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No hubo definición en las paritarias de estatales bonaerenses

El gobierno bonaerense y los gremios de trabajadores públicos de la provincia no lograron un acuerdo salarial en la última reunión de paritarias por lo que los dirigentes de UPCN decidieron retirarse de la negociación y los de ATE ratificaron el paro anunciado para fin de mes.
En cambio, durante el encuentro realizado ayer ambas partes avanzaron en el pedido sindical de pase a planta permanente de trabajadores públicos y al llamado a concurso para la cobertura de cargos jerárquicos.

Las ofertas del gobierno no alcanzaron para desactivar el conflicto, fundamentalmente porque clausuró el tratamiento de los temas que los sindicatos plantearon como de mayor urgencia, dijeron fuentes gremiales.

Estos eran el pedido de aumento salarial antes de que termine el año, el blanqueo de sumas irregulares que componen el sueldo, la eliminación del tope para el cobro de asignaciones familiares y el nombramiento de personal en áreas consideradas críticas.

Ante esto, los representantes del gremio UPCN se retiraron de la paritaria y ATE ratificó para los últimos días de noviembre una nueva huelga con movilización. El secretario gremial de UPCN, Sergio Sarragoicochea, quien estuvo entre los dirigentes que abandonaron la negociación, dijo que se sintieron "manoseados".

"No hay voluntad del Ejecutivo de resolver los problemas que venimos planteando", estimó.

En tanto, Oscar de Isasi, titular de ATE, señaló "hubo un avance pero fue insuficiente, la mayoría de los temas urgentes ni se tocaron", por lo que ratificó la huelga para finales de noviembre, cuya fecha será definida el lunes.

Por su parte, el gobierno hizo trascender que durante el encuentro el Ministerio de Trabajo provincial anunció a los gremios que continuará pasando a planta permanente a más trabajadores, antes de que concluya el año.

Asimismo, dijo el gobierno a los gremios, en 30 días comenzará a funcionar una mesa técnica para analizar la posible puesta en marcha del "órgano imparcial" para abordar conflictos del sector público, previsto en la Constitución provincial desde hace 17 años pero que aún no entró en vigencia.

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