Un frente de 140 sindicatos se plantó ante el Gobierno y exige llevar el salario mínimo a $2,8 millones
El Frente de Sindicatos Unidos presentó un minucioso informe donde desglosa el costo real de la vida en Argentina. La alarmante brecha con el sueldo actual y el impacto en el sector público y privado.
La pulseada por los ingresos en Argentina sumó un capítulo de extrema tensión matemática. Un conglomerado de más de 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras del país acaba de trazar una radiografía alarmante sobre el poder adquisitivo actual. Según los equipos técnicos de estas entidades, la devaluación y la escalada inflacionaria provocaron un escenario de asfixia que obligó a gran parte de la población trabajadora a recurrir al crédito financiero para cubrir gastos básicos.
Bajo este diagnóstico, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) formalizó el reclamo de llevar el Salario Mínimo, Vital y Móvil a la cifra de $2.879.877. El requerimiento no es menor: representa multiplicar por ocho el piso salarial vigente hoy en el país, al cual los dirigentes calificaron como el más bajo de toda la historia argentina en términos de capacidad real de compra.
El tercer informe mensual de la entidad fue presentado en la provincia de Mendoza, en el marco de un encuentro de abogados laboralistas. Allí, referentes de la conducción nacional como Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Aceiteros), Matías Fachal (Judiciales) y Francisca Staiti (Conadu Histórica) le pusieron números globales a la gestión de Javier Milei. Denunciaron que el conjunto de los asalariados argentinos sufrió una pérdida acumulada de $62 billones en sus ingresos mensuales disponibles.
La segmentación del impacto económico expone una brecha notoria entre las diferentes órbitas laborales. De acuerdo al documento, el personal perteneciente al sector privado resignó una media de $2.321.245 por cápita en lo que va del período. La situación se vuelve considerablemente más aguda en la administración pública, donde la caída real promedio trepó hasta los $12.788.939 por cada agente estatal debido al congelamiento de vacantes y las pautas de ajuste oficial.
Para justificar técnicamente el nuevo monto de $2,8 millones solicitado para el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el frente gremial se respaldó de forma estricta en las nueve garantías fundamentales contempladas por la Constitución Nacional. La estimación se construyó sumando los valores de mercado de prestaciones básicas que el Estado debería garantizar a cualquier grupo familiar en el territorio nacional.
Dentro de este presupuesto constitucional, los rubros de mayor peso relativo corresponden al esparcimiento, transporte y vacaciones con un costo estimado de $597.209, seguido muy de cerca por una alimentación adecuada tasada en $648.271 y el acceso a una vivienda digna calculado en $568.227. El esquema se completa con partidas destinadas a salud ($349.332), previsión social ($316.786), educación ($252.457) y vestimenta ($147.595), configurando una canasta que dista radicalmente de la realidad macroeconómica que convalida el Poder Ejecutivo.