Al respecto, el economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Manuel Solanet, expresó a DyN que "la emergencia tuvo sentido en 2001 y 2002 en medio de la crisis pero en los últimos años ha dejado de tener necesidad".
Solanet dijo que la ley "es una puerta abierta para atribuirle al Ejecutivo funciones que deberían estar en manos Congreso".
El economista consideró que el proyecto va en contra de la intención del gobierno de retornar a los mercados de crédito voluntario.
"Eso, por supuesto, es interpretado como una debilidad institucional y no contribuye a mejorar la imagen del país", dijo Solanet, quien consideró que en el gobierno tiene "pruritos ideológicos" a la hora de entablar relaciones con el FMI.
Por medio de esa iniciativa, el Poder Ejecutivo solicita al Congreso que le delegue facultades para negociar contratos con empresas privatizadas y modificar las tarifas, entre otras cuestiones.
Aprobada en 2002 durante el período de Eduardo Duhalde al frente del Ejecutivo, como herramienta para enfrentar la crisis, la norma fue prorrogada todos los años, luego durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Como el oficialismo cuenta con el número suficiente en Comisión para aprobar en dictamen, se espera que luego pase rápidamente al tratamiento en el recinto siete días después. En diputados, el Frente para la Victoria defendió el proyecto con el argumento de que si bien en los últimos seis años hubo una fuerte recuperación de la economía "no todo está resuelto".
En cambio, para el jefe del bloque se senadores de la UCR, Ernesto Sanz, la iniciativa del gobierno es como si "pretendieran cerrar el Congreso" por lo que queda de mandato de Cristina Fernández.
