La iniciativa busca la resolución de los problemas intercarcelarios individuales o grupales con el protagonismo de los propios actores y el asesoramiento del Estado "a través de mecanismos horizontales y no punitivos".
El decreto señala en sus fundamentos que "la convivencia de miles de personas en contextos de encierro en la Provincia genera de ordinario episodios de violencia extrema, que muchas veces son la consecuencia directa de la forma de dirimir diferencias entre los internos, o entre ellos y el personal penitenciario".
"Disputas por la asignación y la legitimación de roles que se saldan de ordinario imponiendo una visión unilateral que responde en muchos casos a la relación de fuerzas interna y la violencia", se subraya. Para la implementación del sistema de mediación el decreto reconoce que será necesario capacitar a los internos y al personal penitenciario "para reformular las lógicas disuasivas de solución de problemas".
En consecuencia, cada unidad penitenciaria deberá contar con un gabinete técnico científico multidisciplinario, integrado por profesionales y técnicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, que será el encargado de evaluar y seleccionar a los internos que actuarán como mediadores.
"El mediador será siempre un interno elegido por el mutuo consentimiento de las partes y desempeñará el rol de simple comunicador situando correctamente la cuestión objeto del conflicto, pero sin ejercer como árbitro ni juez, ya que no es él quien resuelve en definitiva, sino que lo hacen las partes implicadas", explica la normativa.
Finalmente se señala que "la mediación será informal, flexible y voluntaria, prescindirá de ritualismos y no estará sometida a reglas legales rígidas; será voluntario porque quienes se presten a participar lo harán por su propia y libre decisión y retirarse de la mediación cuando deseen o crean conveniente".
