Ciudad: Jorge Macri envió a la Legislatura el nuevo Código Contravencional con multas de hasta $58 millones

La Ciudad de Buenos Aires busca endurecer el régimen de sanciones por contravenciones. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió a la Legislatura porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional que eleva multas y días de arresto, incorpora nuevas faltas y establece penas más severas para quienes reincidan.

Entre las modificaciones propuestas aparecen multas de más de $7 millones por conducir alcoholizado, sanciones de hasta $58 millones para actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público y hasta 90 días de arresto para trapitos que reincidan. El proyecto también incorpora faltas vinculadas con el acoso callejero, las estafas digitales, la comercialización de datos personales y elementos destinados a provocar disturbios.

El texto enviado por Jorge Macri modifica el Código Contravencional, establecido por la Ley 1.472, y la Ley de Procedimiento Contravencional, Ley 12. La iniciativa también adapta el régimen para adolescentes de entre 14 y 17 años a la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil que, según el proyecto, entró en vigencia el mes pasado.

“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad”, sostuvo Jorge Macri.

El jefe de Gobierno agregó: “No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Con este nuevo Código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos”.

Las nuevas contravenciones que incorpora el proyecto

La reforma suma conductas que actualmente no están contempladas en el Código. Entre ellas figuran el seguimiento o acecho en la vía pública, la obtención de credenciales —como claves, códigos o tokens— mediante engaños digitales y la comercialización de datos personales.

También se incorpora la organización de compraventa informal masiva en el espacio público, la portación de dispositivos destinados a interferir señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público.

El proyecto amplía además las sanciones accesorias para situaciones vinculadas con eventos masivos, incluidos partidos de fútbol y recitales, así como en materia de tránsito, apuestas y protección animal.

Multas más altas y más días de arresto

Uno de los principales cambios está en el aumento de las sanciones económicas y de los días de arresto.

Por ruidos molestos, como la música a volumen elevado en espacios comunes de edificios, las tareas de utilidad pública pasarían de un rango actual de 1 a 5 días a entre 3 y 15. Las multas subirían de un máximo de 100 UF, equivalentes a $117.308, a 600 UF, unos $703.848. Además, se incorporaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto. El valor de la UF utilizado en el proyecto es de $1.173,08.

En el caso de conducir alcoholizado, la sanción propuesta pasaría de entre 300 y 2.000 UF —unos $350.000 a $2.350.000— a entre 1.000 y 6.000 UF, más de $7 millones. También aumentaría el arresto, de 1 a 10 días actualmente a entre 5 y 30 días, mientras que la inhabilitación para conducir pasaría de un período de entre 4 meses y 2 años a entre 6 meses y 4 años.

Para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, como la venta de manteros, las multas podrían alcanzar las 50.000 UF, equivalentes a $58.654.000. El máximo vigente es inferior a $15 millones.

La reforma también establece sanciones para quienes suplanten la identidad de agentes de autoridad en espacios públicos mediante credenciales falsas, financien contravenciones reiteradas o agrupaciones contravensoras, porten o distribuyan materiales aptos para disturbios o interfieran con sistemas de videovigilancia pública.

En este último caso, las multas podrían llegar a $4.692.320 o a 30 días de arresto. Además, se establece como sanción accesoria obligatoria la reparación del dispositivo afectado. Para quienes porten o distribuyan materiales aptos para provocar disturbios, las sanciones podrían alcanzar $9.384.640 o 45 días de arresto, junto con el decomiso de los elementos utilizados.

El nuevo esquema para los reincidentes

El proyecto modifica también el tratamiento de la reincidencia. Ya no se consideraría necesario que una persona cometa exactamente la misma contravención para ser considerada reincidente: alcanzaría con que tenga el hábito de cometer faltas similares en el espacio público.

Para aplicar este criterio, se crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.

Las sanciones aumentarían un 50% ante la primera reincidencia, un 66,6% ante la segunda y se duplicarían en la tercera. Además, quienes sean reincidentes no podrían cumplir arresto domiciliario, salvo excepciones fundadas.

El proyecto contempla agravantes específicos. En el caso de los trapitos que extorsionan a automovilistas para estacionar en la vía pública, por ejemplo, el arresto podría alcanzar los 90 días en caso de reincidencia, frente a los 60 días previstos como máximo en la sanción señalada para ese supuesto.

Cambios en el régimen para adolescentes

La reforma plantea además un cambio en el tratamiento de adolescentes de 14 a 17 años. Actualmente, como regla general, los menores de 18 años no son punibles contravencionalmente, con las excepciones vinculadas al tránsito.

El proyecto establece la imputabilidad desde los 14 años, aunque bajo un régimen diferente al de los adultos. Los adolescentes no podrán ser detenidos y deberán contar con defensa especializada.

Las medidas estarán orientadas a la responsabilidad, la educación, la integración social y el interés del adolescente. Entre las alternativas previstas aparecen la amonestación formal en audiencia, el acompañamiento periódico de equipos interdisciplinarios, la participación en programas educativos y medidas destinadas a sostener o completar la escolaridad obligatoria.

También se contemplan capacitación laboral para quienes hayan terminado el secundario, reparación del daño cuando sea posible y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las aptitudes del adolescente, siempre que no afecten su escolaridad o trabajo.

En cuanto a las alternativas al proceso, la reforma elimina la condena en suspenso y, para los adultos, excluye la suspensión del proceso a prueba. El plazo general de prescripción de la acción se mantiene en dos años. Para los adolescentes, en cambio, continúa la probation, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta, la reparación del daño y la continuidad escolar.