Entre los proyectos enviados a tratamiento legislativo figuran el otorgamiento de validez probatoria a los videos de monitoreos y la grabación de llamadas al 911, el decomiso y la destrucción de armas secuestradas en causas con sentencia y la subasta judicial electrónica que permita el pago de señas, comisiones y precios mediante transferencias bancarias para evitar el traslado personal del dinero.
También se propicia la creación de 156 cargos de jueces, fiscales y defensores para las cabeceras departamentales y de la justicia descentralizada.
En tanto, Casal convocó para el jueves próximo al Consejo Provincial de Seguridad, del que participan funcionarios provinciales, legisladores de los distintos bloques de ambas cámaras y representantes de intendentes de todo el territorio.
El Consejo es una instancia de consulta, propuesta y contralor de carácter permanente que además tiene como objetivo promover el abordaje intersectorial y multidisciplinario de los problemas de seguridad "desde una concepción amplia e integral".
En este órgano de consulta también están representadas organizaciones no gubernamentales, sindicales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agencias privadas de seguridad.
Su finalidad, se recordó, es "profundizar el estudio de la situación de inseguridad entendida de forma interdisciplinaria y proponer acciones tendientes a disminuirla".
