Le quitaron la licencia a la mujer que atropelló y mató a Ramón Olivera en el corredor Bancalari

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de Yesica Loreley Quevedo, la mujer que atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera, de 49 años, en el corredor Bancalari, en el partido de Tigre.

El siniestro vial ocurrió el 28 de diciembre, a la altura de los barrios privados Santa Bárbara y Santa Barbarita, en la localidad de Los Troncos. Según las actuaciones, la conductora circulaba a bordo de un Jeep Renegade cuando embistió al peatón, que caminaba por la misma arteria y en el mismo sentido de circulación, sobre la cinta asfáltica y junto al cordón.

Como consecuencia del impacto, Olivera murió en el lugar. Posteriormente, a la conductora se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,63 gramos de alcohol en sangre.

Tras el hecho, intervino la UFI de Benavídez, que dispuso la aprehensión de la mujer y la realización de las pericias correspondientes. En paralelo, el Ministerio de Transporte bonaerense avanzó con la inhabilitación preventiva de la licencia, una medida administrativa prevista para casos de extrema gravedad vinculados a la conducción bajo los efectos del alcohol.

Desde la cartera provincial que conduce Martín Marinucci, remarcaron la política de tolerancia cero al alcohol al volante y recordaron la obligación de respetar las normas de tránsito, mantener la documentación reglamentaria, contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, usar cinturón de seguridad y evitar el uso del celular mientras se conduce.

Homicidio culposo y ausencia de fuga: las razones para excarcelar a la acusada

Yesica Loreley Quevedo, imputada por el siniestro vial fatal ocurrido en el corredor Bancalari fue excarcelada en el marco de la causa judicial. La decisión se apoya en criterios legales concretos y no implica el cierre de la investigación.

En primer lugar, el delito que se le imputa es homicidio culposo, una figura penal que habilita la excarcelación, ya que no contempla la intención de causar la muerte.

Además, la acusada no se fugó tras el hecho, permaneció a disposición de la Justicia y no entorpeció la investigación, un punto clave evaluado al momento de resolver su situación procesal.

La causa continúa en pleno proceso, con medidas de prueba en curso. Entre ellas, se analiza el contenido del teléfono celular de la imputada, que forma parte de las pericias ordenadas.

La resolución judicial estableció que la excarcelación se otorgue bajo condiciones, entre ellas el pago de una fianza de 3 millones de pesos, la prohibición de conducir en todo el país y la obligación de presentarse una vez por mes en el juzgado mientras avanza la causa.