó al gobierno de Cristina de "estar tomando un atajo para quedarse con la plata de los jubilados".
Desde el oficialismo el titular de la Comisión de Previsión, Juan Carlos Díaz Roig, salió a responderle tanto a Morales por esa última acusación como al radicalismo por su posición negativa. "Estos calificativos hay que tomarlos como de quien vienen. Los radicales votaron un recorte del 13% en los haberes de los jubilados y ahora se preocupan por la plata", le disparó. También aseguró que "los fondos estarán asegurados porque se usarán para redistribuir el ingreso".
En la oposición, las negativas a respaldar el proyecto de la reestatización de las jubilaciones continuaron. Daniel Katz, el referente del cobismo en Diputados ayer coincidió con los radicales no K. “El proyecto es inconsistente e incompleto", dijo y adelantó que votará "en contra". Agregó que llegó a esa posición luego de haberse reunido con el vicepresidente Julio Cobos.La jefa de los diputados socialistas, Silvia Augsburger dijo que "no vamos a anticipar el voto pero si no hay cambios, no votaremos este proyecto". Precisó que ese bloque pedirá a partir del martes (cuando comenzarán las reuniones en las comisiones de Previsión y de Presupuesto) que los fondos sean intangibles y que los jubilados y trabajadores participen en los controles del nuevo sistema.
A pesar de la dura negativa radical y de las dudas del cobismo y el socialismo, anoche reinaba el optimismo en las filas K. El presidente del bloque, Agustín Rossi, pronosticó: "Vamos a tener más número del suficiente". Fuentes parlamentarias del oficialismo le pusieron número a las palabras de Rossi. Señalaron que ya tienen garantizados 125 votos positivos y que, según confían, esta vez no habrá díscolos entre sus propias filas. Salvo el bonaerense Felipe Solá, quien ya dijo que "no es el momento de pretender un traspaso obligatorio". Anoche, el oficialismo seguía confiado en poder aprobar el dictamen de comisión el próximo jueves, una meta que parece hoy ambiciosa.
EL GOBIERNO OFRECE QUE HAYA UN OPOSITOR AL FRENTE DEL CONTROL
El oficialismo ofrecerá a la oposición --lo más probable que a un legislador radical-- la presidencia de la comisión bicameral que se creará si se aprueba la ley que elimina la jubilación privada.
El control de 95 mil millones de pesos que tienen en su poder las AFJP y de otros 15 mil millones de pesos que ingresarían el próximo año al sistema de capitalización es el asunto que mayor suspicacia ha despertado de parte de los bloques opositores en el Congreso, de los operadores económicos y de mucha gente de a pie.
Para evitar que crezca una ola opositora que con los días se haga indetenible, el Gobierno abandona su postura rígida y autoreferencial que llevó a la derrota de las retenciones móviles en el Senado. La idea que impulsa el oficialismo es reforzar la garantía del control del Congreso, otorgándole la presidencia de la comisión bicameral a un legislador radical, casi seguro, por su condición de segunda fuerza parlamentaria.
Anoche, dos ministros reconocieron que la mayor objeción que tiene el proyecto de un nuevo sistema jubilatorio es el futuro control de los fondos de las AFJP que pasarán al Estado.
En la Casa Rosada tomaron nota que en un sector de la sociedad y en la oposición ha ganado espacio la presunción de que el Gobierno apuró esta debate porque necesita hacer caja para enfrentar los fuertes vencimientos de la deuda externa de este año y de 2009 que ascenderían a 20.000 millones de dólares. Y para financiar obras con vistas a las elecciones legislativas del año que viene.
El remedio a este seguro embate --decían anoche a este diario-- pasa por involucrar a los bloques opositores en la supervisión de auditoría sobre el dinero que manejará la ANSeS. Y que además las centrales sindicales y empresarias participen también en un consejo asesor.
Esta decisión fue tomada por la presidenta Cristina Fernández en una reunión realizada ayer a la mañana en Olivos y de la que participaron el ministro del Interior Florencio Randazzo y los jefes de bloque del PJ del Senado Miguel Angel Pichetto y de Diputados Agustín Rossi.
El cónclave de ayer en la quinta presidencial --según trascendió-- tuvo dos partes: la primera fue de evaluación política sobre el impacto que produjo la noticia y la relación de fuerzas en las dos Cámaras.
En el segundo tramo se agregó el titular de la ANSeS, Amado Boudou, quien munido de "un informe reservado de 14 páginas", intercambió información con la Presidenta, el ministro y los legisladores. El mencionado informe es un resumen de los argumentos que podrán utilizar diputados senadores y funcionarios oficialistas para defender la ley ante los medios y durante el debate en el Congreso.
Por la tarde, en la Casa Rosada, el ministro del Interior convocó a su despacho otra vez a los jefes de bloque y a Boudou, pero también se sumaron los presidentes de las comisiones de Previsión Social de Diputados, Juan Carlos Díaz Roy y del Senado, Fabián Rios. Y la vicepresidenta de la Cámara baja, Patricia Vacas Narvaja.
En este plenario de la tarde en la oficina de Randazzo, la voz cantante la tuvo el administrador de la ANSeS, Boudou, quien explicó en detalle "cómo las AFJP habían dilapidado" los recursos de los afiliados y otros argumentos a mano para dar la pelea comunicacional y el debate en el Congreso.
Por su parte Rossi (el jefe de bloque del PJ en Diputados) dijo contar con el número de votos para aprobar el proyecto y en el mismo sentido se pronunció Pichetto, su par en el Senado. Pero en el poder estiman que por la importancia del proyecto hay que conseguir un respaldo más amplio y por eso le ofrecen al radicalismo la jefatura de la bicameral.
EL OFICIALISMO EN EL CONGRESO PIDE CAMBIOS EN EL PROYECTO DE NUEVO SISTEMA JUBILATORIO
En el oficialismo de la Cámara de Diputados no todo son elogios al polémico proyecto del Gobierno para eliminar el régimen de jubilación privada. Por el contrario, en algunos despachos comenzaron a oírse reparos a la iniciativa, que apuntan a la falta de precisiones en el texto sobre el destino que se les dará a los fondos de los aportantes privados que recalarán en el Estado.
En concreto, varios diputados oficialistas pretenden mayores garantías de protección de aquellos recursos. “El dinero de los aportantes no es ni del Gobierno ni de las AFJP”, enfatizó el diputado Jorge Obeid (Santa Fe). Estamos de acuerdo con el traspaso de los fondos al Estado y votaré a favor de la iniciativa en general, pero propondremos modificaciones para que no puedan ser utilizados para gastos corrientes y pago de deuda pública”.
Estos reparos no alteran, por ahora, la tranquilidad que hoy exhibe el jefe de bloque oficialista, Agustín Rossi (Santa Fe), convencido de que tendrá los votos suficientes para darle media sanción a la iniciativa dentro de dos semanas. Su confianza radica en que los reparos en su tropa no comprometen el corazón de la ley, que es el traspaso de los fondos privados de jubilación al sistema público de reparto, lo que implicará el fin de las AFJP.
Si este punto neurálgico no se cuestiona, entonces el proyecto no tendrá dificultades en su aprobación en general, según confían en el bloque oficialista, que con este criterio espera contar con el apoyo de los bloques de SI, de Eduardo Macaluse (Buenos Aires) y de Claudio Lozano (CTA).
La pregunta clave es si el oficialismo estará dispuesto a introducir cambios en la propuesta para reforzar la protección de los fondos jubilatorios y despejar las sospechas de que, en realidad, engrosarán la caja del kirchnerismo para la campaña electoral del año próximo.
Fuentes oficialistas no descartan modificaciones, pero éstas, de producirse, no serán radicales; tal vez algún retoque para contener a la tropa y ampliar la malla de consenso. Hasta ayer, por lo pronto, la decisión oficial era no incorporar modificaciones medulares a la iniciativa y apurar su tratamiento en el Congreso. De hecho, el objetivo es convertirla en ley dentro de un mes.
Si bien algunas fuentes de la Casa Rosada adelantaban que la comisión bicameral que supervisará el destino de los fondos, prevista en la iniciativa, podía ser presidida por la oposición (aunque con mayoría oficialista), otras voces la descartaban de plano. El único cambio será, por ahora, discursivo: no focalizar el argumento oficial en un discurso retórico contra los intereses concentrados de la economía, sino más bien insistir en las bondades del traspaso de los aportes privados al Estado, por la garantía que éste les ofrece.
Este fue motivo de sendas reuniones que, por la mañana y luego por la tarde, mantuvieron legisladores con funcionarios de Gobierno. En ellas participaron los diputados Rossi, Patricia Vaca Narvaja (Córdoba) y el presidente de la Comisión de Previsión, Juan Carlos Díaz Roig (Formosa), junto al senador Miguel Pichetto (Río Negro), el secretario legal y técnico Carlos Zannini y el presidente de la Anses, Amado Boudou.
FISURAS EN LA CASA ROSADA POR EL IMPACTO NEGATIVO DEL PLAN DE ESTATIZACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL
Tras la debacle de los mercados financieros, anteayer, la recuperación de la Bolsa porteña trajo ayer cierto alivio al gobierno de Cristina Kirchner. Se ventilaron ciertas fisuras en la Casa Rosada respecto de la forma en que se presentó el anuncio del controvertido traspaso al Estado de los fondos de los jubilados del sistema privado para garantizarse recursos financieros para 2009.
Las caídas en las bolsas de valores de Buenos Aires y Madrid y las lapidarias críticas de los diarios españoles desataron rumores y versiones cruzadas sobre el malestar de algunos miembros del Gobierno.
El ex presidente Néstor Kirchner convocó muy temprano a Olivos a los jefes de los bloques kirchneristas de diputados, Agustín Rossi, y de senadores, Miguel Pichetto. El objetivo era evaluar ofertas de negociación a la oposición para admitir en el Congreso sólo cambios cosméticos.
La eliminación de las AFJP no será modificada sustancialmente, según confiaron fuentes oficiales. “La ley tiene que salir en dos semanas, y sin modificaciones”, ordenó Kirchner a sus diputados. Pero habilitó la posibilidad de examinar agregados que sirvan para sumar algunos votos opositores.
De la reunión de Olivos participaron la Presidenta y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que será el operador político de Néstor Kirchner en el Congreso para asegurarse los votos necesarios para evitar un rechazo a la ley como el que se produjo con la resolución 125, la de retenciones móviles a los granos, que terminó en la peor derrota política de Kirchner tras la crisis del campo.
Se sumó el titular de la Anses, Amado Boudou. A la tarde, esa reunión se reprodujo en la Casa Rosada. Una alta fuente oficial confió que en los bloques justicialistas hay malestar por cómo se anunció la medida. Acusaron a Boudou de montar un acto y un discurso político, con el Himno y pocas precisiones técnicas. “Dentro del Parlamento hay muchos peronistas enojados y costará convencerlos para garantizar un trámite rápido”, admitió esa fuente.
Se le ofrecerá a la oposición que lidere una comisión de control de los nuevos fondos de la Anses, se limitarán los préstamos de la Anses con exigencias mayores a los créditos de las actuales AFJP y se mejoraría el haber de los actuales jubilados del sistema privado para seducirlos. En el oficialismo señalaban que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, había hecho sugerencias para suavizar el proyecto, pero no fueron aceptadas por Kirchner, a quien no le gusta admitir tan rápido reformas para negociar con la oposición.
Pero Massa fue tajante en negar esa postura. “No opinamos. Apoyamos el proyecto tal como se envió al Congreso. Y desde que salió de la Casa Rosada no intervenimos”, dijo un allegado a Massa, padrino político de Boudou.
Se comentó también en la Casa Rosada que el ministro de Planificación, Julio De Vido, fue crítico del proyecto. En la intimidad planteó reparos porque fue quien recibió las quejas de España y de las empresas de ese origen que sufrieron las mayores caídas en la bolsa de Madrid, el miércoles último, como Telefónica y Repsol.
La calma de ayer en la Bolsa porteña - subió el 2,43%- trajo alivio. “El pánico ya pasó”, dijo un funcionario que anteayer lucía desconcertado.
La Presidenta defendió la medida. “Desde el año pasado el Estado contribuye con $ 4000 millones de los que aportan al sistema de reparto para que algunos jubilados privados puedan tener la jubilación mínima”, dijo, al anunciar un proyecto de ley de enfermería.
CRISTINA: "COMO YA DIJO KIRCHNER, LA JUBILACIÓN NO PUEDE SER UN NEGOCIO"
Cristina Kirchner volvió a defender ayer la decisión de eliminar el sistema jubilatorio privado, que "ha tenido que ser auxiliado" por el Estado mientras que el sistema de reparto, superavitario desde hace cinco años, "demuestra que hay una administración eficiente y correcta de los recursos", argumentó.
Cristina habló en un acto en el auditorio del edificio Somisa --de la Jefatura de Gabinete--, en el que se presentó el "Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería", un proyecto para promover la enfermería en el país.
La Presidenta afirmó que el Estado daba todas las garantías a los afiliados de las AFJP que pasarán al sistema público y destacó que el Estado aporta 4 mil millones de pesos para que el 77 por ciento de los 450 mil jubilados del sistema privado pueda cobrar la jubilación mínima de 690 pesos. Según afirmó, si esto no fuera así "muchísimos" jubilados de las AFJP estarían percibiendo 180 o 200 pesos.
Cristina relató que el año pasado, cuando se discutió en el Gobierno esta compensación estatal, se planteó si era justo que se sacaran fondos del sistema público para destinarlos al privado. Y citó una frase de entonces del ex presidente Néstor Kirchner, quien dijo que "la jubilación no puede ser un negocio, tenemos que lograr que todos los jubilados tengan jubilación mínima".
"Hoy el sistema privado esta siendo sostenido por el pueblo. Creo que es importante comprender la verdadera razón de estos proyectos", agregó Cristina, que esta vez no aludió a las críticas de la oposición de que se trata de una movida del Gobierno para hacer "caja" con los fondos de las AFJP. Al final, Cristina se sacó muchas fotos con la gente y esquivó a los periodistas.
"HABRÁ LLUVIA DE JUICIOS", DICE THE ECONOMIST
El proyecto para estatizar las jubilaciones "parece una decisión astuta pero de corta mira en los esfuerzos por evitar otro default". Es el título de un artículo de The Economist sobre el proyecto oficial. Con el título "Cristina en su mundo de espejos", el semanario británico sostiene que a diferencia de los países centrales, que nacionalizaron bancos cuya solvencia estaba en duda, en la Argentina lo que está en duda es "la propia solvencia del gobierno" que quiere nacionalizar el sistema de jubilación. "Jugó la ideología", pero la cuestión fiscal "fue el principal motivo" de la decisión.
"El sistema es el más importante inversor de un agotado mercado de capitales. Su deceso hará más difícil obtener crédito", sostiene. Y asegura que aunque Cristina podría resolver "de un tirón los problemas de caja", si la ley se aprueba, "habrá lluvia de juicios" como con el corralito y "se habrá minado la fe en los derechos de propiedad".
EL GOBIERNO PONE UN VEEDOR EN LAS AFJP
El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Miguel Angel Osorio comenzaron a analizar ayer la documentación secuestrada en los allanamientos a las diez AFJPs denunciadas por el fiscal Guillermo Marijuan por presuntos movimientos financieros previos al anuncio del Gobierno sobre el traspaso de sus afiliados al sistema de reparto.
El juez pidió a la Corte Suprema de Justicia la intervención de peritos contadores para colaborar en la investigación. En Tribunales también suponían ayer que las propias AFJP pedirán controlar la revisión de la documentación a través de peritos de parte.
En total hay unas 25 cajas con documentos secuestrados en los allanamientos del miércoles, además de diversos CDs y material en soporte digital. En Tribunales esperan tener concluida una primera revisión antes del plazo de siete días hábiles impuestos por el juez para impedirles realizar operaciones a las AFJPs.
A pedido de Marijuan, el juez y el fiscal Osorio buscarán pruebas de supuestas operaciones de venta de títulos públicos por parte de las AFJP. La hipótesis de Marijuan es que la venta masiva de títulos, antes del anuncio presidencial del martes, provocó la caída en el valor de esos bonos, y que así se perjudicó no sólo a los afiliados al sistema de capitalizción sino al propio Estado.
El martes Bonadio dictó una medida cautelar por la cual ordenó que las AFJP se asbtengan de realizar "operaciones financieras, bursátiles, bancarias, comerciales y/o cualquier operación que tenga por objeto el traspaso o disposición de los fondos que administren" esas firmas.
PARA EL GOBIERNO, LAS AFJP VALEN $ 1.435 MILLONES
Si se aprueba el proyecto de ley que elimina las AFJP, como máximo, según el Gobierno, los accionistas de las AFJP podrían demandar al Estado por unos 1.500 millones de pesos. Si se excluye a la AFJP Nación, se reduce a $ 1.300 millones.
Así surge del texto que el Gobierno envió al Congreso. El artículo 10 del proyecto dice que "en ningún caso las compensaciones que pudieran corresponder a las AFJP podrán superar el máximo equivalente al capital social de las Administradoras liquidadas de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley".Y se aclara que en caso "de corresponder" el Estado Nacional le entregará a los accionistas de las AFJP "títulos públicos emitidos o a emitirse por la República Argentina....".
De acuerdo a los datos de la Superintendencia de AFJP, a junio de este año, el patrimonio neto de las Administradoras suma 1.435 millones de pesos.
De todas maneras se descuenta que las AFJP, en caso de reclamo, harán una valuación distinta, teniendo en cuenta el eventual "daño emergente" u otros parámetros, como las eventuales indemnizaciones con la que deban resarcir al personal. Y eso podría dar lugar a reclamos judiciales que inclusive podrían dirimirse en tribunales del exterior invocando los accionistas la violación a los tratados de inversiones internacionales.
Los accionistas de las AFJP están constituidos por bancos nacionales y extranjeros, compañías de seguros locales y extranjeras, sindicatos y distintos grupos de inversores. Y hasta el propio Estado es accionista de una AFJP, Nación. Cuando comenzó a funcionar el sistema, arrancaron 24 AFJP. En su mayoría los dueños de esas AFJP eran bancos. Pero con el correr de los años, ingresaron nuevos operadores, hubo absorciones, fusiones y compras.
Así por ejemplo, se retiró el Citibank y el Santander e ingresaron dos compañias de seguros internacionales: Met Life (EE.UU.) e ING (Holanda). También algunos sindicatos que habían formado AFJP (San José y Claridad) vendieron las compañías. La última fusión -concretada este año- fue de Prorenta con Unidos.
PARA INICIAR JUICIO POR EL TRASPASO ANTES HABRÁ QUE DEMOSTRAR EL DAÑO
El anuncio de la eliminación del sistema de las AFJP generó automáticamente la amenaza de juicios por parte de particulares para evitar la transferencia de sus fondos al Estado.
Frente a esta reacción previsible, el juez Luis Herrero, miembro de la Cámara Nacional de la Seguridad Social (la instancia judicial anterior a la Corte Suprema en materia previsional) advirtió que los demandantes deberán demostrar que sufrieron un perjuicio en sus derechos jubilatorios.
Herrero fue uno de los primeros jueces en cuestionar la ley de Solidaridad Previsional de Menem y Cavallo y en cuestionar la reforma previsional de la Alianza. También reconoció la movilidad de las jubilaciones por la variación de los salarios -antecedente del caso Badaro- y consideró que la recientemente sancionada fórmula de movilidad "es inconstitucional".
Herrero aclaró que si bien toda persona tiene derecho a recurrir a la Justicia, "en la medida en que no se perjudiquen los derechos previsionales, el afiliado a una AFJP no podrá fundamentar una demanda judicial porque el fondo acumulado en su cuenta no es una caja de ahorro. El afiliado no puede disponer de los fondos como si fuese una caja de ahorro o un plazo fijo. Sólo constituye un fondo para una cobertura futura de jubilación o pensión en los términos en que lo marca el sistema".
Entonces, prosiguió, "lo que está en juego aquí no son derechos patrimoniales sino previsionales. No se puede asimilar la transferencia del fondo al corralito. Habrá que analizar los efectos de la transferencia de los fondos sobre los derechos previsionales. Si el derecho jubilatorio que le reconoce el Estado es superior a lo que obtendría hoy de la AFJP, no habría motivo para ningún reclamo".
ZAPATERO QUIERE HABLAR CON CRISTINA DE LA NACIONALIZACIÓN DE LAS AFJP
La semana que viene se reunirán en San Salvador (El Salvador) la presidenta Cristina Kirchner y el jefe del ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero. Todavía no se hizo un anuncio oficial, pero la entrevista ya fue convenida y la agenda gira alrededor de las AFJP.
Una alta fuente española indicó que "es fundamental que ambos aborden los problemas que se han planteado con bastante dramatismo a las principales empresas españolas con intereses en Argentina, que han sido muy castigadas en la Bolsa de Madrid después del anuncio de la reestatización del sistema privado de pensiones".
El derrumbe de los valores vinculados a Repsol-YPF, Grupo Santander, BBVA y Telefónica, agrava el malestar de los empresarios españoles con Argentina. "Otra vez ha quedado demostrado que el Gobierno argentino cambia las reglas de juego cuando quiere con un estilo brusco y autoritario", se indignó un banquero español.
La noticia sobre la "nacionalización del sistema de jubilación" generó un clima de irritación y temores generalizados a que se produjeran otras estatizaciones, sobre todo de Repsol-YPF. Esta fue la versión que con mayor fuerza se difundió. "Ese fue el disparador de la profunda caída de las acciones de Repsol, la mayor de su historia y en medio de un clima de pánico de los inversores. Esta amenaza de expropiación se trasladó a las otras empresas", explicó la fuente.
Ante la gravedad de la situación, el miércoles hubo contactos de alto nivel: Rodríguez Zapatero estuvo en comunicación permanente, a través del embajador argentino Carlos Bettini, con la Presidenta. Las versiones sobre la nacionalización de Repsol-YPF fueron reiteradamente desmentidas por Buenos Aires y se reiteró la "plena vigencia de las garantías de seguridad jurídica con que cuentan las empresas españolas en Argentina".
Tanto Zapatero como otras altas personalidades del Gobierno que se comunicaron con miembros del Ejecutivo argentino, señalaron que existía un clima de incertidumbre que perjudicaba seriamente a grandes compañías y que las autoridades españolas tenían que velar "no sólo por la defensa de esos intereses sino también por recrear un clima de cierta tranquilidad".
Ante una consulta sobre si el gobierno de Zapatero creyó en algún momento que era cierta la versión sobre la nacionalización de Repsol, una fuente española, respondió: "Ni el gobierno y, sobre todo, ni Zapatero la creyeron. Pero el clima era muy emocional, volátil, y predominaba el miedo y la irritación".
En realidad, confiaron las fuentes españolas, la sensación después de todos los contactos es que el Gobierno argentino no previó el impacto en Madrid del anuncio de la reestatización del sistema de pensiones.
"Cristina y Zapatero coincidieron en que las declaraciones no bastaban y que era mucho mejor un gesto claro que neutralizara las versiones que mantenían un clima de gran desconfianza. Por eso, la Presidenta decidió que una figura de gran importancia como el ministro de Planificación, Julio De Vido, se dirigiera hasta la sede de Repsol-YPF para dar garantías sobre la seguridad jurídica de las empresas españolas".
Al finalizar la durísima jornada del miércoles, la Presidenta argentina y Rodríguez Zapatero acordaron entrevistarse en el marco de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en San Salvador del 29 al 31 de octubre. "Tienen mucho que aclararse", dijo la fuente. "Zapatero sigue defendiendo con éxito la relación bilateral con Argentina pero a veces las cosas se le complican demasiado".
EL GOBIERNO PONE UN FRENO A LA EXPROPIACIÓN DE AEROLÍNEAS
Desde el Gobierno dejaron ayer en claro que si la expropiación de las acciones de Aerolíneas y Austral era una alternativa, como mínimo ésta deberá esperar hasta que pase el cimbronazo provocado por la decisión de reestatizar el sistema de las jubilaciones privadas.
El secretario de Transportes, Ricardo Jaime, dijo que la expropiación de las acciones de las dos líneas aéreas es una "alternativa", pero que sería recién considerada en "otra etapa". Lo hizo algunas horas después de que uno de los dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, dijera que estaban siendo "echados a gorrazos" por parte del gobierno de Cristina Kirchner.
Horas antes, los integrantes del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) habían expuesto ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones que la tasación que habían hecho de Aerolíneas y Austral arroja un valor negativo de mercado de 823,8 millones de dólares.
De esa manera, la brecha entre lo que estimó el TTN y el cálculo del banco contratado por Marsans (Credit Suisse) quedó establecida en 1.636,8 millones de dólares, si se tienen en cuenta el precio máximo de US$ 540 millones que pretende Marsans por sus acciones en Aerolíneas (casi 95%) y Austral (97%).
"Lo que marca la ley aprobada por el Congreso es el rescate a través de la compra de las acciones de ambas compañías", dijo Jaime, en una charla con periodistas en el quinto piso del Palacio de Hacienda. "Mientras se cumplen estas etapas, no podemos hablar de otras alternativas", dijo.
La pulseada de fondo es por el precio de Aerolínas y Austral. Pero hay, superpuestas, varias instancias en las que están involucrados los tres poderes del Estado. Mientras el Ejecutivo negocia con Marsans, es el Congreso el debe decidir sobre el precio establecido por el Tribunal de Tasaciones. Finalmente, en la Justicia fueron presentados recursos de amparo por parte de legisladores de la oposición.
En medio de esa puja, el jueves se coló el rumor de la expropiación. Díaz Ferrán, uno de los dos dueños de Marsans, acusó el impacto. "Estamos allí, pero nos están echando a gorrazos", dijo el empresario a la Cadena Ser, de España. "Veremos si aquello acaba de la mejor manera posible".
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dedicó ayer no pocos llamados telefónicos hacia Buenos Aires, con el propósito de intentar extraer el compromiso de la administración kirchnerista de que no habrá una avanzada contra las empresas españolas, tras la decisión de reestatizar el sistema de jubilaciones privadas.
También se movió en ese sentido el embajador de España, Rafael Estrella, si bien el diplomático fue el único que prefirió no calentar el debate por Aerolíneas. "No me puedo hacer cargo de rumores", reiteró. Pero fuentes de la diplomacia ibérica agregaron que "hay que intentar todos los mecanismos posibles de diálogo".
Jaime dijo que la semana próxima volverá a reunirse con Vicente Muñoz, representante de Marsans. "Vamos a cotejar las dos evaluaciones", dijo. Y confirmó que el Gobierno también pidió al banco Credit Suisse detalles sobre el método que utilizó para tasar a Aerolíneas y Austral. Detrás de esas declaraciones, hubo un cambio nítido contra las versiones del día anterior.
"La expropiación beneficiaría más a Marsans que a nosotros", fue ayer a última hora la explicación en el Gobierno.
ACEPTÓ LA CGT NO RECLAMAR AUMENTOS HASTA FIN DE AÑO
La CGT aceptó un virtual congelamiento de salarios hasta fin de año. A cambio el Gobierno ratificó el monitoreo oficial “caso por caso” que se hará por medio de la Presidencia y del Ministerio de Trabajo para evitar “cualquier despido”.
Esos fueron los acuerdos alcanzados en la última reunión entre la CGT y la presidenta Cristina Kirchner, el martes último en la Casa Rosada. “Hay que poner toda la energía en resolver los niveles de empleo”, confesó un dirigente cegetista al referirse a aquel encuentro después del anuncio presidencial de estatización del sistema de AFJP, al que los sindicalistas se sumaron con elogios.
Los objetivos pactados fueron la continuidad laboral, la producción y el combate al trabajo no registrado para salir de la crisis, dijo uno de los asistentes a la reunión. Los gremialistas puntualizaron que en 2009 “nadie desconocerá el mecanismo de discutir paritarias y, por ende, nuevos sueldos”, pero la diferencia, dijeron, es que los convenios “no serán seguramente con la amplitud ni la generosidad que hubo otros años”. En 2008, la negociación oscila entre el 19,6% y el 35%.
La CGT planteó en la Casa de Gobierno que si los empresarios no cumplen con su compromiso “se reiniciarán las protestas”. En la Casa de Gobierno participaron una docena de sindicalistas, encabezados por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Otros fueron el secretario adjunto, Juan Belén; el secretario gremial, Jorge Viviani; el estatal Andrés Rodríguez; el municipal porteño Amadeo Genta; el portuario Juan Carlos Schmid, y el secretario general del gremio que agrupa a los trabajadores de la Anses, Leonardo Fabré, entre otros.
Siguiendo el monitoreo de la crisis internacional, el Ministerio de Trabajo se reúne con empresarios y sindicalistas para preservar empleos.
Carlos Tomada recibirá hoy a la Cámara de Comercio y al sindicato mercantil, conducido por Armando Cavalieri. Días atrás, Trabajo revió los despidos que pretendía aplicar la empresa Easy y ratificó la vigencia del Procedimiento Preventivo de Crisis, por el cual ninguna empresa puede suspender o despedir a sus empleados sin informar a la cartera laboral.
En tanto, las representaciones empresarias de los bancos se reunieron ayer con sindicalistas de La Bancaria, presidida por Juan José Zanola. Los gremialistas pidieron que no haya despidos y criticaron las llamadas “desvinculaciones voluntarias”.
Los representantes de los bancos negaron en Trabajo que prevean despidos. Y La Bancaria ratificó que se pague antes del 6 de diciembre (Día del Bancario) una compensación salarial de $ 1000 a los bancos privados por no cumplir con el convenio firmado en marzo último. También movilizarán a los trabajadores la semana próxima. Anteayer, Tomada había recibido a los metalúrgicos. La UOM, que conduce Antonio Caló, es un fuerte aliado del Gobierno y pidió a los empresarios del sector que se abstuvieran de despedir gente durante 180 días, como dijo el adjunto del gremio, Juan Belén.
CASO ANTONINI: EL JURADO DELIBERA TRAS LOS ALEGATOS
El gobierno de Venezuela tenía un problema y le encargó a Franklin Durán que ayudara, y él lo hizo... No hay más misterio", dijo el fiscal adjunto estadounidense John Shippley.
"No tiene ninguna evidencia ni un solo testimonio que diga eso. Tienen que tener evidencia para poder probar que este hombre es culpable", retrucó Ed Shohat, el abogado defensor de Durán, un empresario venezolano y ex socio de Guido Antonini Wilson.
Durante los alegatos finales del juicio relacionado a Antonini y la valija de los US$ 800.000 decomisados en Aeroparque que tuvieron lugar ayer, la fiscalía y la defensa ofrecieron dos versiones totalmente diferentes de lo ocurrido. Según la defensa, Durán actuó por "motu propio" para ayudar a un amigo y para poner fin al escándalo que estaba arruinando sus negocios. La fiscalía insistió en que formó parte de una conspiración dirigida por el gobierno de Venezuela para encubrir el origen y destino del dinero que según dijo estaba destinado a la campaña electoral de Cristina Kirchner. Hoy o a más tardar el lunes, dieciséis miembros que conforman el jurado comenzarán a deliberar para determinar quién tiene razón, si Durán es culpable o inocente. Nadie sabe cuánto pueden durar las deliberaciones antes de que lleguen a un veredicto.
Apoyándose en una serie de gráficos, Shippley hizo una presentación muy sistemática insistiendo con que Durán había comenzado a colaborar con la DISIP incluso antes de que Antonini se reuniera por primera vez con el FBI. "Venezuela no necesitaba a Durán para resolver el problema en la Argentina porque ése era un problema político que iban a solucionar entre los gobiernos de Kirchner y Chávez. Lo necesitaban para convencer a Antonini de que firme un poder para un abogado", dijo Shippley mostrando un cuadro donde aparece Chávez con dos flechas que apuntan hacia Rangel Silva, jefe de la Disip, y Tarek Al Assim, jefe de Silva con otras cuatro fechas apuntando hacia los acusados Moisés Maionica, Carlos Kauffmann, Wanselee Pacielo y Franklin Durán, a quien muestra con el carné de agente de inteligencia que descubrieron en su portafolio cuando fue detenido.
“'Ustedes se imaginan a James Bond con su carné de agente en el portafolio”, lanzó Shohat. "Los verdaderos agentes nunca lo llevan consigo", dijo, explicando que todo el mundo tiene carné en Venezuela de ese tipo, en su alegato.
ENOJO DEL GOBIERNO PORQUE TABARÉ VETÓ UNA CANDIDATURA DE KIRCHNER
Por qué el gobierno de Tabaré Vázquez cambiaría a última hora una decisión que hace semanas ya anticipaban sus funcionarios y que el miércoles a la noche ya circulaba como un rumor. Por eso, el veto uruguayo a la candidatura de Néstor Kirchner para la secretaría general de la Unión de Naciones Sudamericana (Unasur) informado por la cancillería oriental hasta ayer sólo a la presidencia del organismo, en Chile, no tomó por sorpresa a nadie.
Pero tampoco evitó el tremendo enojo de las autoridades en Buenos Aires. Desde la Cancillería que dirige Jorge Taiana se consideró la opción de Tabaré como un "agravio" a Kirchner, a la Unasur y a los países que apoyan la candidatura, lo que da una muestra de lo mal que siguen las relaciones entre los dos vecinos.
Incluso ayer hubo funcionarios que hasta volvieron a repetir la teoría de "Tabaré traidor". Pero hasta anoche nadie podía asegurar si tendrían alguna reacción formal o no para que el embajador Francisco Bustillo se la transmitiera al Ejecutivo vecino.
La Cancillería uruguaya transmitió su decisión a través de una nota diplomática que el miércoles a la tarde le llegó al ministro de relaciones exteriores de Chile, Alejandro Foxley, debido a que su país ejerce la presidencia protémpore de Unasur. Y si bien no se ha dado conocer públicamente aún el texto -y los argentinos también se quejaron de no haber recibido aún comunicación alguna al respecto-- se sabe que la negativa uruguaya se debe a lo que los orientales llaman "la actitud de Kirchner" durante el conflicto por las pasteras.
Siendo presidente, el hoy jefe del PJ mantuvo una dura pulseada con Tabaré porque el primero apoyaba a los asambleístas de Entre Ríos en los cortes fronterizos con Uruguay, y el segundo reclamaba ayuda de la administración nacional contra los bloqueos, considerados por Montevideo como violatorio del Mercosur. Por las pasteras incluso la Argentina y Uruguay mantienen un juicio en los tribunales de La Haya, al tiempo que el corte de Gualeguaychú. Fray Bentos persiste.
Ayer, el canciller Gonzalo Fernández dijo a un grupo de políticos de su país que la decisión contraria a Néstor Kirchner al frente de la Unasur también se vinculaba a la "no decisión " de Argentina de dragar el canal Martín García.
MORENO FUE HOSTIGADO POR TAMBEROS EN VILLA MARÍA
Un grupo de tamberos hostigó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, mientras estuvo ayer en Villa María, donde se reunió con representantes de pequeñas y medianas empresas lácteas.
Pese a que el blanco de su malhumor era el cuestionado funcionario, los manifestantes tuvieron que conformarse con dirigirlo contra el intendente de Villa María, Eduardo Acastello, cuyo coche recibió el impacto de huevos y tomates cuando se retiraba del hotel Howard Johnson, en el que se llevó a cabo la reunión. Moreno eludió las iras del grupo al salir indemne por una puerta lateral.
Otros tamberos e industriales que estuvieron con Moreno valoraron su presencia. “Fue altamente positivo haber podido hablar frente a frente con él: los resultados están por verse”, dijo Javier Baudino, presidente de la regional cordobesa de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Lácteos (Apymel).
AMIA: ORDENARON EMBARGAR BIENES A IRANÍES Y AL HEZBOLLAH
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aceptó ayer embargar bienes de la organización libanesa Hezbollah y de los iraníes acusados de haber planeado y ordenado la ejecución del atentado contra la AMIA en 1994.
La medida se conoció al día siguiente que Irán respondiera un exhorto en el que afirmó que no detendrá a los sospechosos dentro de su territorio porque considera insuficientes las pruebas reunidas por la Justicia argentina.
El embargo preventivo había sido solicitado por un familiar de una de las 85 víctimas mortales del atentado, medida a la que adhirió luego el fiscal que tiene a su cargo la investigación del ataque terrorista, Alberto Nisman.
Igualmente, la medida parece de difícil ejecución por cuanto se dependerá de la voluntad de colaboración de Irán y el Líbano, a quienes se les pedirá que identifiquen bienes a nombre de los sospechosos y de la organización Hezbollah.
Los investigadores argentinos también analizarán la existencia de otros bienes o cuentas bancarias, a nombre de los acusados en el resto del mundo. La medida no estará dirigida, por ahora, contra el Estado iraní por cuanto la ley internacional impide aplicar un embargo preventivo contra una nación. En este caso, el embargo procederá sólo cuando haya una condena.
La Justicia argentina acusó por el atentado a ocho ex funcionarios iraníes, pero Interpol bajó de la lista de búsqueda al ex presidente Alí Hashemi Rafsanjani, al ex canciller Alí Akbar Velayati y al ex embajador iraní en la Argentina Hadi Soleimanpour, a quien el Reino Unido negó extraditar al país también por falta de pruebas.
CONSENSO FEDERAL, EL NUEVO PARTIDO DE COBOS
La Concertación Plural que el kirchnerismo selló con el vicepresidente Julio Cobos fue ayer formalmente borrada de un plumazo en los papeles. En un acto que se mantuvo en reserva hasta último momento, los representantes de los partidos nacionales y provinciales que conformaron esa alianza frustrada se reunieron ayer en el Hotel Panamericano para firmar las actas de cambio de nombre: De ahora en más, el cobismo y sus aliados se llaman “Consenso Federal” (ConFe).
“Firmamos las actas de cambio de nombre, algo fundamental para que el trámite siga su curso en la Justicia”, explicó Juan Montilla, que ayer fue elegido presidente de la flamante alianza. Secretario de Cobos en el Senado, y su mano derecha desde que gobernaba la provincia de Mendoza, Montilla conducirá el armado político de la nueva fuerza, sobre la que Cobos piensa estructurar una alianza electoral para las próximas elecciones legislativas.
“Va a ser un paraguas, un continente para incorporar a otras agrupaciones que quieran sumarse bajo el liderazgo de Cobos”, confirmó Montilla. Aunque hace varias semanas que el cobismo adelantó su nueva denominación, ayer quedó formalizada en los papeles.
Del acto participaron casi todos sus aliados de la extinta Concertación Plural: la Democracia Cristiana, la Unión Vecinal de Córdoba, Cambio 2000 de Tucumán, la Concertación Popular de Capital Federal, la Concertación Ciudadana (la fuerza que el vicepresidente creó en Mendoza cuando lo expulsaron de la UCR) y el Partido Fiscal, también de Mendoza.
Sólo desertó un partido provincial sanjuanino, que todos imaginan ya se disolvió, y algunos radicales K que decidieron quedarse junto al Gobierno.
Pero Cobos sólo pasó por la reunión a saludar y dejó todo en manos de Montilla, en un intento de bajar su perfil que no alcanzará para evitar la renovada ira de la Casa Rosada.
“La agrupación surge de la necesidad de establecer acuerdos y políticas de Estado a largo plazo en favor de una Argentina más federal, equitativa y democrática”, dice el documento de creación de ConFe, en un tiro por elevación contra las políticas oficiales. El documento también agrega que se requiere “atender las necesidades de cada una de las provincias y del país, fundamentalmente en regiones y poblaciones más desprotegidas”.
CONFLICTO DOCENTE: LA IGLESIA PIDE QUE NO SE ABUSE DEL DERECHO DE HUELGA
Por primera vez, la Iglesia católica se metió este año en el farragoso conflicto docente porteño que ya suma nueve días de clase perdidos. Y lo hizo para advertir sobre el riesgo de que los gremios abusen del derecho de huelga. Su máxima autoridad en el país -el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio-, reconoció que los trabajadores de la educación tienen derecho a reclamar "un salario justo", pero señaló que no pueden terminar convirtiendo a "los alumnos en rehenes" del diferendo.
La definición de Bergoglio -hecha ante un multitudinario auditorio de docentes de colegios estatales y privados- se produjo tras la decisión de los gremios de convocar a un nuevo paro, esta vez de 48 horas, para el martes y miércoles próximos, si no se les otorga un aumento salarial del 20%.
El conflicto había escalado la semana pasada, cuando los docentes, al intentar levantar una carpa frente a la sede del Gobierno de la Ciudad, chocaron con la Policía, lo que derivó en un paro nacional del sector como repudio.
Ayer, la Legislatura aprobó el proyecto que faculta al Ejecutivo porteño a reasignar fondos para un eventual incremento del salario docente. Pese a que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, había advertido que su administración no cuenta con los fondos para otorgar el incremento, todos los gremios fueron convocados para hoy, a las 9, a una reunión con el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, para analizar el reclamo.
La intervención de Bergoglio se produjo en la apertura del quinto Foro de Educación orientado a los docentes de nivel secundario que anualmente organiza la Vicaría de la Educación del arzobispado de Buenos Aires. El cardenal habló en los colegios Manuel Belgrano y Nuestra Señora de la Misericordia, del barrio de Belgrano, ante cientos de profesores. Previamente, el titular de la Vicaría, presbítero Juan Torrella, dijo que los chicos padecen hoy "mucha ausencia de adultos".
Inmediatamente, Bergoglio tomó la posta y dijo que los alumnos "son rehenes de los conflictos familiares, políticos, económicos, sociales y gremiales; esto -precisó pasa aquí y ahora". En ese sentido, señaló que "los chicos son cautivos de las contradicciones y confusiones de nosotros, los mayores, que hacemos confundir a las instituciones". Señaló que muchos menores "llegar a ser esclavos" de diversas realidades sociales lacerantes que demandan urgente respuesta.
"'O no son esclavos -preguntó- los chicos sometidos a la trata de los arrebatadores, del transporte de droga, de los talleres clandestinos, de la prostitución, de los cartoneros?". Sobre esto último agregó: "La tracción a sangre está prohibida en la Ciudad, pero cuando uno ve a esos chicos por el microcentro tirando esos carros con cartones, 'no es atinado preguntarse si eso también es tracción a sangre. a sangre humana de menores?". Con todo, Bergoglio tuvo palabras de reconocimiento a la tarea docente. "Sepan que están haciendo crecer a un pueblo, que están haciendo patria".
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Los periodistas Alejandra Gallo, Damián Nabot y Martín Dinatale publicaron el libro “Las manos en la lata. Usos y abusos de la información pública”, con el respaldo de la Fundación Honrad Adenauer. En tanto, la diputada Silvana Giudici, presentó su libro “Libertad de expresión”, donde plantea la necesidad de garantizar esa libertad como un derecho inalienable de cada ciudadano.
EL PAPA ELOGIÓ EL ACUERDO POR EL BEAGLE
El Papa Benedicto XVI calificó como "un ejemplo admirable de construcción de la paz a través del diálogo" el acuerdo de paz entre Chile y Argentina de 1984 con la mediación del Vaticano, tras el conflicto entre ambas naciones por el canal de Beagle.
La crisis entre ambas naciones sudamericanas obedeció a un desacuerdo sobre la soberanía de las islas ubicadas al sur del canal Beagle y sus espacios marítimos adyacentes. El pontífice recordó que la mediación del Vaticano "contribuyó a resolver una controversia que corría el riesgo de convertirse en un conflicto".
El Papa señaló que el acuerdo logrado tuvo "como finalidad no la supremacía de la fuerza y del interés, sino la afirmación de una justicia ecuánime y solidaria, fundamento seguro y estable de la convivencia entre los pueblos"'.
El Vaticano dio a conocer el jueves una carta enviada en su nombre por el secretario de Estado, Tarcisio Bertone, al cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, con motivo de la jornada celebrada en la Pontificia Universidad Católica di Buenos Aires, en el 30 aniversario de la mediación de Juan Pablo II.
POLÉMICA POR PROPUESTA PARA BAJAR IMPUTABILIDAD
La propuesta del gobernador Daniel Scioli de bajar la edad de imputabilidad de los menores para el caso de delitos graves -lanzada en medio de la conmoción por el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en San Isidro- desató ayer una fuerte polémica entre oficialistas, figuras de la oposición y referentes judiciales.
Pese a ello, el mandatario se mostró confiado ayer, desde Colombia, en que logrará consenso en la Cámara baja nacional a partir de la semana próxima para conseguir una ley que penalice a los menores violentos desde los 14 años.
En esa línea, adelantó que el martes se reunirá con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner. “En los primeros sondeos que hice hubo predisposición desde nuestro bloque y la oposición”, dijo.
Según el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Salcedo, los menores en la provincia cometen cerca de un millón de delitos graves por año, de los cuales sólo son denunciados entre 1.000 y 1.200 por mes.
En el caso de los detenidos -advirtió- 85% sale en menos de dos horas por orden de un fiscal. En esa línea, cuestionó al Régimen Penal Juvenil porque impide tener a un menor ni un solo minuto en una comisaría. En la actualidad los menores de 16 años que delinquen son inimputables, pero ahora Scioli propicia bajar esa edad a 14 años, como en países como Uruguay y Chile.
En este marco, el ministro de Justicia, Ricardo Casal, enfatizó que «hay menores violentos que deben ser penados, e insistió en que se debe «adelantar la discusión para modificar el Código Penal en el Congreso. En esa línea, anticipó que la semana próxima enviará la propuesta oficial a la Legislatura y al Parlamento.
En sintonía, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, afirmó que no se puede permitir que un chico que mata vuelva a su casa. “Nos lo piden los vecinos”, enfatizó. “Un debate de disminución de imputabilidad para los menores es posible, pero primero deberíamos resolver dónde poner a los menores que van a ser penalizados”, aseguró, por su parte, el ex ministro de Seguridad local, León Arslanian.
En paralelo, voces de la oposición denunciaron que el mandatario siguió una lógica mediática en su propuesta. Desde la Coalición Cívica, el diputado Horacio Piemonte dijo que “el problema de los menores se resuelve con más inclusión y mayor contención por parte del Estado”. También castigó el titular de la UCR nacional, Gerardo Morales. “Frente a un caso de extremo dolor como el de San Isidro, lamentamos que lo único que se les ocurra sea bajar la edad de imputabilidad”, señaló.
SANCIÓN A JUEZ QUE AVALÓ CONGRESO DEL PJ DISIDENTE
Un treinta por ciento menos de su próximo sueldo es la sanción que el Consejo de la Magistratura le aplicó al juez de San Luis que avaló el Congreso del Partido Justicialista convocado por los disidentes de la conducción kirchnerista en la localidad puntana de Potrero de los Funes. Los miembros del órgano de control judicial alejaron el fantasma del juicio político y decidieron aplicar una leve sanción al juez Juan Esteban Maqueda por su “grosero apartamiento de las normas vigentes”.
De cara al armado opositor para las elecciones presidenciales de octubre del año pasado, el 6 de julio de 2007 los ex presidentes Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Menem, Ramón Puerta y Jorge Sobisch habían convocado a un “Congreso Extraordinario del Partido Justicialista” en la localidad puntana de Potrero de los Funes. Y tomaron medidas como la convocatoria a internas, la caducidad de mandatos y un proceso de reafiliación. Hasta se fijó la sede del Consejo Nacional del PJ en San Luis.
Los tres ex presidente conformaron una nueva conducción que denominaron Comando Superior Peronista. Todas medidas de reacción al justicialismo kirchnerista que iba a consagrar la postulación de Cristina Kirchner como sucesora de su marido.
Los kirchneristas salieron entonces a denunciar que se trataba de una “maniobra política para tratar de instalar la candidatura de Rodríguez Saá en el orden nacional” y dijeron que, según la carta orgánica del PJ, el Congreso no había cumplido con los procedimientos para convertirlo en oficial.
El tironeo partidario se convirtió en batalla judicial cuando el juez federal de San Luis y ex funcionario del gobierno del Adolfo le disputó a la jueza María Servini de Cubría la jurisdicción electoral del Congreso puntano.
Si bien la Cámara Nacional Electoral después invalidó el encuentro, el kirchnerismo llevó el tema al Consejo de la Magistratura, donde denunció al juez Maqueda por “mal desempeño de sus funciones” por “arrogarse la competencia en la causa que debía determinar la personería del partido y avalar al Congreso, reconociendo apoderados, cambio de domicilio y reformas estatutarias efectuadas”.
Finalmente, en el plenario que se llevó a cabo ayer en el Consejo de la Magistratura se desestimó aquella denuncia pero se decidió sancionar a Maqueda por su “grosero apartamiento de las normas vigentes” y “falta en el cumplimiento de sus deberes” con una multa del treinta por ciento de los haberes de un mes, la sanción más severa que prevé la normativa vigente para faltas disciplinarias.
El magistrado puntano recibió ayer otro revés. La diputada nacional y miembro de la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo Diana Conti –del Frente para la Victoria– anunció que está preparando una presentación contra Maqueda por su intervención en otro expediente en el que se investiga el “presunto enriquecimiento ilícito” de Adolfo y de Alberto Rodríguez Saá.
Conti estimó que, en su condición de ex funcionario de los investigados, Maqueda debería haberse excusado de intervenir en la causa.
BONADÍO NO IRÁ A JUICIO POLÍTICO POR MONTONEROS
Después de cinco años de investigación, el Consejo de la Magistratura salvó al juez federal Claudio Bonadío de un posible juicio político. El magistrado había sido cuestionado por enviar a la cárcel a los ex dirigentes montoneros, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, y pedir la captura internacional de Mario Firmenich.
La denuncia en el Consejo de la Magistratura contra Bonadío había sido presentada exactamente cinco años atrás, el 21 de octubre de 2003, por los entonces miembros de ese organismo Eduardo Orio y Beinusz Szmukler.
El disparador fue el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones que, además de liberar a los ex miembros de la conducción nacional de Montoneros y ordenar la separación de Bonadío de la causa, había calificado el proceder del juez como “arbitrario y falto de sustento probatorio”.
En agosto de 2003 Bonadío detuvo a Vaca Narvaja y Perdía y ordenó la captura de Firmenich. En su polémica resolución –que para muchos consistió en una actualización de la “teoría de los dos demonios”– el juez consideró que los ex dirigentes habían “entregado” a los militantes que en 1980 regresaron al país para organizar la denominada “contraofensiva”. La acusación se basó en un documento secreto del Batallón 601 del Ejército, en el cual se explica la operación de captura de una veintena de montoneros. Según el juez, los datos de los cuales dispuso Inteligencia para elaborar ese dossier fueron aportados por un dirigente de la propia cúpula de Montoneros. Vaca Narvaja y Perdía terminaron tras las rejas durante 67 días.
En su resolución de ayer, el plenario del Consejo de la Magistratura consideró por amplia mayoría que “los fundamentos esgrimidos por el juez para ordenar la detención de los ex jefes montoneros resultan razonables y adecuados a derecho, conforme a los elementos probatorios reunidos a la causa” y por lo tanto, desestimó la denuncia contra Bonadío.
REESTATIZACIÓN DEL SISTEMA JUBILATORIO: LA BOLSA DE MADRID, OTRA VEZ AFECTADA
La Bolsa española volvió ayer a tener el peor comportamiento de los mercados europeos. Pero su caída fue mucho menos intensa (-2,05 por ciento) que en el descalabro del miércoles, cuando descendió un -8,16%, la segunda peor de su historia. Otra vez, el trasfondo fue la decisión del Gobierno argentino de reestatizar el sistema privado de pensiones, medida que disparó un clima de incertidumbre y desconfianza en los inversores.
Al feroz castigo del miércoles, le han seguido descensos menos acentuados en los cuatro principales valores del índice Ibex 35. El grupo Santander bajó un 4,78%; Repsol-YPF, -3,79%; BBVA, -3,96% y Telefónica -3.96%. Son empresas, las cuatro, con fuerte presencia en la Argentina y por tanto, resultaron las más afectadas por los ecos llegados de Buenos Aires.
La actividad en Wall Street, en cambio, permitió mejorar los niveles de cotización. La rueda comenzó a operar con todos los periódicos madrileños llevando en su portada el tema del "efecto tango" (ver En los diarios). Pero al mismo tiempo han surgido voces más prudentes que consideran que la situación ha estado dominada por emociones irracionales. "Castigo innecesario a la Bolsa", afirma la portada de El Economista con el fondo de una gran bandera argentina.
Por su parte Banesto Bolsa sostiene que la caída de la Bolsa "es exagerada y ofrece en nuestra opinión una oportunidad única de entrada, dado que la situación actual de la inversión española en el país sudamericano y las condiciones macroeconómicas no tienen nada que ver con la que era antes de la crisis que desembocó en la fuerte devaluación y el 'Corralito' de 2001-2002".
En esa línea, el periódico especializado "Cinco Días" afirma que "la reacción de la Bolsa española a la nacionalización de las pensiones en Argentina está siendo exagerada, según los expertos que consideran que la sangre no llegará al río. Además, ven difícil el contagio a países como Brasil y México con mayor seguridad jurídica y que se espera sigan aplicando políticas económicas ortodoxas y garantizando la seguridad de las inversiones".
Los analistas añaden que la situación macroeconómica Argentina -- aunque no exenta de problemas-- está mucho más saneada que en el período 2001-02. Aseguran que "aunque hay presiones inflacionistas de fondo no hay una fuerte sobrevaloración de la divisa, la deuda externa es muy inferior y la cuentas públicas están equilibradas".
LAS AFJP NO PODRÍAN PAGAR A LOS JUBILADOS
Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) le solicitaron ayer al juez Claudio Bonadío que les permita disponer de fondos del sistema para poder pagar a término los beneficios de 298.000 jubilados y pensionados que cobran bajo la modalidad del retiro programado. Esa forma de pago prevé la extracción mensual de recursos directamente del fondo capitalizado por los afiliados.
Gran parte de las presentaciones incluyó el pedido de liberar el uso de recursos propios de las administradoras: varias interpretaron que la medida cautelar dictada por el magistrado para inmovilizar los recursos se refiere no sólo a los ahorros de los afiliados, sino también al dinero propio, que las AFJP necesitan para mantenerse en funcionamiento.
El martes último, Bonadío dictó una medida cautelar que impide que las AFJP hagan operaciones "financieras, bursátiles, bancarias, comerciales" o de cualquier tipo. La inmovilización rige hasta el miércoles próximo, inclusive. La decisión pretendió evitar que, tras el anuncio del proyecto oficial que busca eliminar el sistema, las administradoras se desprendieran de activos masivamente y afectaran así las cotizaciones de bonos y acciones.
Pero la medida provocó, según varios directivos del sector consultados ayer, una paralización de las actividades que normalmente cumplen las firmas del sector, incluyendo en muchos casos el pago a proveedores o la liquidación de impuestos y salarios. Incluso la AFJP estatal, Nación, hizo ayer una presentación al juez Bonadío, para pedirle que le deje hacer sus gastos habituales.
Los voceros del sector advirtieron que en estos días del mes comienzan a realizarse las liquidaciones para el pago de las prestaciones a los beneficiarios del sistema. Según datos de la Superintendencia de AFJP, el régimen tiene 445.500 jubilados y pensionados. Entre ellos, los 147.500 que perciben su ingreso a través de una renta vitalicia previsional no están afectados por la inmovilización de fondos, ya que la medida cautelar no alcanza a las compañías de seguros de retiro que gestionan esos contratos.
IMPULSA EL FMI PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO Y POCAS EXIGENCIAS
El Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza la puesta en marcha de un paquete de préstamos con bajas exigencias y de corto plazo para países con políticas económicas sólidas que enfrenten problemas de acceso al crédito por la aguda crisis financiera global.
"El FMI posee recursos considerables disponibles para prestar, que puede poner a disposición rápidamente de ser necesario", señaló ayer el organismo multilateral, en un comunicado reproducido por la agencia de noticias Reuters.
Pero el organismo crediticio relativizó la especulación en los mercados de que esté planeando un paquete de rescate de 1 billón de dólares para los mercados emergentes.
"Los préstamos del FMI tienen un efecto catalizador al generar otro financiamiento de fuentes privadas y públicas. Sin embargo, no reconocemos la cifra de 1 billón de dólares", agregó el comunicado. El programa estaría disponible para un grupo de naciones emergentes importantes que tuvieran economías bien administradas, pero que estuvieran experimentando problemas para acceder al crédito, según indicaron funcionarios familiarizados con el plan.
Los funcionarios negaron que se hubiera discutido una cifra específica para esta línea que empuja con fuerza el director gerente del Fondo, Dominique Strauss-Kahn. Si se pone en marcha, el paquete "ayudará a compensar por el desapalancamiento de las fuentes tradicionales de financiamiento externo", según un funcionario citado por Reuters, que admitió que "el objetivo es tener esto armado rápidamente, porque la necesidad es ahora".
TERCER RECLAMO DE LA UIA EN UNA SEMANA: PIDE UN DÓLAR MÁS ALTO
Con más contundencia que en otras oportunidades, la Unión Industrial Argentina (UIA) salió ayer a reclamar que se mejore el tipo de cambio. Y anticipó que si no se toman medidas para paliar la crisis, la actividad, las exportaciones y el empleo se verán afectados.
La entidad sacó ayer su tercer comunicado de esta semana, focalizado en el tipo de cambio. Allí, señaló que "la depreciación de las principales monedas frente al dólar está afectando notoriamente la competitividad de nuestro país".
La UIA hizo cuentas y determinó que, por la crisis internacional, "el real se ha depreciado cerca de 51%, el peso chileno 51%, el mejicano 36,7% y el euro en casi 25%". Esta vez, la entidad fue más allá de la habitual referencia al atraso cambiario y lo vinculó directamente con la economía real. Y advirtió que de no mediar "un conjunto de acciones, las consecuencias futuras serán profundas no sólo para el nivel actividad sino fundamentalmente para las exportaciones y el nivel de empleo".
La UIA había preparado el terreno para este pronunciamiento con un comunicado también difundido esta semana donde se brindaba un panorama crítico de la situación de la producción. Allí metalúrgicos, textiles, alimenticias y varias producciones regionales daban cuenta de la caída de la demanda y de la avanzada de las importaciones favorecidas por el tipo de cambio. En el de ayer se reiteró que el actual escenario ya está impactando sobre la realidad industrial.
Aunque en las reuniones internas de la entidad se habla abiertamente de la necesidad de devaluar y hasta se arriesgan valores para el nuevo valor del dólar --que para algunos industriales debería ubicarse entre 3,50 y 4 pesos-- en público los directivos intentan ser más cautos. Así intentan evitar la confrontación directa con el Gobierno.
Ayer, tras la difusión del comunicado, el titular de la entidad, Juan Carlos Lascurain, dijo que "no se está hablando particularmente de devaluación. Estamos pidiendo que se tomen medidas. La mejora del tipo de cambio puede venir por varios lados, se pueden ajustar los derechos de importación, por ejemplo".
Según trascendió, el texto del comunicado busca consensuar las diferentes posturas dentro de la entidad y reflejar con mayor énfasis la postura de las pymes y a las fábricas del interior, que quieren hacer reclamos de mayor dureza frente al Gobierno. El miércoles, la UIA había emitido otro comunicado en referencia a las AFJPs, donde pedía por la seguridad jurídica y el respeto de la propiedad privada. Pero no llegaba a cuestionar la medida. Tan solo mencionaba que "la estabilidad de las reglas de juego es condición esencial para el desarrollo económico con inversión, crecimiento y justicia social".
LA LEGISLATURA PORTEÑA LE DIO "SUPERPODERES" A MACRI
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó ayer la ley que faculta a Mauricio Macri a reasignar una partida del presupuesto y así aplicar un aumento salarial que atienda los reclamos de los docentes porteños. Esto, si bien puede ayudar a resolver el conflicto, no lo cierra, ya que la decisión final queda en manos del Jefe de Gobierno, que tiene hasta 10 días para determinar si aprueba o veta la ley.
Luego de casi cuatro horas de exposiciones y debate en una sesión especial sobre tablas, los legisladores porteños aprobaron por 29 votos a favor (de toda la oposición) y 27 abstenciones (el bloque del PRO íntegro) la ley que permite al poder ejecutivo destinar unos $140 millones. Según los docentes, ése es el dinero necesario para cumplir con la exigencia del gremio, que desde hace tres meses reclama una suba del 20% (en marzo recibieron el 24%). Así, el sueldo mínimo de bolsillo de un maestro que recién empieza subiría de $1.290 a $1.550. Claro que eso dependerá de la decisión de Macri, quien en todo este tiempo e incluso ayer remarcó que "no hay plata" para aplicar el incremento y que hasta ahora se mostró reacio a utilizar esta herramienta que ayer le otorgó la Legislatura.
Precisamente esa fue la estrategia del oficialismo durante la sesión. Por un lado, demostrar la falta de recursos. "Encontrar partidas subejecutadas no significa que ese dinero no esté comprometido en otros menesteres", explicó el presidente del bloque PRO, Oscar Moscarie
